La creación de la nueva Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, ha generado indignación, ya que para su puesta en marcha el gobierno decidió despedir y reducir salarios a trabajadoras del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), instituciones que serán absorbidas por esta nueva dependencia.
Más de cien servidoras públicas enfrentaron un duro ultimátum: aceptar su liquidación o continuar laborando en nuevas plazas con un salario menor y sin conservar su antigüedad. De las 251 trabajadoras de Inmujeres, 151 optaron por terminar su relación laboral, mientras que empleadas de Conavim denunciaron que ya fueron obligadas a presentar su renuncia.
Esta reestructuración ha dejado un panorama incierto para quienes sostenían las operaciones de estas instituciones. Además, organizaciones sociales han expresado su preocupación por las consecuencias de la reforma, argumentando que, en lugar de fortalecer la lucha por la igualdad de género, está precarizando a las mujeres que trabajan en el sector público y poniendo en riesgo la continuidad de políticas clave en materia de derechos y prevención de violencia.
Información obtenida de Animal Político.
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