Presiones institucionales intentan desacreditar a mi clienta y la integración de la carpeta de investigación no avanza, denuncia
Al informar que acudió al Centro de Justicia para las Mujeres para cumplir un requerimiento ministerial relacionado con la carpeta de investigación, por presuntos delitos cometidos contra la fundadora y representante del colectivo Ley Sabina, quien fue privada ilegalmente de su libertad y víctima de otros actos ilícitos, como amenazas, el abogado Miguel Carrillo denunció que hay una terrible hipocresía de las autoridades estatales encabezadas por la gobernadora Layda Sansores, quien, al igual que la jefa de Seguridad, la guanajuatense Marcela Muñoz, y la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, así como otros funcionarios, afirmaron que la protección a la mujer es prioridad tras los hechos del ocho de marzo y actuaron con celeridad, pero en medio de dudas contra presuntas personas responsables, mientras que en el caso de su representada no han actuado con la misma rapidez ni empeño.
Al exigir que se aplique la ley con el mismo rigor tanto a ciudadanos como a funcionarios, precisó que desde el pasado cinco de febrero entregaron datos de prueba y solicitudes de actos de investigación, sin que hasta ahora exista una respuesta favorable del Ministerio Público, lo que consideró como un intento de retrasar o entorpecer la integración de la carpeta.
Ahora dará seguimiento puntual y continuará presionando para que la carpeta sea integrada correctamente y haya sanciones contra los presuntos responsables, entre ellos elementos policiales o cualquier servidor público involucrado.
El representante legal también denunció que su clienta ha enfrentado presiones posteriores a la denuncia, tanto institucionales como desde otros colectivos y medios al parecer relacionados con el Gobierno estatal, para tratar de desacreditarla, y reveló que esos señalamientos y ataques han tenido repercusiones en su estado de salud, el cual describió como delicado.
Miguel Carrillo señaló incluso que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos presionó para inhibir la denuncia, y luego cedió la palabra a su representada, quien exigió al fiscal Jackson Villacís cumplir su palabra de que habrá transparencia y justicia en su caso.
Más historias
PT CONFIRMA QUE GERARDO SÁNCHEZ SANSORES ERA FUNCIONARIO DEL GOBIERNO ESTATAL Y QUE YA RENUNCIÓ
CON LETREROS PEGADOS AL CUERPO, MAESTRO DENUNCIA QUE EN EL ISSSTE NO HAY MEDICINAS
SEÑALAMIENTOS SOBRE NEXOS CON EL CRIMEN Y CORRUPCIÓN CONTRA PABLO LO INHABILITARÍAN: CIRO