Niega contralora María Enríquez abundar en detalles, pues se trata de “información reservada”
Al confirmar que investigan la denuncia en contra del secretario de Educación (Seduc), Raúl Aarón Pozos Lanz; el jefe de la Oficina de la Gobernadora, Armando Constantino Toledo Jamit y la senadora Rocío Abreu Artiñano, por el video donde aparecen recibiendo fajos de dinero en efectivo en Palacio de Gobierno, la secretaria de la Contraloría (Secont), María Eugenia Enríquez Reyes, reveló que valoran otras 36 observaciones por irregularidades en la obra ‘Ciudad Administrativa’, para denunciar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (Feccecam).
Durante su comparecencia ante diputados, el mocista Jesús Aguilar Díaz le reclamó que, a seis meses de haber presentado la denuncia, no ha recibido respuesta, y que no se le dé importancia, cuando se trata de recursos públicos y la ciudadanía exige castigo, a lo que la funcionaria aseguró que investigan, pero la información en cuanto al estatus del expediente está clasificado como reservado, y ‘nosotros no podemos dar mayores detalles’.
El fiscal general del Estado (Fgecam), Renato Sales Heredia, ya solicitó a Televisa el video original para analizar la temporalidad, pero justificó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas sanciona a servidores públicos, por lo que ‘en la medida que vayamos acreditando este requisito legal, se podrá emitir y continuar con la investigación’.
Las dependencias auditadas con observaciones del periodo de julio 2022 a junio 2023, explicó, fueron la Secretaría de Turismo (Sectur), Colegio de Bachilleres (Cobacam), Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatcam), Colegio de Estudios, Científicos y Tecnológicos (Cecytec), Sistema Anticorrupción, Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y Comisión Local de Búsqueda de Personas, con montos de tres millones en Cobacam y hasta 11 millones en Icatcam.
A la Sectur le observaron cinco millones 896 mil 492 pesos, por adquisiciones que fueron pagadas pero no encontradas, faltante de documentación comprobatoria, faltante de evidencia y adquisiciones de bienes y servicios que fueron fraccionados.
Hay 117 investigaciones administrativas derivadas de estas auditorías, precisó. No todas las investigaciones van a recaer en denuncias penales, porque muchas de ellas no ocasionan un detrimento al Estado o una afectación al patrimonio, a veces son omisiones del servidor público, que el propio lineamiento dice que deben hacer y no hacen.
De la actual Administración sancionaron a 161 servidores públicos por declaración patrimonial, y tres por entrega-recepción, mientras que de la anterior sólo fueron siete sancionados por entrega-recepción y ocho por otro tipo de observaciones, al porfiar que ‘no estamos haciendo distinción entre sancionar a servidores públicos de esta Administración o de otras’.
Enríquez Reyes señaló que continúan con la revisión de los recursos estatales ejercidos en la obra ‘Ciudad Administrativa’ en 2021, donde se analizaron 69 contratos que originaron 22 cédulas de observación y 94 observaciones, y ya notificaron 20 cédulas de observación por 86 observaciones. Además determinaron 42 observaciones que no fueron solventadas y se ha iniciado igual número de expedientes administrativos, y están en trámite por solventar 44 observaciones y todavía están por notificar dos cédulas más.
El año pasado, aseguró, presentaron 25 denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción, y estamos valorando 36 observaciones que darán origen a otro tanto para presentar las denuncias.
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