Tribuna Campeche

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Siete de cada 10 animales de compañía son maltratados: IBD

En 31 entidades del país es considerado como un delito

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Aunque en 31 entidades del país el maltrato animal es considerado como un delito que se sanciona con penas de prisión y multas de diversos montos, se estima que solo se castiga el 0.01 por ciento de los casos, según una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
El estudio titulado “El maltrato animal y sus sanciones en México” advierte que el problema del maltrato animal es mucho más grande de lo que se puede ver en los videos difundidos a través de las redes sociales, pues se calcula que siete de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.
La investigación, elaborado por César Alejandro Giles Navarro, señala que, aunque la legislación mexicana no reconoce derechos a los animales, existe un marco jurídico que los protege y que parte del derecho al medio ambiente sano reconocido en el artículo 5 constitucional.
Explica que las leyes federales utilizan los conceptos de “bienestar animal” y “trato digno y respetuoso a los animales”, mientras que algunas constituciones locales reconocen a los animales como “seres sintientes” para promover un trato respetuoso hacia ellos.
El documento aclara que actualmente Chiapas es el único Estado del país en el que el maltrato animal no se considera como delito; sin embargo, el Congreso local ya analiza una reforma para incorporar esta conducta en su Código Penal.
Por otro lado, el estudio revela que 27 de las 32 entidades tienen leyes de protección o bienestar animal que establecen disposiciones para garantizar el trato digno a los animales.
“El problema es que estas leyes no siempre se cumplen, debido a cuestiones como la ausencia de denuncias, la falta de capacitación y de recursos de las instituciones encargadas de procurar el bienestar animal, así como la dispersión de atribuciones entre los niveles de Gobierno”, subraya.
Ante este escenario, la investigación apunta la necesidad de revisar las políticas públicas, los presupuestos y, en general, el compromiso y la efectividad de las instituciones para prevenir y atender el maltrato de los animales.

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