Tribuna Campeche

Diario Independiente

Vinculan a proceso a presidenta de Carrillo

La obligan a separarse del cargo, además de pagar 100 mp de garantía

Griselda “P” fue separada de su cargo como presidenta de la Junta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, Champotón, por el juez de Control que la vinculó a proceso ante el supuesto daño al erario municipal, por la venta de agua potable al Grupo Carso, encargado de la obra del Tren Maya en ese tramo.
El juzgador le impuso el pago de 100 mil pesos, además de no salir del Estado, no acercarse a las oficinas de la Junta Municipal ni a testigos, y firmar periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).
Griselda “P” fue vinculada a proceso por abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, durante la continuación de la audiencia inicial que se llevó a cabo este sábado, y que concluyó a las 13:00 horas.
De acuerdo a la carpeta de investigación 471/22-2023, es la primera ocasión en Campeche que una autoridad electa es separada de su cargo ante investigaciones por supuestos actos de corrupción.
El juez de Control ordenó informar de la separación del cargo al Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), así como al Cabildo del Ayuntamiento de Champotón.
Griselda fue detenida mediante orden de aprehensión el lunes 14 de agosto, cuando salía de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam), a donde acudió a denunciar los daños a su vivienda que fue quemada el sábado 12 del mismo mes.
La edil ha sido objeto de amenazas, agresiones físicas y hostigamiento, incluso desde la Comuna morenista de Champotón, tras impedir, junto con pobladores, el paso de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.
La mandataria acudía al tramo de construcción del Tren Maya que iba a ser inspeccionado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Desde hace tres meses fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) ante la venta de agua potable al Grupo Carso, que presuntamente depositó 160 mil pesos en cuentas particulares, proceso que ahora enfrenta.

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