Apicam adjudica contrato irregular

La Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) otorgó un contrato por más de 23 millones de pesos por servicios de vigilancia y limpieza a la empresa Guard & Clean S.A. de C.V., cuya representante legal, Georgina Hernández Hernández, es también administradora de la empresa Livpro, propiedad de Ricardo Iván Castillo Domínguez, director de ProCampeche, en el actual Gobierno de Layda Elena Sansores San Román.

De acuerdo con documentos oficiales, se pudo probar que la empresa beneficiada no acreditó los años de antigüedad para prestar el servicio, su domicilio fiscal no registra la misma razón social, y el fallo está amparado con acta de emisión de notificación de fallo mañosamente fechada el 29 de enero de 2021, cuando el titular de la dependencia, Agapito Ceballos Fuentes, aún no tomaba posesión del cargo.

Información obtenida por TRIBUNA indica que el pasado 31 de diciembre dieron el fallo de la licitación pública estatal No. Apicam-Vigilancia-Limpieza/016/2021, para la “prestación de servicios de seguridad y vigilancia para las diversas instalaciones de la Apicam y para servicios de limpieza integral de playa del balneario denominado Playa Bonita, también de la Apicam. El plazo para la prestación de los servicios será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En la base cuarta de la licitación se pide el currículum original del licitante, en el cual exprese su experiencia en la prestación de los servicios de vigilancia y limpieza, señalando sus principales clientes, con domicilio y teléfono, así como puntualizando las contrataciones en que ha participado con anterioridad, debiendo acompañar y presentar copias de contratos anuales que acrediten una experiencia de cinco años. Asimismo, los contratados (sic) deberán estar acompañados de la carta que acredite que los servicios prestados esos cinco años se concluyeron de manera satisfactoria.

El acta de emisión y notificación del fallo de la citada licitación pública estatal señala que “En la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 16 horas del día 29 de enero de 2021 (es decir, el año pasado, cuando aún no era gobernadora Layda Elena Sansores San Román ni Agapito Ceballos Fuentes era titular de la Apicam) se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de la Apicam, con el objetivo de realizar el acto de fallo de la licitación pública No. Apicam-Vigilancia-Limpieza/016/2021relativa a la prestación de servicios de vigilancia y limpieza para diversas instalaciones de la Apicam”.

En el inciso cuarto del fallo se señala que “Con fundamento a lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, 30 fracciones V y VI de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, en relación con lo dispuesto en el numeral 19 de las bases de esta licitación, esta convocante se procede a adjudicar la propuesta presentada por el licitante Guard & Clean, S.A. de C.V. para la totalidad de las partidas de la licitación por cumplir en costo y servicios presentados, además de proponer valores agregados en beneficio de la Apicam”.

Se informó que Guard & Clean fue representado legalmente en la licitación por Georgina Hernández Hernández, quien también aparece como representante de la empresa Livpro, ambas con el mismo domicilio fiscal en la calle “Dr. Manuel Gantús Castro”, del barrio de Santa Ana. Livpro es propiedad de Castillo Domínguez y de Daniel Barreda Pavón.

Se averiguó que Guard & Clean, S.A. de C.V. con RFC: GAC210513M46 fue creada apenas en mayo de 2021, por lo que no cumplió con una de las bases de la licitación, que pedía que tuviera cinco años mínimo de antigüedad y experiencia. Asimismo, el acta del fallo emitida por el actual Gobierno (pues tiene su logo oficial) tiene fecha en la que aún no se creaba la citada empresa ganadora.

En las oficinas de grupo Livpro se informó que el verdadero dueño es un servidor público de la 4T, lo que agravaría la situación irregular de la adjudicación del contrato, pues se estaría beneficiando a funcionarios del Gobierno a través de prestanombres.