Con el voto de la mayoría morenista y sus aliados, el Congreso aprobó ayer la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, que contempla gastos por 25 mil 773 millones 631 mil 741 pesos, sin modificaciones planteadas para destinar más recursos a desarrollo económico y gasto social, ni se atendieron las solicitudes de la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Lirio Suárez Améndola, de incrementar los montos que le asignaron.
Así, el presupuesto plantea un gasto programable por 19 mil 979 millones 432 mil 266 pesos, de los que se canalizarán a Gobierno Honesto y Transparente, dos mil 595 millones 69 mil 461 pesos; Paz y Seguridad Ciudadana, mil 986 millones 450 mil 736 pesos; Inclusión, Bienestar y Justicia Social, 13 mil 564 millones 029 mil 572; Desarrollo Económico con Visión al Futuro, 590 millones 147 mil 021 y Estado Naturalmente Sostenible, mil 243 millones 735 mil 476 pesos.
Al Poder Legislativo le destinan 257 millones 917 mil 215 pesos, de los que le corresponden a la Auditoría Superior del Estado (Asecam) 49 millones 697 mil 676, y al Congreso del Estado 208 millones 219 mil 539 pesos; al Poder Judicial, 337 millones 944 mil 562 pesos; a gastos en Comunicación Social, 49 millones 216 mil 924 pesos y sólo 15 millones para promoción turística. El monto para ayudas sociales es de 480 millones 187 mil 255 pesos, que incluye donativos a instituciones sin fines de lucro por 748 mil 800 pesos.
Los diputados también aprobaron la Ley de Justicia Cívica del Estado de Campeche, la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche, la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios y la Ley para la Venta Ordenada y Consumo Responsable de Bebidas Alcohólicas del Estado de Campeche, entre otras.
Con 50 minutos de retraso, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Irayde del Carmen Avilés Kantún, declaró la apertura de la vigésima primera sesión.
Como primer punto se leyó y aprobó con tres reservas, presentadas por el Movimiento Ciudadano, la iniciativa para expedir la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Campeche, promovida por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román. Las reservas promovidas por MOCI fueron con la intención de modificar los artículos 3, 16 y 88 y adicionar un transitorio al proyecto de decreto de tal ley. Las tres primeras fueron aprobadas con 30 votos a favor y ninguno en contra, en tanto que el transitorio fue rechazado con 23 votos en contra y siete a favor.
Luego se leyó el dictamen de la Comisión de Finanzas y Hacienda Pública y de Control Presupuestal y Contable, relativo a la iniciativa para expedir la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Campeche, promovida por legisladores de Morena. La misma fue aprobada en lo particular y en lo general, “fast track”, con 30 votos a favor y cero en contra. Se ordenó publicarla en el Diario Oficial del Estado.
Manejo discrecional de cientos de millones: PRI
No canalizan recursos suficientes para el desarrollo económico
A pesar de la crisis económica que afecta a la entidad desde hace por lo menos 10 años, la mayoría morenista no otorgó el carácter de prioritario a la asignación de recursos del presupuesto a la solución de este problema, y en cambio aprobó gastar más de 480 millones en supuestas ayudas sociales y casi 50 millones en comunicación social.
Al fundamentar el voto en contra de su grupo parlamentario al Presupuesto de Egresos 2024, la diputada priísta Laura Baqueiro Ramos, reiteró que se sigue dejando un monto mínimo de inversión para generar soluciones al problema del nulo crecimiento económico del Estado.
Al desestimar la gravedad de este problema y no asignarle los recursos suficientes para iniciar el proceso de solución, simplemente se agravará una problemática que está afectando a toda la población del Estado, expresó.
Cuestionó que se recorten recursos al Instituto Electoral del Estado de Campeche en pleno año electoral, lo que representará un grave riesgo en la organización de los próximos comicios.
El IEEC solicitó 457 millones 354 mil 531 pesos para los gastos ordinarios, los del proceso electoral y la transferencia de prerrogativas a los partidos, pero el Congreso les recortó sin mayores argumentos ni justificaciones reales, 75 millones 946 mil 864 pesos, el 17 por ciento de lo solicitado, por lo que tendrá que desincorporar a 110 trabajadores.
En contraparte, hay aumento de recursos para dependencias que no son prioritarias y que tienen que ver con la propaganda gubernamental. Por ejemplo, la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora tuvo un incremento de más de 10 millones de pesos en su presupuesto respecto a 2023, y ahora ejercerá 189 millones.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado creció su presupuesto en 55 millones respecto de 2023, y ahora ejercerá 424 millones.
Además se crea más burocracia con el nuevo organismo denominado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que ejercerá tres millones 250 mil 969 pesos, y cuyas atribuciones estaban ya contempladas en la Secretaría de Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo cual existe duplicidad de funciones.
A la Agencia de Energía del Estado le aumentaron en 62% su presupuesto, pues en 2023 ejerce dos millones 570 mil pesos y en 2024 tendrá seis millones 778 mil pesos. El Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado pasó de 55 millones en 2023 a 91 millones en 2024, 40% más sin que se deje claro cuál será el destino de este dinero. Estos aumentos suman más de 100 millones de pesos, los cuales no están justificados.
El diputado Ricardo Miguel Medina Farfán afirmó que no tiene justificación el gasto en materia de comunicación social, toda vez que 2024 será año electoral y habrá restricciones en propaganda gubernamental, pese a lo cual le asignaron 49 millones 216 mil 924 pesos. Al Sistema de Televisión y Radio de Campeche le asignaron siete millones 160 mil 942 pesos.
Se erogarán 30 millones de pesos en 2024 para arrendamiento de vehículos y se destinan 480 millones 187 mil 244 pesos a “Subsidios, Transferencias, Donativos y otras Ayudas”, sin que se justifique con precisión el objeto que se dará a este dinero y queda en un margen discrecional su ejercicio.
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