Este es mi punto de vista, planteado de manera objetiva. Lo expreso no solamente como abogado constitucionalista, sino como un ciudadano más.
Los invito a hacer una pausa y reflexionar profundamente sobre lo que está pasando el día de hoy en Campeche.
Hoy amanecimos con una realidad que debería encender todas las alarmas en nuestro estado: nuestros policías no tienen gasolina. Las patrullas están detenidas, las calles carecen de vigilancia y los operativos preventivos simplemente no existen. Esto nos obliga a plantearnos preguntas urgentes y necesarias.
¿Por qué la corporación policial carece de los recursos más elementales para cargar combustible? ¿Qué hay realmente en el fondo de esta parálisis operativa y administrativa?
Desde una perspectiva jurídica, esto va mucho más allá de un simple “recorte” o un fallo logístico. El Artículo 21 de nuestra Constitución Política es tajante: la seguridad pública es una función y una obligación ineludible del Estado. Cuando las autoridades son incapaces de suministrar el insumo más básico para que las fuerzas del orden operen, se está vulnerando de facto el pacto social y nuestro derecho humano a la seguridad. Proveer las herramientas para la vigilancia no es una concesión gubernamental, es la garantía mínima e indispensable para el ejercicio de nuestras libertades ciudadanas.
Debemos preguntarnos con seriedad: ¿Qué va a pasar con la ciudadanía cuando no haya elementos para cuidarnos? La delincuencia no toma recesos, ni reprograma sus actividades porque al gobierno se le acabó el presupuesto o falló su planeación. Dejar a una ciudad entera sin patrullajes es abandonar a las familias campechanas en un estado de absoluta indefensión. Si el día de hoy ocurre una emergencia real y un ciudadano marca al 911, la respuesta institucional no puede ser que la unidad está estacionada por falta de combustible.
Es momento de ser críticos y exigir cuentas claras. No podemos, ni debemos, normalizar que las instituciones encargadas de protegernos estén inoperantes por falta de lo mínimo indispensable. La paz y la integridad de los ciudadanos no son negociables, y el cumplimiento de la ley debe empezar por quienes tienen la obligación constitucional de garantizarnos seguridad.
Ignacio Daniel Navarrete Navarrete
Director General, Claro Navarrete y Asociados
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