REPORTAJE: ¿QUÉ CORRUPCIÓN ELIMINÓ AMLO?

SIN FRENO DESVÍOS MILLONARIOS, NEPOTISMO Y REDES ILÍCITAS EN LA 4T

Primera de tres partes

Aunque en su último Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó como un triunfo de su Administración haber “cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo”, las prácticas, los mecanismos y las redes corruptas no sólo se han perpetuado, sino han adquirido nuevos rostros y beneficiarios.

De acuerdo con Aristegui Noticias, basada en una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esos casos no dejaron de acumularse en el Gobierno AMLO y continúan en la esfera pública actual.

Como antecedente, un día antes (31 de agosto de 2019) de su I Informe ocurrió un caso emblemático: AMLO, confiado, declaró que se había ganado la batalla contra la corrupción, sacó por primera vez el “pañuelito blanco” y afirmó: “Ya no hay corrupción arriba”.

Pero menos de un año después, MCCI publicó una investigación que revelaba el que sería el caso de corrupción más grande de su sexenio: los desvíos de más de 15,000 millones de pesos destinados a los programas alimentarios para las poblaciones más vulnerables, ejecutados por la recién creada Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El caso sigue impune, pues quien fuera su titular durante los desvíos, Ignacio Ovalle, no fue investigado y hasta lo premiaron con otro puesto en la Secretaría de Gobernación.

Este escándalo monumental y de otros casos sumados en su sexenio, no cambiaron el discurso del Presidente, aunque el 29 de junio de 2023 reconoció públicamente las irregularidades en Segalmex, aunque con una narrativa para minimizar el impacto: “Es el único caso”, y hasta agregó que los directivos habían sido engañados por algunos priístas que seguían en la Administración.

Ante las abundantes evidencias de diversas formas de corrupción en distintas áreas de Gobierno durante los últimos seis años, el reporte tiene clasificación para facilitar la comprensión y análisis, además de ponerle nombre y apellido a los presuntos responsables.

En lo que MCCI denominó el “sexenario de la corrupción”, agrupó los casos registrados en seis grandes categorías: “justicia discrecional”; “sobornos, moches y enriquecimiento ilícito”; “desvío de recursos públicos”; “corrupción electoral”; “ejercicio abusivo de funciones” y “conflicto de intereses”.

Cada categoría refleja los patrones que han persistido en el Gobierno actual y la capacidad del poder corruptor para reinventarse y operar bajo nuevas formas, hoy disfrazadas de un discurso de austeridad y transformación.

Los casos de “justicia discrecional” son de los más preocupantes, pues involucran la manipulación política del sistema judicial para favorecer a ciertos actores cercanos al poder, mientras se castiga selectivamente a quienes resultan incómodos o son considerados opositores en el ámbito empresarial, académico, periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado la corrupción del régimen.

“Sobornos, moches y enriquecimiento ilícito” se refiere a cómo la vieja práctica de intercambiar dinero por favores políticos entre personas cercanas al poder (empresarios y funcionarios), sigue siendo una constante en diversas secretarías y niveles de Gobierno.

El reportaje precisa que “desvío de recursos públicos” es uno de los mecanismos de corrupción más documentados durante el sexenio amloísta, se ha materializado en programas sociales diseñados para beneficiar a sectores vulnerables, pero cuyos recursos han sido sistemáticamente desviados hacia otros fines. Segalmex es sólo el ejemplo más visible y de mayor envergadura.

La “corrupción electoral”, presente en los comicios de 2018, 2021 y 2024, evidencia el uso de recursos públicos y programas sociales con fines proselitistas, lo cual viola la equidad electoral, y no ha sido suficientemente sancionado en detrimento de la confianza en las instituciones democráticas.

Finalmente, el “ejercicio abusivo de funciones” y el “conflicto de intereses” están en múltiples áreas del Gobierno, desde la emisión de decretos para favorecer a empresas vinculadas a amigos y familiares del Presidente e integrantes de su círculo más cercano, hasta la manipulación de licitaciones públicas en favor de consorcios.

La corrupción, lejos de ser un problema erradicado, sigue siendo un fenómeno sistémico que afecta a la democracia y al Estado de Derecho en México.

Y da lugar a un recuento breve pero exhaustivo de los principales mecanismos y casos de corrupción durante el sexenio de AMLO.

JUSTICIA DISCRECIONAL

Una forma efectiva de controlar la corrupción es abatir la impunidad, pues un sistema de justicia capaz de investigar y sancionar ese tipo de actos permite recuperar recursos desviados y modificar las condiciones que dieron pie a estos actos y disuadir que sucedan en el futuro.

Al analizar casos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, es evidente que la impunidad fue factor que los favorecía. Seis años después, el sistema de justicia aún opera como extensión del poder político, por lo cual hay trato preferencial y evasión de sanciones para los afines, mientras los contrarios enfrentan trato más severo o acusaciones sin pruebas.

Preocupa, continúa el reporta de MCCI, que muchas de las acusaciones penales en casos de corrupción no han resultado en sentencias.

Ante las acusaciones de corrupción en contra de aliados, el Gobierno de AMLO adoptó cuatro estrategias: negó o minimizó las acusaciones, las atribuyó a maquinaciones de sus opositores, defendió a los acusados como personas honorables o, ante la abrumadora evidencia, prometió una investigación que nunca sucedía.

Desde sus mañaneras, AMLO defendió a Ignacio Ovalle por los desvíos en Segalmex culpando a sus subordinados; elogió a Delfina Gómez tras las acusaciones de cobrar diezmos en Texcoco y justificó a Alejandro Esquer tras la divulgación de videos donde se le ve depositar millones de pesos en efectivo a un fideicomiso de Morena, de lo que MCCI informó en diciembre de 2021.

Ante las acusaciones contra su familia —hermanos, hijos, primas—, fustigó a los medios que lo revelaron.

Otro ejemplo es el del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, incluso fue vinculado al crimen organizado, pero nada resultó en consecuencias legales en su contra y tomó protesta en 2024 como diputado federal plurinominal por Morena.

BENEFICIOS A EXPRIÍSTAS

Pero el trato favorable no sólo estuvo reservado para aliados del Presidente, sino también para quienes se sumaron a su causa. Por ejemplo, en Hidalgo, una investigación de la Fiscalía estatal de 2022 sobre adjudicaciones directas a empresas fantasma por 422 millones apuntaba inicialmente al gobernador priísta Omar Fayad y gabinete, pero luego de ser nombrado embajador en Noruega, la Fiscalía desestimó que el exmandatario tuviera alguna responsabilidad.

En total, fueron cinco exgobernadores priístas quienes recibieron cargos diplomáticos durante el sexenio de López Obrador.

Alejandro Murat dejó el gobierno de Oaxaca en 2023 con irregularidades por más de 6 mil millones de pesos para acciones de Salud, según la Auditoría Superior de la Federación. No obstante, ahora es senador por Morena.

Su compañero de bancada, Javier Corral fue acusado de conflicto de intereses por el Gobierno de López Obrador pero hoy es protegido por el oficialismo de las acusaciones de corrupción en su contra. Incluso, personajes como Alfredo Del Mazo, exgobernador del Estado de México, quien renunció al PRI en 2024 y está vinculado a varios casos de corrupción, nunca enfrentó investigaciones ni acusaciones desde el Gobierno Federal.

Para quienes se oponen al Gobierno, el trato ha sido marcadamente distinto. Rosario Robles, acusada por participar en la Estafa Maestra, estuvo en prisión preventiva más de 3 años, antes de ser absuelta en 2024 por un juez.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada desde 2021, por lo cual perdió la candidatura a diputado federal plurinominal en 2024, aunque aún no comienza el juicio en su contra.

Cuando comenzó el sexenio, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil impulsaban una agenda de reformas que pretendía separar la procuración de justicia de los criterios políticos. Seis años más tarde, la situación no ha cambiado. Si acaso, ahora opera con mayores criterios políticos.

MCCI expone que los casos investigados de personas cercanas al poder se resolvieron normalmente a su favor, mientras los considerados como adversarios enfrentaron condiciones más adversas.

Continuará…