EXPEDIENTE | CALLA SANSORES LA CORRUPCIÓN DE LOS SUYOS

Con videos testimoniales y la denuncia frente a la cámara, sin temor, ni trucos para esconder o difuminar los rostros, pobladores de San Pablo Pixtún, en el Municipio de Champotón, reiteraron su acusación en contra del secretario de Desarrollo Rural, Ramón Gabriel Ochoa Peña, por haber desviado más de tres millones de pesos de recursos federales que debieron ser utilizados para la construcción de un camino sacacosechas de 4.9 kilómetros.

Es el segundo año consecutivo que en su Informe de Gobierno, la corrupta gobernadora Sansores San Román da como construido ese tramo que, según los videos que los pixtunenses subieron a las redes sociales, es una brecha construida y financiada por ellos mismos, y no lo que asegura la versión oficial de que se hizo con más de tres millones de pesos.

No es la primera acusación que se le endilga a Ochoa Peña con pruebas y testigos. También lo acusaron campesinos del Camino Real y Los Chenes, por haberles vendido fertilizantes y semillas de mala calidad y a precios sobre inflados. Nunca se investigó nada. Tampoco hubo aclaraciones, ni se les devolvió un peso a los campesinos defraudados.

En el caso que nos ocupa, suponemos que la Auditoría Superior de la Federación debió tomar nota hace un año y hacer sus pesquisas. Lo que por segundo año consecutivo denuncia Abigail Chan Piña, acompañado de una veintena de pobladores de San Pablo Pixtún, Municipio de Champotón, es que les dieron gato por liebre, y que con el aval   del comisario ejidal Elmer de Jesús Barabato Maldonado, intentan otra vez dar por concluida lo que en realidad es una más de las obras fantasmas de este sexenio corrupto, nepótico y rastrero.

Productores afectados como Inocencia García, Adrián Morales, Sergio Hernández, Humberto Juan Vela, Armando Aké Uc y Leo Brito, presidentes de los comités de béisbol, realizaron un recorrido a lo largo de los nueve kilómetros de ese camino sacacosecha y mostraron con imágenes que ahí el corrupto Gobierno de Layda Sansores no ha construido nada.

Exigieron a la mentirosa gobernadora Layda Sansores y al corrupto Ochoa Peña que den la cara y dejen de difamarlos, ya que, como siempre, para la sorda mandataria no son más que un minúsculo grupo de alborotadores, seguramente pagados por Alito o Elito, para dejar mal a su Administración.

“La verdad —dicen los quejosos— es que no somos sólo siete personas las afectadas, como ustedes aseguran, sino unos 70 ejidatarios con dos o tres trabajadores cada uno que desde hace años hemos venido aportando dinero, trabajo y esfuerzo para tener un camino que nos permita sacar nuestras cosechas, pero que ahora un funcionario corrupto se pretende atribuir como si ellos lo hubieran hecho, para quedarse con el dinero”.

Chan Piña lamentó que el comisario ejidal Elmer de Jesús Barabato Maldonado incurra en abuso de autoridad junto con sus comités, a quienes calificó como “ratas”, pues se han prestado al desvío de recursos en perjuicio de más de 130 productores del poblado.

De esa obra no construida pero ya cobrada se puso nueva denuncia ante la Contraloría del Estado, para que se proceda con todo el peso de la ley, “pues se están robando el dinero del pueblo”, aseveró Chan Piña.

Es muy probable que, con la asesoría de representantes populares federales, los pixtunenses recurran a la Auditoría Superior de la Federación, ya que, al tratarse de recursos federales, a ellos les corresponde fiscalizar el correcto ejercicio del presupuesto y no tienen la menor duda de que así como a ellos les pretenden “ver la cara”, de la misma forma haya otras comunidades engañadas y defraudadas, que desconocen sus derechos y por eso no han alzado la voz.

La verdad es que este es un Gobierno plagado de corruptos y de complicidades, que ha encubierto los desvíos de Ochoa Peña, así como el abierto latrocinio que hubo en la Dirección de Cultura, sin que su entonces titular, Eutimio Sosa Novelo, haya sido castigado, y la impunidad al director del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, Luis Humberto López López, quien permanece en el cargo a pesar de las evidencias de corruptelas que hay en su contra.