La mejor manera de que el polvo del olvido no sepulté el abuso, el robo, el fraude y otros deleznables crímenes contra los intereses sociales, es recordarlos y recurrentemente denunciarlos. Que cuando menos el o los delincuentes permanezcan temerosos de que en cualquier momento pueden ser detenidos, procesados y encarcelados.
Es la voz de la sociedad la que contribuye al saneamiento de la función y la conducta públicas. Ese es el compromiso moral. No se debe perder de vista que la impunidad se entroniza cuando el cuerpo comunitario calla, con el consabido argumento de que es inútil insistir en denunciar, porque nada harán las autoridades.
No castigarán al delincuente o infractor, por sus relaciones políticas, familiares y sociales, compromisos inconfesables o complicidades con el grupo en el poder. Por desgracia, generalmente así acaece en el entorno en que vivimos. Se apuesta al olvido con el paso del tiempo para secar el lodo.
Uno de muchísimos casos ocurrió en la Atenas del Camino Real. Los calkinienses recuerdan que a fines del trienio del alcalde Roque Jacinto Sánchez Golib, algunos de sus funcionarios “dejaron olvidados 27 millones de pesos” en un vehículo de la Comuna, que “un vivillo desapareció”.
Han transcurrido más de tres años del episodio, y la alcaldesa de Calkiní, Juanita Cortés Moo, —que ha perdido todo sentido ético, comenzando por la vergüenza— ha asegurado reiteradamente que nada sabe del suceso, porque nada le informa la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
La denuncia permanece muerta en el archivo, si aún se encuentra ahí, porque lo más probable es que haya desaparecido el expediente. Nunca se supo que se hubiera emprendido una investigación, porque está clarísimo que en el robo —¿o mejor expresado “autorrobo”—, se encuentran involucrados personajes de la Administración Municipal calkiniense, que están a menos de dos semanas de dejar el cargo.
¿Dónde están esos 27 millones de pesos que indebidamente paseaban funcionarios del Ayuntamiento calkiniense, sin tomar las precauciones para impedir su robo o misteriosa desaparición? Esa es la pregunta central.
Cortés Moo aseguró reiteradamente que daba seguimiento al caso a través de su Contraloría Interna. ¿Cómo, y en qué consistió? ¿En corroborar que robaron 27 millones de pesos y no saber quién sacó el dinero del banco, quiénes lo acompañaban, y por qué lo dejaron abandonado en un vehículo sin la correspondiente vigilancia?
Desde la fecha del ilícito, las sombras de la sospecha recaen en dos o tres personajes. Se considera que se tomó para la campaña o fue en pago de favores políticos. Esas son las vías de mayor credibilidad. Y están identificados los actores. ¿O no?
Pero, ¿cuál ha sido el papel de la Fiscalía Anticorrupción? ¿A quiénes ha declarado? ¿Qué han dicho? ¿Sobre quiénes recae la responsabilidad? ¿Quién responderá por la recuperación de los recursos? ¿O se dan oficialmente por perdidos?
Es indudable que las componendas impedirán que los calkinienses sepan quiénes urdieron la trama del robo millonario, porque hay colusión entre las autoridades edilicias presente y pasada, la Fiscalía Anticorrupción, y la gobernadora Sansores, que prometió acabar la corrupción y terminó siendo cómplice encubridora de todos los saqueos.
Pero será buena práctica no olvidar el episodio. Que cuando menos el látigo del desprecio permanezca contra los ladrones, que están plenamente identificados, y que la autoridad cómplice se niega a detener, encauzar y enviar al reclusorio.
Aunque, cuidado, Juanita Cortés Moo —expriísta y ahora enredada en el morenismo— entregará la estafeta a un personaje que no es de ninguno de esos partidos, y podría enfrentar un procedimiento administrativo que conduciría inevitablemente al área penal. Eso es lo menos que esperan los calkinienses. Por encima de cualquier circunstancia, justicia. Recuperación del dinero que pertenece a la sociedad.
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