El Senado de la República rechazó la procedencia de la solicitud de desaparición de poderes en Campeche, que propuso la bancada senatorial del PRI. Era la salida más viable, habida cuenta de la complicidad que existe entre los guindas para protegerse las espaldas unos a otros.
Sin embargo, eso no quiere decir en modo alguno, que la tensión política vaya a desaparecer de Campeche de golpe y porrazo. En caso de que se resuelva de manera favorable el conflicto del Gobierno del Estado con los policías —es decir, que se vaya Marcela— tendrá que pasar mucho tiempo para que la sociedad campechana pueda reconciliarse con sus autoridades.
Vaya, por los síntomas que vemos por todas partes, podemos asegurar que esta ruptura entre el pueblo y el Gobierno laydista ya es irreconciliable. Que este Gobierno ya está desahuciado.
El pueblo se va cobrar en las urnas cada una de las afrentas, cada una de las mentiras, cada una de las burlas de la gobernadora hacia ellos y hacia los policías en plantón. Cada palabra que pronuncia la gobernadora provoca más encono y más polarización entre los ciudadanos y acreciente aún más la distancia entre uno y otro.
Por eso será trascendental que el ciudadano cada vez más vaya reafirmando en su conciencia, la necesidad de optar por opciones políticas distintas a Morena, a la hora de votar. Sobre todo en la elección a diputados locales y federales, al Senado y a las presidencias municipales.
Necesitamos conferirle a Campeche una auténtica división de poderes, y eso sólo será posible si logramos que haya una abrumadora mayoría opositora en la Cámara de Diputados de nuestra entidad.
Desde esa instancia —el Poder Legislativo— se podría dar procedencia no sólo a la solicitud de juicio político, próxima a presentarse ante la actual Legislatura, sino sobre todo, legislar sobre la revocación de mandato, para mantener en cintura permanente a todos los servidores públicos. Quien no funcione, quien no de resultados, que se vaya.
En este contexto, podemos afirmar que sólo es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar que finalice la agonía de este Gobierno fallido que encabeza Layda Sansores. Administración corrupta, ineficaz, nepótica, opaca, de cero resultados y de mucho cinismo y corrupción.
El divorcio entre el pueblo y su Gobierno debería confluir en algo bueno para todo el Estado: en la elección de legisladores realmente independientes y eficientes, que se deban al pueblo y no a favores políticos. Estamos a tiempo y a un paso de empezar a reescribir la historia de esta nuestra patria chica.
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