EXPEDIENTE | MUNICIPIOS EN UN LABERINTO: ¿QUIÉN PAGA LAS DEUDAS?

Lo que está aconteciendo en el Municipio de Tenabo podría generalizarse en todos los ayuntamientos de la entidad. Y de lo que ocurra, gran parte de la culpa recaerá en la mayoría morenista que hay en el Congreso del Estado, aunque el origen real de este asunto está en el cuarto piso del Palacio de Gobierno: en la ineptitud y la negligencia de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Para empezar, debemos recordar que no es un tema nuevo. Todos los Municipios campechanos enfrentan pasivos, y los más recientes, como son Dzitbalché y Seybaplaya, antes de nacer ya arrastraban adeudos que laceran sus menguados presupuestos. 

Nos hemos referido en otro espacio, al acumulamiento de la deuda histórica de los Municipios, que no es solamente con los trabajadores despedidos, a quienes ya les urge que se acaten sus laudos laborales, sino también con instituciones como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Campeche (Issstecam) y otras instancias a las que no les han cubierto las aportaciones que les corresponden.

El ejemplo de mayor rezago con el cumplimiento de sus cuotas es Carmen, y su alcalde, Pablo Gutiérrez Lazarus, que ya va por su tercer periodo en el cargo, es el que más acumula estos pasivos. Al grado que el IMSS lo demandó por más de 300 millones de pesos no cubiertos.

¿A cuánto asciende su deuda? Se asegura que por lo menos es de 500 millones de pesos tan sólo con el IMSS. ¿Y así quiere ser gobernador de Campeche?

Pero no es el único caso. Campeche tampoco está en el paraíso y hace dos años acumulaba deuda pública por al menos 150 millones de pesos. Hecelchakán enfrenta 114 expedientes laborales por 32 millones de pesos, y créditos fiscales con el IMSS que suman 42 millones 523 mil 135.37 pesos.

Escárcega cuenta con deudas por demandas laborales en proceso, demandas mercantiles y sentencias laborales por 10 millones 192 mil 352.05 pesos, así como adeudos de créditos fiscales con el SAT que ascienden a 14 millones 934 mil 589.59.

Calkiní enfrenta deudas por laudos laborales que rebasan los 20 millones de pesos, Palizada, enfrenta pasivos contingentes derivados de demandas laborales en proceso y laudos pendientes de liquidar por dos millones 206 mil 343 pesos. Hopelchén tiene laudos por pagar por un millón 877 mil 476 pesos, mientras que Calakmul tiene laudos por ocho millones 116 mil 640.91. 

En Tenabo, los pasivos rebasan los 41 millones de pesos, y es la alcaldesa Mariela Sánchez Espinoza la que pudiera pagar los platos rotos si los afectados insisten en que sea sancionada por no saber resolver el desbarajuste que heredó de sus antecesores.

Independientemente de los colores partidistas que gobiernen los Municipios, debería el Congreso del Estado asumir una postura institucional ante este problema y enfatizar la responsabilidad de la Legislatura anterior, para no autorizar en las Leyes de Ingresos Municipales, los recursos suficientes para hacer frente a este creciente problema.

Vale la pena recordar que pese a que hace dos años los anteriores alcaldes solicitaron un recurso adicional para resolver el tema específico de los adeudos, la mayoría morenista en el Congreso se negó a escucharlos y les cerró las llaves presupuestales para atacar el problema. 

Si lo hizo por móviles políticos o por simple ignorancia es lo de menos, ya que la resultante es que ha creado un tremendo conflicto que, al estallar, barrerá parejo incluso con sus propios militantes, como se ha visto en el caso de Tenabo.

¿O es que acaso el fin perverso de mantenerlos amarrados por sus adeudos, es obligarlos a negociar para entregar sus respectivos Municipios al control total de la gobernadora y de sus esbirros?

Lo lamentable de este embrollo es que son los ciudadanos quienes pagan las consecuencias. No hay dinero para obras públicas, para los servicios municipales como agua potable, y en los casos extremos, como Palizada, tampoco alcanza para el pago de la nómina.

Y mientras todo eso ocurre, nuestra gobernadora sigue entretenida derrochando el presupuesto público para financiar carnavales estudiantiles y sus interminables viajes personales.  ¡Qué cosas!