El director de Pro Campeche, Ricardo Iván Castillo Domínguez, ha recibido contratos por al menos 33 millones de pesos en la actual Administración a través de tres empresas factureras que tienen el mismo domicilio fiscal en el barrio de Santa Ana, revela una investigación presentada por el periodista Carlos Martínez Caamal, en su programa “La Barra”.
En enero pasado, recordó, la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), adjudicó el contrato de vigilancia y limpieza en el balneario Playa Bonita, a la empresa Guard & Clean, que representa el funcionario de la 4T, Ricardo Castillo Domínguez. A pesar de que comprobó que no cumplía con requisitos de la convocatoria “cinco años de experiencia en el ramo asignado” no se dio marcha atrás en la adjudicación irregular.
La gobernadora Layda Sansores San Román ofreció investigar, y de haber irregularidades cancelaría el fallo y hacer otra licitación, y todo siguió igual.
Martínez Caamal documentó que Castillo Domínguez es representante legal de al menos tres empresas: Guard & Clean, Livpro y Grupo Idest, involucrado en rehabilitar escuelas, para lo cual el Gobierno de Sansores asegura haber invertido más de 249 millones de pesos en 390 planteles.
Denunció que el funcionario y empresario facturero, Castillo Domínguez, amigo personal de Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación, ha recibido contratos por varios millones para reparar escuelas sin que él preste el servicio. Subcontrata a albañiles, plomeros y electricistas, y les retrasa por meses el pago de sus servicios, a pesar de que cobra a tiempo.
También presentó facturas de que, en noviembre del año pasado, a través de la Secretaría de Administración que encabeza el poblano Miguel Ángel Gallardo, Grupo Idest que representa Ricardo Castillo Domínguez, obtuvo contrato de más de 10 millones de pesos, por lo que se le debe investigar y cesar, ya que o es funcionario público o empresario facturero o cómplice de la gobernadora.
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