Hay 18 denuncias por desviar unos 115 mdp en Estado y Municipios

La Auditoría Superior del Estado confirmó que interpuso ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción 18 denuncias en contra de ayuntamientos y una dependencia del Gobierno del Estado, por presumir irregularidades por más de 115 millones de pesos en las cuentas públicas de 2020.

El responsable del órgano de fiscalización del Congreso del Estado, Javier Hernández Hernández, detalló que el Instituto Electoral del Estado de Campeche presentó dos denuncias, aunque su titular Lirio Guadalupe Suárez Améndola ha informado que el número asciende a cuatro y que analizan interponer tres más.

Son 18 las denuncias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción, precisó el auditor. Las quejas son contra diversos Municipios, y aclaró que no podía proporcionar contra quiénes son. “Ojalá me entiendan que por obvias razones no puedo dar mayores datos”, apuntó.

De esas denuncias, explicó que no todas son contra las administraciones municipales, ya que “hay una dependencia estatal que tiene que ver con la Cuenta Pública 2020”.  Detalló que también iniciaron alrededor de 40 procedimientos de responsabilidad administrativa. Las denuncias están en trámite, por lo que se espera que las autoridades competentes determinen las sanciones.

Aclaró que las denuncias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción, “todo está relacionado con la Cuenta Pública 2020”, ya que con respecto a la de 2021, se encuentra en la etapa de auditoría y en septiembre harán el segundo paquete o a más tardar en octubre entregarán la revisión del Gobierno del Estado.

Del concepto de las denuncias, expuso que son por “gastos indebidos y el que algunas autoridades no cumplieron en lo que establece la ley”, y aunque argumentó que “son situaciones que no se pueden cuantificar”, precisó que el monto de las denuncias “supera los 115 millones de pesos en términos generales tanto del Estado como de los Municipios”.

Será en febrero de 2023, como marca la Ley General, cuando entregarán la cuenta pública a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, y a partir de ese momento es cuando determinan “sí se presentan las denuncias o los procedimientos administrativos de responsabilidad”.

Responsabilizó a la Fiscalía Anticorrupción del proceso judicial siguiente, ya que es la instancia que “tiene que resolver”, ya que conforme a la ley presentaron la denuncia y será la autoridad judicial quien inicie la carpeta de investigación para que el juez determine si cita o no a las personas señaladas en los presuntos actos ilícitos.