Bajo la administración de Layda Sansores y Morena, la libertad de expresión en Campeche enfrenta un deterioro grave que organismos internacionales y periodistas locales califican como una vía de extinción, al pasar de los insultos en espacios oficiales a la persecución judicial sistemática contra comunicadores críticos.
Casos como el del Diario Tribuna y el periodista Jorge González exhiben el uso de resoluciones judiciales que imponen censura previa y prohibiciones para mencionar a la mandataria, una práctica denunciada por Artículo 19, que ha generado autocensura y un clima de control político en el estado.
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