Los derechos

Víctor Collí Ek

Abiyán su tragedia

El 19 de agosto de 2006, el buque M. V. Probo Koala de la multinacional Trafigura Limited, llegó al puerto de Abiyán, Costa de Marfil, con 528 metros cúbicos de residuos altamente peligrosos. Los cuales fueron descargados y arrojados en varios lugares de Abiyán. Ninguno de estos sitios contaba con instalaciones de tratamiento de residuos químicos.

Los desechos inmediatamente contaminaron el aire y un hedor pestilente invadió el ambiente. El mismo día, miles de personas acudieron en masa a los centros de salud quejándose de náuseas, dolor de cabeza, vómitos, erupciones cutáneas y hemorragias nasales. Diecisiete personas perdieron la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos. Cientos de miles más se vieron afectados y los expertos medioambientales informaron de una grave contaminación de las aguas subterráneas.

Unos días después del vertido de los residuos tóxicos, se empezaron investigaciones que llevaron a un procedimiento judicial del cual tres directivos de Trafigura fueron detenidos y acusados de delitos relativos a la protección de la salud pública y del medio ambiente y varios funcionarios del Estado fueron demandados.

Se emprendieron operaciones de remediación en los sitios contaminados. Se firmó un Memorando de Entendimiento entre el Estado y las filiales de la empresa multinacional Trafigura. La empresa se comprometió a pagar al Estado la suma de noventa y cinco mil millones de francos distribuidos como sigue: 73 mil millones por los daños causados al Estado de Costa de Marfil y a las víctimas; 22 mil millones para operaciones de descontaminación.

El Estado estableció un programa de compensación para las víctimas y familiares de los fallecidos, pero un número significativo de víctimas no fueron tomadas en cuenta y no recibieron compensación.

Este asunto llegó hasta la Corte Africana de los Dechos Humanos y de los Pueblos, la cual en este mes de septiembre finalmente liberó su sentencia, una muy interesante, porque dejó ver la gran importancia de justiciabilidad de los derechos para afrontar un problema de la gran magnitud como este.

Se puede ver la gran importancia de haber declarado violado el derecho de acceso a la información para la justiciabilidad y reparación de otros derechos. Al no proporcionarse información, no se pudieron conocer los efectos en la salud y medio ambiente durante y posteriormente al hecho. No hubo información sobre las circunstancias del vertido, la composición del material desperdiciado, el impacto en las áreas o número de personas, como tampoco sobre el número de personas fallecidas o contaminadas. Se desconoció el avance de las compensaciones devenidas del memorando.

El derecho a la vida se violó con la autorización dada por el Estado para verter los desechos tóxicos con el pleno conocimiento de su naturaleza dañina y su impacto en la vida humana. Importante afirmación fue reconocer la responsabilidad estatal, pero igual de la compañía.

No hubo acceso a remedios efectivos, porque aunque se contaba con instancias judiciales adecuadas, el hecho de haber firmado el memorando generó un régimen de impunidad para la compañía y sus integrantes, esto hizo de los remedios inaccesibles, no permitió la identificación plena de los afectados e impidió la descontaminación.

El derecho a la salud igualmente se violó porque no se tomaron adecuadamente medidas de prevención y aunque existieron algunas, fueron insuficientes o inapropiadas para las necesidades de las víctimas y la magnitud de las consecuencias generadas.