El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Antonio Jiménez Gutiérrez, confirmó que al menos 4 Municipios no participaron en la consulta de presupuesto participativo programada para el 5 de julio, y reconoció que la Ley de Participación Ciudadana no establece sanciones específicas para quienes no cumplan.
El diputado plurinominal detalló que Municipios como Tenabo y Calkiní no entregaron proyectos para la consulta, lo que representa un incumplimiento de la ley que entró en vigor este año. No obstante, señaló que la normativa “no plantea ningún tipo de responsabilidad”, aunque dejó abierta la posibilidad de que se pueda incurrir en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El presidente del Congreso afirmó que se realizará un “llamamiento desde el Parlamento” para que esos Municipios participen en la segunda emisión del ejercicio. “Haremos un llamamiento desde el Parlamento, nos corresponde hacerlo para que en la segunda emisión de esta nueva obligación participen y se pueda promover la participación ciudadana en todos los Municipios del Estado, sobre dónde focalizar el recurso público”, declaró.
Jiménez Gutiérrez consideró que la participación de la mayoría de los Municipios es un avance, aunque la ausencia de 5 ayuntamientos evidencia la falta de mecanismos de cumplimiento efectivos para garantizar que todos los municipios promuevan el derecho ciudadano a decidir el uso de recursos públicos. “La participación de los municipios es fundamental justo para estimular, para promover que cada vez los ciudadanos puedan decidir ese porcentaje de recurso público que establece la ley”, afirmó.
La información oficial del IEEC coincide en que solo 8 municipios —Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Champotón, Palizada, Seybaplaya y Carmen— participaron, lo que deja fuera de este ejercicio democrático a más de un tercio de los municipios del estado. El legislador señaló que esta primera etapa servirá para evaluar si es necesario fortalecer la normativa y dar “mayor posibilidad a los ciudadanos de tener mayor incidencia en la toma de decisiones públicas”.
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