FUNCIONA COMO OFICIALÍA DE PARTES, SEÑALAN EXPERTOS
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de la Unión ha atendido de manera preferencial las propuestas de reforma presidenciales, por lo que los temas prioritarios de todas las bancadas, incluida la de Morena, se han quedado en el tintero.
De 2018 a la fecha, al recinto legislativo de San Lázaro han llegado 45 iniciativas presidenciales, de las cuales 37 han sido aprobadas, siete siguen pendientes y sólo una se ha rechazado.
En ese sentido, para expertos, el Poder Legislativo —y en especial la Cámara de Diputados— se encuentra secuestrado y funciona como oficialía de partes.
Recordaron que apenas concluyó el debate de la reforma energética, se procedió a discutir la propuesta para que la Sedena opere la Guardia Nacional y más tarde inició la dictaminación de otra reforma militar que, en voz del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no fue impulsada por el PRI, sino por el diputado morenista Ignacio Mier con aval del Ejecutivo. Ahora, el tema prioritario es la reforma electoral, cuya base es la iniciativa de López Obrador.
“La Cámara de Diputados funciona a lo que digan Morena y sus aliados porque tienen mayoría y, claro, Morena está al servicio del Presidente y no de los ciudadanos. Están replicando lo que ocurría en el viejo PRI, y esto ocurre porque de ahí vienen. Ahora San Lázaro es una oficialía de partes porque, aunque las iniciativas del Ejecutivo no vayan como prioritarias, les dan trámite en automático. Se hace lo que el Presidente quiere, insisto, como en el viejo PRI, porque Morena tiene cultura priísta, nada más que reciclada en un nuevo logotipo”, dijo el politólogo José Antonio Crespo.
Del total de iniciativas presidenciales, en la 64 Legislatura se presentaron 29; 27 se avalaron y dos quedaron pendientes.
Destacan la abrogación de la reforma educativa y la creación de una nueva ley en la materia, la creación del Insabi, de la Guardia Nacional, una reforma al artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a la pensión para adultos mayores, una iniciativa para limitar el salario del servicio público y establecer que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente.
La expedición de la Ley de Amnistía, la reforma eléctrica, el cambio de nombre a la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otras.
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