Aprueban diputados de Morena y sus aliados la polémica “Ley ADO”

Entre gritos de ‘fuera Morena’, ‘traidores’, ‘fuera Layda’, ‘vendepatrias’ y ‘ni un voto a Morena’, por parte de transportistas locales, el Congreso del Estado aprobó, con el voto de diputados morenistas y sus aliados expriístas, expanistas y exmocistas, expedir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, para favorecer al Grupo ADO.

Los concesionarios del transporte urbano, colectivo y de taxis irrumpieron en la sesión, pese a que personal del Poder Legislativo trató de impedirlo, y lanzaron consignas en contra de los legisladores morenistas, especialmente de su coordinador parlamentario, el veracruzano diputado plurinominal Alejandro Gómez Cazarín, que solo se burlaba de los manifestantes.

Tras la lectura del dictamen, la mocista Mónica Fernández Montúfar exigió a la presidenta de la Comisión de Movilidad, la morenista Landy Velázquez May, que cumpla su palabra de realizar parlamento abierto, y molesta huyó hacia el baño, mientras le gritaban que ‘no se vaya’,

El priísta Ricardo Miguel Medina Farfán acusó que la nueva ley extingue al Instituto Estatal del Transporte (IET), y lo convierte en unidad administrativa de la Secretaría de Gobierno. Es decir, una ‘oficina burocrática’, dándole autoridad a su titular, Aníbal Ostoa Ortega, para entregar las concesiones, condicionando apoyo político para Morena.

No se regula en la ley lo relacionado con servicios como Uber, y señala que el reglamento deberá prever las reglas a las que se someterá. No hay participación ciudadana en el Consejo Estatal, como actualmente hay, y desde donde se define el costo del pasaje, entre otras cosas, alertó.

De igual manera, condenó que Morena no aceptó que la iniciativa se revise a fondo por ciudadanos, expertos, autoridades y transportistas, y que esta no regula los requisitos para obtener una concesión, vigencia, seguros contra responsabilidad civil, y también lo remite a un reglamento que no existe y que será emitido por Sansores San Román, sin consultar a nadie.

“La Secretaría de Finanzas dijo que no se contemplan recursos en este ejercicio para mejorar las vialidades ni el transporte y seguro tampoco habrá el próximo año, y sin recursos no se cambiará nada. La Ley de Movilidad no deja claro cuáles serán las infracciones y sanciones, y todo lo remite al reglamento”, sentenció.

Advirtió que abre la posibilidad a los monopolios, al quitar el candado que prohibía tener dos concesiones en diferentes modalidades, y ‘ya sabemos de qué empresa estamos hablando’, refiriéndose al ADO, y asentó que esta ley no servirá para mejorar el transporte.

El panista Pedro Cámara Castillo fustigó que esta ley lastima, ya que pretende que el Grupo ADO brinde el servicio sólo en las avenidas principales, y los transportistas locales en las colonias, por lo que la ciudadanía pagará doble pasaje, además de que generará competencia desleal entre Uber y taxistas, quienes cubren cuotas altas.

No obstante, con 21 votos a favor y 11 en contra de priístas, mocistas, el morenista Jorge López Gamboa, el panista Pedro Cámara Castillo y la independiente Abigail Gutiérrez Morales, se aprobó expedir la Ley de Movilidad, en medio de mentadas de madre y gritos de ‘vendepatrias’.

Viola la Constitución

Transportistas locales recurrirán al amparo para dejar sin efecto la Ley de Movilidad de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que aprobaron los diputados de Morena, ya que viola la Constitución Federal, anticipó su representante, Enrique Uribe García, al descartar que vayan a dejar sin servicio a las y los campechanos.

“Lo que se estaba pidiendo eran reglas claras, una ley más completa, mejor articulada, y que no dejara nada para definirse después. Esta es una ley abierta para que mañana puedan tomar decisiones que puedan dañar a los transportistas, y eso es lo que estoy casi seguro que va a suceder”, alertó, y condenó que los morenistas no los hayan escuchado.

Expuso que consultarán con abogados para determinar qué camino legal tomarán, aunque anticipó que el amparo sería uno de ellos, y confió en que procederá, ya que esta legislación es violatoria no solo de los derechos que tienen los concesionarios sino de la propia Carta Magna, por lo que hay elementos suficientes para ‘echarla abajo’.

“Se violó el artículo 28 de la Constitución que establece que el monopolio no está permitido, y esta ley lo está permitiendo”, acusó, y reprochó la presencia policiaca en el recinto legislativo, mientras se aprobaba. Fue un acto de intimidación.

Aseguró que los transportistas están a favor de la mejoría y la modernización del transporte, de la entrada de plataformas, de la seguridad para la ciudadanía, pero debe ser con reglas claras, lo que no existe en esta ley.

“Uno de los artículos que no tiene la ley sino los transitorios dice que al finalizar las concesiones que están vigentes ya no hay más, cuando debería precisar al renovación con ciertos términos y reglas. La ley es para nuevos operadores, y los que estamos aquí ya no vamos a seguir operando”, asentó.
Agregó que a siete empresas le corresponde renovar concesión este año, y otras más en 2024 y 2025, por lo que se irá viendo la afectación de manera gradual, dejándolos en la indefensión e incertidumbre, sobre todo porque ‘no está precisa la ley porque no hay reglamento’.

Uribe García dijo que procederán legalmente y seguirán levantando la voz, pero aclaró que no generarán ninguna afectación a los usuarios, a quienes continuarán brindando el servicio, e incluso, aseguró que están buscando la mejoría de las unidades con los pocos recursos que tienen.