Que Julio Luna lea la Constitución, aconseja Humberto Ortega
Por falta de capacitación y de conocimiento de la ley, las detenciones de personas con droga, dinero en efectivo y armas que realizan elementos a cargo del subsecretario de Seguridad Pública, Julio César Luna Carballo, terminen en liberaciones por parte de jueces de Control, a pesar de que la secretaria de Protección Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, las presume con “bombos y platillos”.
Humberto Ortega García, presidente del Frente de Abogados Jóvenes de Carmen, lamentó lo anterior, y señaló que más tardó Marcela en anunciar que al menos tres personas tenían armas y drogas, que en ser liberados por un juez al considerar ilegal las detenciones.
El principal problema —sentenció—, radica en que la seguridad en Carmen se encuentra en manos de un aprendiz de político (en alusión a Julio Luna), que de ser director de Desarrollo Social en la Administración de Enrique Iván González López, ahora tiene a su cargo la Subsecretaría de Seguridad Pública.
De entrada, consideró necesario que Luna Carballo lea la Constitución y después haga las detenciones conforme a derecho, de lo contrario, su jefa Marcela Muñoz seguirá quedando en evidencia y culpando a terceros de liberar a presuntos delincuentes.
Los actos de molestia deben tener ciertos requisitos que olvidan esos “pepos”, pues claramente se estipula que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, salvo por mandamiento escrito de la autoridad competente, lo que soslayan debido a su ignorancia, explicó.
Para tratar de justificar su pésimo trabajo —continuó Ortega García—, Marcela difundió recientemente en redes sociales que “gracias a un reporte del 911 en Carmen, logramos detener a sujetos que andaba con un juguetito 9 milímetros, al revisar a sus finísimos acompañantes, encontramos poco más de 60 dosis de piedra, andaban bien suministrados estos muñecos, por cierto ya están puestos a disposición de la Fiscalía. Ahí andamos al pendiente, cambio y fuera”.
Sin embargo, “tres doritos después, el juez Didier Arjona argumentó que si bien existió reporte de C5, en el cual se hizo de conocimiento que abordo de un vehículo del servicio de taxi iban tres personas armadas, también es cierto que al interceptar el vehículo sólo una persona llevaba un arma, la cual fue puesta a disposición de la FGR”.
Además, el juez enfatizó que mientras los imputados no cometían delito alguno al momento de su detención, pues si bien es cierto que les realizaron revisión corporal y les encontraron estupefacientes, también lo es que el hallazgo de droga fue posterior a la revisión del reporte, y fueron dejados en libertad.
Sólo dos personas —Ruggery L.S. y Henry I.M.M.—, fueron acusadas de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, variante de posesión simple, y otra enviada a la FGR por el arma de fuego.
Quedó demostrada la ignorancia de los “pepos”, pues no pudieron acreditar el supuesto de flagrancia que establece en el numeral 146 Fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, apuntó el abogado.
A manera de conclusión, podríamos decir que Julio Luna y la PEP quedaron como payasos, y cuando aprendan lograrán que a sus detenidos los sujeten a proceso, aseveró, y detalló que lo ocurrido está asentado en la carpeta judicial 114/22-2023/JC-II.
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