EXPEDIENTE | GOBIERNO LAYDISTA, A JUICIO POPULAR

La jornada comicial del próximo domingo será para los campechanos la oportunidad de evaluar, frente a las urnas, cómo ha sido el Gobierno de Layda Sansores. Los ciudadanos podemos o no, darle las herramientas para que mantenga al Congreso controlado y a los alcaldes sumisos y agachados, o podemos empezar a construir el cambio real que permita recomponer el caos en que actualmente nos encontramos.

Históricamente, Campeche no ha tenido gobiernos de contrapesos. Más bien, los gobernadores en turno han tenido el control absoluto del poder —Congreso a modo, Poder Judicial a su servicio, alcaldes emanados del mismo partido o serviles para obtener más recursos— lo que les ha conferido la facultad de hacer lo que les pegue en gana, y esto casi nunca ha beneficiado al ciudadano. O al pueblo bueno y sabio, como le llaman ahora.

Si bien es cierto que todos los gobernadores que ha tenido Campeche se han servido del poder, y sin excepción se han despachado con la cuchara grande en el manejo del presupuesto, hay que admitir que la Administración de Layda Sansores ha sido la peor de todas.

No sólo por la opacidad con que ha manejado más de 70 mil millones de pesos que le han aprobado como presupuesto anual, sino por la falta de resultados. A  casi tres años de iniciado su Gobierno, no hay una sola obra que justifique tal cantidad y que pueda presumir como su sello personal.

Es más, no hay obra pública. Todo lo que se ve en construcción es financiado con recursos federales, llegándose al extremo, como en el caso de la reconstrucción de algunas fachadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales, que la adjudicación se hace sin transparencia, sin licitaciones que acaten lo que manda la Ley de Obras Públicas, y con resultados que generan el escepticismo popular.

Véase el ejemplo del Parque Principal, que quedó peor de cómo estaba antes. O de lo que hasta ahora se ha hecho en una parte del malecón. Simulaciones y una manita de pintura para engañar bobos.

Y en los otros rubros de la Administración tampoco hay resultados. El campo está abandonado, y eso lo han sufrido los maiceros, los ganaderos, los apicultores, los horticultores, etcétera. La pesca está peor. Los artesanos se encuentran en el abandono, a las comunidades indígenas nadie las voltea a ver, y los créditos para incentivar la producción desaparecieron desde el 15 de septiembre de 2021.

No sólo no hay programas sociales de carácter estatal, sino que se canceló el programa de entrega de uniformes, mochilas, zapatos, tenis y computadoras a los alumnos de educación básica.

Y si el Poder Ejecutivo es absolutamente ineficiente, no es necesario un análisis a fondo respecto de los otros poderes para entender que están peor. El Congreso del Estado sometido totalmente a los designios de la gobernadora, y con prácticas corruptas para lograr la mayoría calificada.

Con votos de diputados sobornados se aprobaron las designaciones de los titulares de instituciones que han perdido la esencia que les dio origen. Como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es un parapeto para esquivar las solicitudes de información que los ciudadanos le plantean a las dependencias de Gobierno.

La Fiscalía Anticorrupción es la agencia de investigaciones contra los enemigos de la gobernadora, y la tapadera de los funcionarios estatales. La Comisión de Derechos Humanos no ha emitido una sola resolución en que se defiendan las garantías individuales de los ciudadanos y su papel en el conflicto de los policías contra Marcela Muñoz, terminó de reafirmar su entreguismo.

El Poder Judicial es la oficina de trámites de la gobernadora Sansores, para liberar órdenes de aprehensión contra sus adversarios políticos o contra todo aquél que se le ponga enfrente. En contraparte, esconde, congela y desecha los expedientes contra los integrantes del gabinete y contra Layda Sansores.

Vivimos pues, un Estado ineficiente. Fallido. De cero resultados y de mucha persecución política contra los adversarios. Así de grave es la situación que enfrentan los campechanos.

Habrá que ver entonces, si el sentir de los ciudadanos es para que esto siga así —o que empeore— o bien, que las cosas empiecen a recomponerse, por el bien de la ciudadanía, por el bien del Estado. Por el bien de Campeche.

Los sondeos ciudadanos en que se evalúa el desempeño de la gobernadora, han sido adversos con hasta 80 por ciento de reprobación desde hace dos años y medio para la corrupta e inepta Layda Sansores, por lo que se espera un resultado similar en los comicios del próximo domingo. 

En sentido estricto, el pueblo juzgó y reprobó a Layda desde hace tiempo. En 2021, más del 65 por ciento de los electores votó en su contra y no se espera que los números se modifiquen a su favor, a menos claro, que se recurra a todo tipo de triquiñuelas, compra de votos, acarreo de votantes, presión contra los beneficiarios de los programas sociales o incluso, actos de intimidación y terror para que la gente no acuda a votar.

Contra todo esto debemos estar preparados. Nadie debe evadir su responsabilidad de participar en este proceso de rescate de nuestras instituciones, derechos, libertades y progreso. Hay que recomponer la situación que impera en el Estado, y la única herramienta que necesitaremos es el voto libre y secreto, y la valentía de defender los resultados legales, no los fraudulentos.