FGR no investiga

MÁS DE 50 EJECUCIONES AL ESTILO SICARIAL EN 2022, SIN QUE EXISTAN DETENCIONES

La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), encargada a José Ignacio Coronel Cruz, investigó en el 2022 menos del uno por ciento de los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada asentada en la entidad campechana, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ese fue el comportamiento, pese a que el año pasado las autoridades registraron más de 50 ejecuciones al estilo sicarial, asaltos a plataformas petroleras, avistamiento de presuntas narcoaeronaves y aseguramiento en Candelaria de 533 kilogramos de cocaína, cuyo valor en el mercado negro supera los ocho millones de dólares, es decir, más de 160 millones de pesos.

A estos hechos se suman los decomisos de grandes cantidades de mariguana y narcóticos en diversas empresas de mensajería y paquetería, y varones asegurados con armas de fuego y droga en diversos Municipios.

De acuerdo al SESNSP y con base en la clasificación de la Incidencia Delictiva del Sistema Institucional de Información y Estadística (SIIE), así como de las carpetas de investigación reportadas, ha habido tres reclasificaciones de delitos federales, la última a partir del 2019.

Con base en esas cifras, de enero a diciembre de 2022 fueron integradas 517 carpetas de investigación por diversos ilícitos, de los que sólo el .77 por ciento fue por delincuencia organizada.
La dependencia federal sólo integró cuatro carpetas de investigación de las 517, tres más que en 2021. No se sabe cuántos fueron judicializados, el número de detenidos, ni la cifra que terminó con sentencia condenatoria.

El encargado de la Delegación de la FGR se ha negado a ser entrevistado por TRIBUNA, y no tiene autorizado a ningún personal para informar sobre los diversos temas de su jurisdicción. Incluso niegan que está en sus oficinas en cualquier horario que se le busque.

Del total de delitos, el de mayor incidencia —con 49 carpetas de investigación—, fue la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en segundo la transgresión a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con 37 expedientes ministeriales.
Le siguen la transgresión a la Ley de Vías Generales de Comunicación, con 33; otras leyes especiales —no referidas— que acumuló 27. En quinto sitio, la violación a la Ley de Migración, con 21 carpetas de investigación.

Por violaciones al Código Fiscal de la Federación fueron integrados 10 expedientes ministeriales, y cinco más por la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta clasificación quedan las cuatro carpetas de investigación iniciadas por otros delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y no “contra la salud”.

Por violentar las leyes de Instituciones de Crédito, Inversión, Fianzas y Seguros fueron tres, mientras por la Ley de Propiedad Industrial y Otros Delitos Previstos en la Ley General de Salud, una cada una.
No hubo ninguna carpeta de investigación por violación a la Ley Federal de Derechos de Autor y Contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo.

En otra clasificación federal, de enero a diciembre del año pasado fueron integradas 326 carpetas de investigación por delitos contemplados en el Código Penal Federal (CPF). El de mayor incidencia fue el de Patrimoniales, con 107. Le sigue Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, con 85.

En tercer sitio están los cometidos por servidores públicos, contra los que fueron integradas 48 carpetas de investigación. En cuarto lugar “otros delitos del CPF”, con 28; luego “falsedad” de acuerdo al artículo décimo tercero, con 17. Siguen los de “vías de comunicación correspondencia” con 14 expedientes ministeriales.

Sólo fueron integradas ocho carpetas de investigación por delitos “contra la integridad corporal”, al igual que en delitos contra la salud en su modalidad de transporte.

Al final quedaron seis carpetas de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de posesión, tres en transporte, una más por comercio y ninguna por producción ni suministro.

Renunciaron al menos 15 funcionarios; Se encuentra casi desarticulada la Delegación Campeche

Está prácticamente desarticulada la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), al no contar con peritos en fotografía, química, balística forense y medicina, que son vitales para integrar carpetas de investigación, e incluso para la certificación de las personas aseguradas por presunta comisión de ilícitos federales.

Los servidores públicos federales renunciaron, aparentemente en busca de mejoras salariales o porque regresaron a sus Estados de origen. El encargado de la Delegación de la FGR, José Ignacio Coronel Cruz, se niega a informar.

Fuentes no oficiales indicaron que para las diligencias del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación de la FGR, han tenido que pedir apoyo y/o colaboración a las delegaciones de Yucatán y Tabasco y/o a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam).

La falta de especialistas en la Delegación de la FGR se resiente desde hace cuatro años, y se agravó desde el primero de enero del 2023, cuando más peritos renunciaron. Se han dado de baja 15 servidores públicos, desde ministerios públicos federales, peritos, secretarios o policías con antigüedades de 10, 15, 20 y hasta 25 años.

La falta de personal afecta incluso la certificación médica, por lo que el poco personal del Ministerio Público pide apoyo a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), para este procedimiento cuando son asegurados por la Policía Estatal (PE) y/o a la Fgecam.

Esto afecta la integración de las carpetas de investigación y las puestas a disposición de los detenidos ante los jueces de control federal, lo cual favorece de alguna manera a los imputados, que suelen recobrar su libertad con facilidad.

El encargado de la Delegación de la FGR en Campeche no acepta ser entrevistado. Fuentes no oficiales indicaron que por oficios a la FGR en la Ciudad de México ha solicitado personal sin respuesta favorable. Al no contar con los servidores públicos federales suficientes, el funcionamiento es mediocre.