La suspensión de las actividades de fe pública en las notarías 27 y 28 de Campeche ha generado polémica, pues desde 2015 no se emitía una sanción de este tipo, a pesar de las múltiples quejas contra notarios. Mientras el gobierno estatal argumenta incumplimientos en la certificación obligatoria, el malestar crece en el sector jurídico, donde se sospecha que estas medidas no son fortuitas, sino parte de una estrategia para reconfigurar el mapa notarial y beneficiar a personas cercanas al poder.
Además, la administración de Layda Sansores impulsa una nueva Ley del Notariado, lo que aviva las dudas sobre una posible redistribución de notarías con tintes políticos. Aunque el discurso oficial habla de modernización, abogados y notarios ven en estas acciones una oportunidad para acomodar perfiles afines al gobierno. Mientras tanto, los ciudadanos con trámites pendientes en estas notarías quedan en la incertidumbre sobre el futuro de sus gestiones
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