Con derecho a matar

La corrupta y nefasta gobernadora Layda Sansores muestra su doble moral, al encubrir con su silencio cómplice a los presuntos homicidas de al menos cinco personas…

El sábado 22 de enero de 2022, el entonces funcionario de la Procuraduría Agraria con iniciales C.A.G.C., manejaba un vehículo oficial en completo estado de ebriedad, cuando atropelló a una familia que intentó atravesar el paso peatonal. Dos personas murieron en el lugar de los hechos, una menor falleció días después. El culpable huyó y jamás fue encarcelado, pese a que lo identificaron y ubicaron los familiares de las personas fallecidas.

El sábado 15 de junio del presente año, entre las 5 y las 6 de la mañana, Darián “S” y/o D.S.C.P., analista de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) manejando su vehículo en presunto estado de ebriedad,  atropelló y causó la muerte de una pareja que circulaba por el Periférico Pablo García y Montilla, y luego huyó. Abandonó su unidad unos kilómetros más adelante, en donde se localizó una credencial que lo identifica. Tampoco ha pisado cárcel y enfrentará su proceso en libertad, lo mismo que el exfuncionario de la Procuraduría Agraria.

El lunes 20 de mayo, Tirso “N”, identificado como yerno de un exgobernador priísta, manejaba su camioneta en estado de ebriedad cuando chocó contra la parte trasera de un camión de volteo. Su vehículo se incendió, dejando un saldo de una persona fallecida y otra lesionada. Aunque el responsable huyó, fue detenido y consignado días después.

Durante al menos dos emisiones de su programa “Martes del Jaguar” y de manera recurrente en sus redes sociales, la  corrupta y nefasta gobernadora Layda Sansores San Román se refirió a este caso exigiendo justicia de manera implacable, pues el suegro del presunto homicida imprudencial, fue el que le ganó las elecciones de 1997, que le provocaron un trauma existencial que aún no supera.

Nada ha dicho sin embargo, de los otros dos casos en que se vieron involucrados funcionarios de la 4T. Ninguna palabra, ninguna exigencia de justicia, ningún clamor para que se les aplique la ley, pese a que fueron culpables de cinco muertes.

Pareciera que los funcionarios morenistas tienen permiso para matar. O al menos para ser favorecidos por las instituciones de procuración  de justicia cuando se vean involucrados en accidentes fatales, sin importar el dolor que puedan causar en varias familias, y sin interesarse por lo menos en la reparación de los daños.

Así de inmoral es el Gobierno de Layda Sansores en Campeche. De esa manera selecta, partidista y sectaria se aplica la ley, no la justicia. Tampoco ha servido de nada la indignación popular. La impresentable Layda Sansores no escucha a la gente. Como buena salinista, no ve ni oye al pueblo…