Entregaron a normalistas al grupo criminal para su desaparición
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los normalistas de Ayotzinapa detenidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución.
Según la narrativa que la comisión presidencial para el caso Iguala compartió el lunes a familiares de los estudiantes en Palacio Nacional, y que ayer se hizo pública, la red entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y la delincuencia organizada, con grupos como Guerreros Unidos, fue un factor que facilitó y perpetró la desaparición forzada de los 43 jóvenes.
De acuerdo con el documento, elaborado con base en testimonios y análisis de comunicaciones, elementos del Ejército y la extinta Policía Federal, adscritos en Iguala, tenían vínculos con dicha organización criminal al momento de la desaparición de los normalistas.
“A partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos. Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con ‘Guerreros Unidos’ el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el entonces coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en EU, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, señala el documento.
En el informe se asegura que el capitán del Ejército, José Martínez Crespo, actualmente preso, participó en la entrega de los estudiantes al crimen organizado.
A partir de testimonios y análisis de comunicaciones, la Fiscalía del caso tuvo conocimiento de que el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, Francisco Salgado Valladares, instruyó a sus elementos a recoger a los estudiantes en la Comandancia de la Policía de Iguala (barandillas), para que los entregaran en Loma de Coyotes a los policías municipales de Iguala.
En dicha acción, se identificó la participación del capitán Martínez Crespo, señalado por un testigo con clave “Juan”.
Reprochan a AMLO
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al cumplirse nueve años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las madres y padres de los estudiantes reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de avances en el caso y la reticencia del Ejército para entregar información que han solicitado.
Tras marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo, los familiares de los normalistas anunciaron que mantendrán el plantón que instalaron la semana pasada en el Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y continuarán la investigación para dar con el paradero de los normalistas, la cual, señalaron, se encuentra en un momento difícil y crítico.
Frente a Palacio Nacional, Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de los normalistas, rechazó de manera tajante la narrativa de hechos que les presentó el lunes la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Es una narrativa que incorpora elementos y datos de la mal llamada verdad histórica, de una investigación que ha sido cuestionada y que fue hecha pedazos por distintos organismos internacionales e informes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Rosales Sierra calificó como una sorpresa que el Gobierno del presidente López Obrador haya retomado elementos de la verdad histórica, tales como afirmar que los normalistas estaban coludidos con el crimen organizado.
Afirmó que tampoco aceptan la narrativa presentada, porque reduce la responsabilidad de los hechos al ámbito municipal de Iguala, Guerrero, exonerando al Ejército.
“Hoy, la investigación se encuentra estancada porque este Gobierno lejos de ponerse de lado de las víctimas se ha colocado de lado de las instituciones, particularmente del Ejército, un Ejército que de acuerdo a los archivos que revisó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, por el propio Alejandro Encinas, se desprende que había militares que dieron seguimiento a los estudiantes desde su arribo a Iguala”, subrayó.
Reconoce diferencias con padres de los 43
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— En lo que parece ser su desencuentro más grave en cinco años de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció diferencias con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y acusó al abogado Vidulfo Rosales de “exagerar”, al señalar que la narrativa del Gobierno Federal se acerca a la llamada “verdad histórica” construida en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ayer, al cumplirse nueve años de la desaparición de los jóvenes, y al acusar que no le tenía “mucha confianza a los intermediarios”, el Mandatario instruyó que se hiciera pública la carta que envió a los padres de familia, así como el informe elaborado por la Sedena con la nueva relatoría sobre el caso, que no quisieron recibir en la reunión del pasado lunes en Palacio Nacional.
“El abogado salió a decir —desde luego, respeto su punto de vista, no lo comparto— que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada ‘verdad histórica’. Creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad.
“Me llamó la atención también, ¿por qué no lo recibieron [el informe]?; a mí me interesa que las madres, los padres, conozcan todos los documentos, porque no le tengo confianza a los intermediarios”, dijo.
“No es culpar por culpar, no es nada más: ‘Fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto, y vamos a actuar con rectitud, no somos iguales”, insistió.
López Obrador afirmó que su Gobierno está en la disposición de ayudar en lo que sea para que se llegue a conocer el paradero de los jóvenes, pero advirtió que no aceptará y no se quedará callado si se quiere manipular este caso, “aunque sea el abogado y sea el GIEI o el Prodh, cualquier organismo, porque por encima de todo debe de estar la verdad”.
Tras recalcar que “no hay más”, el Presidente comentó que su Gobierno ya entregó toda la información disponible y salió en defensa del Ejército otra vez.
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