EXPEDIENTE | ALERTAN POR COBRO DE DERECHOS DE PISO

No hay que pasar por alto la advertencia del mismísimo secretario de Desarrollo Económico, el yucateco Fernando Gamboa Rosas, acerca del grave incremento de la delincuencia organizada en la entidad, que ha traído como consecuencia que grandes empresas sean extorsionadas para el pago del “derecho de piso”.

Mientras la desorientada gobernadora Layda Sansores insiste que en Campeche vivimos en el paraíso de la seguridad y de la paz, y su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz repite como guacamaya que estamos bien y que cada día se detiene a más delincuentes, los empresarios encendieron las luces de alerta sobre la exigencia de pagar “derechos de piso”.

Terca, soberbia y encerrada en sus nubes de fantasías, la atolondrada gobernadora Layda Elena Sansores San Román porfía que Campeche es un Estado seguro, pero la realidad contradice con dureza su discurso.

En reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Gamboa Rosas reveló que representantes de Walmart México se comunicaron con él para solicitar ayuda. “Nos pidieron auxilio porque les están exigiendo un derecho de piso que no están dispuestos a pagar”.

No se ha precisado si ese “derecho” es el que acostumbraba exigir el “Seso Loco” en la Alcaldía Álvaro Obregón, cuando su tía fue alcaldesa (según grabaciones difundidas por los afectados), o si el cártel protegido por Marcela y su corrupta jefa, ya expandió el negocio y se metió de lleno a “vender protección y seguridad” a las grandes empresas.

Lo que sí es cierto es que el expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor Manuel Burgos Pech, confirmó la práctica de extorsión y cobro de derecho de piso que enfrentan los empresarios en Campeche.

Burgos reveló que sufrió un intento de extorsión, donde le advirtieron sobre el ingreso del Cártel Jalisco Nueva Generación a la plaza, exigiendo una cooperación monetaria.

¿Qué ha dicho al respecto la inepta mandataria? Absolutamente nada. No solamente no secundó la advertencia de su colaborador Fernando Gamboa Rosas y la confirmación del empresario Burgos Pech, sino que obstinada y terca con difundir sus mentiras, sostuvo que las encuestas del Inegi ubican a Campeche y Carmen “con alta percepción de seguridad”.

Sin embargo, y sólo como dato estadístico, podemos precisarle que la encuesta sobre “Percepción social sobre inseguridad pública por área urbana (ciudad) de interés”, realizada por el Inegi en septiembre pasado, señala que en Campeche el 46.3 por ciento de los encuestados se siente inseguro, y en Carmen es el 57.2 por ciento, con lo que se rebasa el promedio nacional.

Si una empresa transnacional como Walmart acusa cobro de derechos de piso, y la gobernadora calla, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes que no tenemos el capital ni el personal necesario para defendernos?

¿Ignora acaso la gobernadora que ese tipo de extorsiones a las grandes empresas que generan empleos y colaboran para el crecimiento económico de una región, son los que propician que las inversiones se alejen?

Su mentecatez en defender la ineptitud, incompetencia, incapacidad y corrupción de su íntima amiga, la guanajuatense Marcela Muñoz, que está entercada en detener motociclistas y perseguir a funcionarios públicos municipales para asegurarles sus vehículos por cualquier excusa, ha acabado con la paz y la seguridad de Campeche y los campechanos.

Los estragos que esto causa en la tarea de atraer inversiones a nuestra entidad se acentúan por la indiferencia, pasividad y valemadrismo de la inepta gobernadora, que niega el aumento de la delincuencia para no reconocer el fracaso de su amiga Marcela, cuyos nulos resultados obligan a su cese inmediato. ¿Ese lazo que las une es más importante y valioso, que el bienestar, la salud y la paz de los campechanos?