Adrián López Ortiz (*)
En 2022 se documentaron 22 mil 575 casos de personas desaparecidas en México. Es la cifra más alta para un año desde que se tiene registro de estos delitos.
Esta semana, el Inegi reveló datos preliminares sobre los homicidios sucedidos en México durante el año pasado. De acuerdo con las cifras oficiales, de enero a diciembre de 2022 hubo 32 mil 223 homicidios dolosos en el país, lo que significa una reducción de 9.74% con respecto a 2021. Nada despreciable, sobre todo si consideramos que en 2021 también se produjo una reducción de 2.92% con respecto a 2020.
Con estos datos, el promedio diario de asesinatos se ubicó en 88.28%, 12 homicidios menos por día que en 2018, cuando López Obrador asumió la Presidencia de la República. Al respecto, el Presidente atribuyó la reducción al trabajo diario del gabinete de seguridad y enfatizó que la “estrategia de atender las causas que originan la violencia” comenzaba a mostrar resultados. Aprovechó también el dato para arremeter contra sus adversarios.
¿Es esto así?, ¿la reducción de homicidios obedece a la estrategia de seguridad y los programas sociales?, ¿estamos ante un cambio de comportamiento definitivo?.
Me gustaría decir que sí, pero la respuesta es que no sabemos. Básicamente por dos razones, la primera tiene que ver con cómo contamos los homicidios y con la relación de esa violencia con otras violencias que muchas veces son también homicidas, en específico la de las personas que desaparecen y nunca son encontradas.
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2022 se documentaron 22 mil 575 casos de personas desaparecidas en México, de las cuales permanecen sin localizar el 41%, que equivale a 9 mil 286 casos. Es la cifra más alta para un año desde que se tiene registro de estos delitos. Otro 4%, 932 casos, fueron hallados sin vida durante 2022.
El dato obliga a pensar si estamos ante una reducción real de los homicidios o ante un problema más complejo que incluye una evolución de la violencia homicida hacia otras dinámicas, dónde se nos sustituyen los asesinatos por desapariciones y fosas clandestinas y dónde no queda claro cuál es el rol de criminales y autoridades involucradas.
Cabe señalar, además, que los delitos relacionados con la desaparición de personas presentan una gran cifra negra, mientras que los homicidios se investigan de oficio. Con esos datos, el sexenio de López Obrador acumula más de 36 mil personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa poco más del 30% del total a nivel nacional desde 1970. Durante 2022, en México desaparecieron 25 personas diarias, pero de ellas no se dijo una sola palabra durante la conferencia matutina.
En segundo lugar, habría que matizar para ver la reducción de homicidios en términos absolutos desde una perspectiva más compleja y comparativa. Sin dejar de reconocer que el cambio de tendencia en la curva de asesinatos es relevante y prometedor, la violencia homicida que México sufre sigue muy lejos de los estándares internacionales para considerarlo un país pacífico.
Con una tasa de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa de México es prácticamente diez veces mayor que la de 2.6 que promedian los países de la OCDE. De hecho, en México sólo Yucatán está por debajo de ese dato con 2 homicidios por cada 100 mil habitantes. El extremo negativo es Colima, que en 2022 registró una tasa descomunal de 113 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En suma, el Gobierno de López Obrador parece —y digo “parece” porque es muy pronto y aún no tenemos evidencia de una correlación entre la “estrategia” y la “reducción”— haber contenido la violencia homicida que heredó en niveles históricos, lo que no quita que será el sexenio con el mayor número de homicidios acumulados de la historia moderna de México.
La pregunta es si la tendencia decreciente será posible de sostener en los próximos años y, especialmente, tras el cambio de gobierno que se espera en 2024. Sólo así sabremos si el abordaje actual funciona.
Y sobre todo, si será capaz de reconocer y encontrar una estrategia extraordinaria para atender esa otra violencia que es ya una crisis humanitaria reconocida a nivel internacional: la de 110 mil personas desaparecidas y sus familiares que las buscan. Un problema que no ha dejado de crecer desde que López Obrador asumió la Presidencia y a cuyas víctimas directas e indirectas su Gobierno ha sido incapaz de ofrecer justicia.
(*) Adrián López Ortiz es periodista y director del diario Noroeste.
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