Según imágenes satelitales, también devastaron casi 7 mil hectáreas
CANDELARIA.— Perla Rubí Garduza Pablo, ama de casa del ejido Paraíso Nuevo, Campeche, suspira tras la pregunta: ¿Qué opina de la declaración del Presidente sobre que no se iba a tirar un solo árbol? El cielo nublado sobre nosotros, ruge, anticipando la lluvia y su respuesta: “¡Es mentira! A nosotros nos han dañado la flora, fauna y nuestra vida”, exclama molesta por el paso del Tren Maya por su comunidad.
La devastación que atestiguan en el ejido Paraíso Nuevo se repite a lo largo de otros territorios. De acuerdo a un análisis de imágenes satelitales realizado por CartoCrítica, para junio de 2023 se han deforestado seis mil 659 hectáreas en la Península de Yucatán por la construcción del Tren Maya.
CartoCrítica enfatizó que de esta área, cinco mil 769 hectáreas fueron desmontadas ignorando la legislación ambiental, pues no se promovieron ni autorizaron cambios de uso de suelo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Un equipo de Avispa Midia visitó el ejido Paraíso Nuevo, correspondiente al Tramo 1 del tren. Los pobladores refieren que las consecuencias negativas del megaproyecto no son cosa del futuro, sino algo que han vivido desde hace tres años, cuando en plena pandemia de Covid-19 inició la construcción.
Joel Jiménez es uno de los 300 habitantes de este ejido, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Candelaria, donde se construye una estación del tren. De ocupaciones talabartero y pastor evangélico, él fue una de las personas que comenzó los reclamos ante los perjuicios desde el inicio de las obras.
“En ese tiempo estuvieron tirando cal, toda la gente salió enferma de las vías respiratorias. Había ancianitos que los sacaron de urgencias. Se juntó lo del Covid con lo del tren, eran tiempos que ya no sabías ni qué hacer”, complementa Rubí.
“Según la información que se daba, era un proyecto de mucho progreso”, rememora el pastor. Sin embargo, afirma que la afectación a su comunidad y la naturaleza es a gran escala y enlista: la pérdida de miles de árboles maderables, desaparición de fauna, así como el engaño sobre ofertas de trabajo para los jóvenes de la localidad.
A este escenario se suma la militarización de la comunidad. Como si escoltaran las vías férreas, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) irrumpen en la dinámica comunitaria. “Están aquí en el pueblo, ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, asevera el pastor, quien detalla que permanecen desde enero del 2023 tras el desalojo violento de las y los pobladores que mantenían un plantón en el sitio de las obras del tren.
SEPARADOS
Para los pobladores de Paraíso Nuevo, el principal problema es que al pueblo lo dividen las vías del tren. “Nos dividieron”, sentencia Rubí, pero su descripción no se limita a la cuestión social.
Las obras del Tren Maya acentuaron la separación de la comunidad, dificultando el libre tránsito de sus pobladores, acostumbrados a cruzar a pie por las vías férreas que ya existen en el pueblo, y que los comunitarios atraviesan para asistir a las escuelas, consultar médicos y obtener insumos básicos.
Mientras el paso del Tren Maya será por medio de un terraplén, de acuerdo a los habitantes de Paraíso, el cruce por las vías ya existentes será restringido por una valla cuando comiencen las operaciones del megaproyecto.
Por esta razón, sus habitantes demandaron la construcción de tres puentes para asegurar el cruce de todos los habitantes, pues de acuerdo a su ubicación, muchos tendrán que desplazarse hasta un kilómetro para atravesar el poblado.
Pese a las promesas iniciales, sólo fue construido un puente elevado, de casi tres metros. “Aquí tenemos personas en sillas de ruedas, ancianos, niños. El Presidente no se está poniendo a ver las afectaciones que nos causan como pueblo”, sostiene Rubí.
El pastor Joel Jiménez menciona que en reiteradas ocasiones solicitaron a los responsables de la construcción los puentes para la seguridad de la comunidad. Para justificar su no construcción, “un ingeniero se atrevía a decirme, ‘es por causa de dinero, un puente por toda la vía nos sale en 50 millones de pesos, y así, transversal, nos sale en 20 millones’, o sea, ¿ellos se quieren ahorrar 30 millones de pesos a costilla del pueblo?”, reclama Jiménez.
Estrategias para la imposición
Acorde a Perla Rubí Garduza Pablo, fueron varias las estrategias que funcionarios del Gobierno utilizaron para la imposición del megaproyecto. Una de ellas, repetida en lugares como Candelaria, en Campeche, y Bacalar, Quintana Roo, donde no se consultó a la población, fue negociar la autorización para las obras exclusivamente con los ejidatarios, pese a que su presencia en Paraíso Nuevo es casi nula.
“Los ejidatarios que viven aquí son cinco. La mayoría vive en Candelaria, en Ciudad del Carmen, en Campeche. Eso era lo que la población peleaba, a ellos se les pagó cuando no tenían por qué, pues no les perjudicaba”, contextualiza Rubí, debido a que los ejidatarios recibieron un pago por indemnización por su permiso para las obras.
Ella cuenta que los pobladores, sorprendidos, se molestaron cuando vieron entrar la maquinaria pesada tras el acuerdo entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los ejidatarios. Su primera reacción fue enviar escritos a las autoridades locales para exigir beneficios en su comunidad a cambio de otorgar el permiso para las obras.
El pastor señala que siempre expresaron su inconformidad a las autoridades y funcionarios sobre el perjuicio ante la restricción de su movilidad. Incluso enviaron una comisión a la Ciudad de México para exigir la atención a sus demandas, pero no hubo respuesta. Por esta razón, la población se movilizó para realizar un plantón y detener las obras. (Con información de la agencia Desinformémonos y Avispa Midia).
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