Es ilegal y oscura Ley de Movilidad

De aprobarse vía fast track, los transportistas promoverán controversia constitucional

Al condenar que la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Vial que promueve la gobernadora Layda Sansores San Román es anticonstitucional, y pago de favores al grupo ADO por apoyarla en su campaña de 2021, transportistas locales advirtieron que si el grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el Congreso la aprueban ‘fast track’, recurrirán al amparo, e incluso, promoverán controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reunidos en la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) exigieron al presidente del Congreso y coordinador de la bancada morenista, el veracruzano diputado plurinominal Alejandro Gómez Cazarín, respetar los acuerdos tomados en la reunión con legisladores integrantes de la Comisión Especial de Movilidad, que preside la también morenista Landy Velázquez May, y llevar el análisis y la discusión de la propuesta a parlamento abierto.
Encabezados por el representante de los transportistas locales, Enrique Uribe García, del presidente y secretario del Trabajo del Movimiento Nacional Transportista (MNT), Román Acuña Estrada y Jorge Escobedo Pan, recordaron que incluso el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez, reconoció las ‘lagunas’ en la iniciativa y aceptó analizar las observaciones.
Junto a representantes de cooperativas del transporte público urbano, colectivos y taxis, Escobedo Pan condenó que Gómez Cazarín diga ‘no’ al parlamento abierto, contradiciendo y rompiendo el compromiso de Velázquez May, ya que este proyecto de ley no es puntual, claro, específico, y sí confuso y ambiguo, y no puede aprobarse así, por lo que se tiene que estudiar y debati, sobre todo el artículo 135, que aparezca en el glosario la palabra ‘concesionario’, y los transitorios segundo y cuarto que buscan fenecer las concesiones de transportistas.
“Es anticonstitucional, porque ya existimos en la ley, tenemos derechos adquiridos y no nos pueden desaparecer. Que nos diga Gómez Cazarín, de todos los foros y propuestas que se hicieron ¿cuál de todas aparece en el proyecto del ley? Ninguna”, repudió, y alertó que buscan incluir toda la normativa en un reglamento que no será votado por los legisladores, porque le compete única y exclusivamente a la gobernadora, y agregó que el servicio seguirá siendo deficiente, si el Instituto Estatal del Transporte (IET) no cumple con sus obligaciones.
Si se toma una decisión lesiva para el gremio, amenazó, vamos a actuar en consecuencia, porque ante las instancias legales, la Constitución nos ampara. La razón jurídica está de nuestro lado, porque esa ley no nos da certeza jurídica, y somos más de 15 mil familias que dependemos de este servicio.
Acuña Estrada recriminó que esta ley no se armoniza con la promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y además extingue la ley vigente, lo que anularía la antigüedad que tienen con sus concesiones, entre otras afectaciones, y acusó que buscan imponerles un reglamento a modo, abriéndole paso con todas las facilidades al proyecto Mobility ADO.

ES PAGO DE FAVORES
“Hay compromisos adquiridos en campaña, que es la razón del pago ahora con Mobility ADO para que entre en todo el Estado, tanto locales como foráneos y urbanos, aquí como en Ciudad del Carmen, y nosotros no podemos competir con un monstruo, porque somos concesiones individuales, no monopolio”, precisó.
Uribe García asentó que la propuesta de Sansores San Román no tiene certeza jurídica, y para que los transportistas puedan adquirir nuevas unidades y crear un nuevo sistema de transporte, es necesario que en la ley se plasmen los mecanismos económicos necesarios para poder hacerlo, como ocurre en los demás Estados del país.
A nosotros como transportistas locales no nos dan esa certeza jurídica, pero estamos seguros que sí se lo van dar al grupo ADO a través del reglamento donde no podremos meter las manos ni realizar ninguna observación, reprochó, y exigió una ley clara, que garantice los derechos de todos, taxis, combis y urbanos, ya que esta iniciativa contiene ‘lagunas’ y partes ‘oscuras’, ‘y que se vea que el Gobierno del Estado quiere trabajar con los transportistas locales para mejorar el servicio’.
Los transportistas insistieron en que la propuesta sea analizada y discutida en parlamento abierto, al reiterar que, si el Congreso del Estado la aprueba tal cual está, sin tomar en cuenta a los transportistas y especialistas en el tema, recurrirán al amparo, e incluso a la Corte. No nos vamos a dejar, subrayó.

Aumentó en 81% ADO sus tarifas a las comunidades

Con la complacencia del Instituto Estatal del Transporte (IET) y del Gobierno del Estado, el grupo ADO a través de su filial Autobuses del Sur, incrementó en 81 por ciento la tarifa a las comunidades rurales del Municipio como San Francisco Kobén, Hampolol, Bethania y Chemblás, pues de 11 pesos ahora cobra 20 pesos por persona y sin derecho a subir huacales u otro cargamento.

Con la complacencia del Instituto Estatal del Transporte (IET) y del Gobierno del Estado, el grupo ADO a través de su filial Autobuses del Sur, incrementó en 81 por ciento la tarifa a las comunidades rurales del Municipio como San Francisco Kobén, Hampolol, Bethania y Chemblás, pues de 11 pesos ahora cobra 20 pesos por persona y sin derecho a subir huacales u otro cargamento.
Comerciantes de la principal central de abasto en la capital del Estado y usuarios, afirmaron que sólo un camión presta por ahora el servicio de traslado, y consideraron excesivo el costo del pasaje, tomando en cuenta que la mayoría de los habitantes de esas comunidades es gente de escasos recursos.
Es mucho el cobro de 20 pesos, porque hay adultos mayores que vienen a vender al mercado lo poco que siembran en sus pequeñas predios, y apenas sacan para la comida. De ida y vuelta son 40 pesos, y si sólo venden 50, sólo les quedan 10 pesos”, comentó doña Leticia, de Hampolol.
Estudiantes se quejaron, antes de abordar la unidad de ‘El Sur’, que algunos vienen a sus escuelas con sólo 50 pesos, por lo que ahora tienen que levantarse más temprano para desayunar en sus hogares o quedarse sin comer nada, porque apenas les alcanza para el transporte.
Otros más fueron directos y culparon al Gobierno de Layda Elena Sansores San Román de ‘darle en la madre’ al transporte en la ciudad, y alertaron que es lo que quiere hacer en todo el Estado, que el grupo ADO entre y cobre las tarifas que quiera, sin importante la ciudadanía.
Una unidad de la línea ‘El Sur’, perteneciente al monopolio ADO, ocupa el paradero en el mercadol ‘Pedro Sáinz de Baranda’ que antiguamente utilizaban los camiones del Transporte Urbano Municipal (TUM) a cargo del Ayuntamiento de Campeche, luego Protur y José María Morelos y Pavón, a los cuales no se les dejó seguir operando para favorecer al monopolio transportista.