LAYDA SANSORES: CINCO AÑOS DE PODER, CENSURA Y CONFRONTACIÓN EN CAMPECHE | LA SILLA ROTA | POR: OTILIA CARVAJAL

Un estado en que la única ley es la voluntad de la titular del Poder Ejecutivo es la herencia de Layda Sansores, quien llega al ocaso de su mandato con múltiples frentes abiertos, el último, con su sobrino, quien se registró como aspirante a sucederla pero fue criticado por la gobernadora

Una noche de finales de abril, Layda Sansores entró al estadio Nelson Barrera con un vestido negro y el uniforme de los Piratas de Campeche: chamarra, gorra y el cabello rojo bermellón alineado con los colores del equipo.

Desde las gradas sonó la rechifla. Los abucheos crecieron conforme avanzaba sobre el campo. Pero ella no se detuvo.  Sonrió casi histriónica, levantó las manos y lanzó besos al aire como si el rechazo formara parte del espectáculo.https://geo.dailymotion.com/player/x8bic.html?playlist=x7g1kr#amp=1

La escena traduce el sentimiento popular hacia esta política de 80 años, acostumbrada a convertir la confrontación en escenario y el agravio en combustible.

A cinco años de asumir el poder, la gobernadora de Campeche se acerca al ocaso de su mandato envuelta en tormentas: conflictos dentro de Morena, censura contra periodistas, uso del Poder Judicial del estado para perseguir a los periodistas incómodos, confrontaciones con policías estatales, y una política de persecución contra todo aquel que considere adversario, ya sean de partidos opositores o hasta del suyo.

Caracterizada por sus formas irreverentes, y su muy particular manera de ejercer el poder, mediante regalos a pobres, atenciones a personas vulnerables frente a las cámaras, la mandataria no pierde oportunidad de lucir relojes y joyas Cartier con valores que pueden rondar el medio millón de pesos por pieza, mientras viste huipiles típicos del estado.

La joyería de la línea “Panthère”, que suele usar la mandataria, evoca a un jaguar, animal que Sansores convirtió en símbolo de gobierno, emblema político y tótem personal.

La lógica del jaguar, territorial, solitario e implacable, terminó por definir la relación de Sansores con opositores, periodistas e incluso con su partido.

Durante los últimos 53 años, la maestra de profesión ha acumulado cargos públicos al mismo ritmo que propiedades. En su declaración patrimonial de 2025 reportó cuatro casas, cuatro departamentos, seis terrenos, un predio rústico y un local comercial: 16 inmuebles en total.

Entre ellos destaca una casa adquirida en 1978 con valor superior a 11 millones de pesos. En contraste aparece un departamento comprado en 2020 con un valor reportado de apenas 47 mil 744 pesos.

Compró seis propiedades entre 2016 y 2017, periodo en que no ocupó ningún cargo público, luego de perder la elección por la gubernatura frente a Alejandro Moreno, quien años después se convertiría en uno de los principales objetivos políticos de su administración.

Sansores ha sabido mimetizarse con el partido en el poder a lo largo de su trayectoria. De origen priista su padre, Carlos Sansores Pérez “El Negro”, fue gobernador de Campeche, permaneció tres décadas en el PRI.

Después transitó brevemente por el PRD. Más tarde dio el salto a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, partido que abandonó tras más de una década para integrarse a Morena, de la mano de Andrés Manuel López Obrador.

La llegada al poder

El triunfo de Layda Sansores en la elección por la gubernatura de Campeche se definió por apenas 5 mil 878 votos frente al candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández.

Aunque la oposición impugnó los resultados y se realizó un recuento total de votos, el Tribunal Electoral únicamente anuló 18 casillas que no modificaron el resultado final.

Apenas instalada en el poder comenzó a delinearse el tono de su gobierno.

En 2022, la Fiscalía estatal, encabezada entonces por Renato Sales, obtuvo una orden de aprehensión contra Eliseo Fernández por presunta malversación de 50 millones de pesos durante su gestión como alcalde de Campeche entre 2019 y 2021.

También fue inhabilitado por 20 años para ocupar cargos públicos.

La orden de captura nunca se cumplimentó y el político salió del país durante varios años.

En la elección de 2024 intentó competir por un escaño en el Senado, pero el Tribunal Electoral declaró improcedente su candidatura al considerarlo prófugo de la justicia.

Hoy, Eliseo Fernández vuelve a perfilarse como una de las principales cartas de Movimiento Ciudadano rumbo a la elección de 2027, según fuentes del partido en el estado, quienes confían en superar los obstáculos legales para su eventual candidatura.

En diciembre de 2025, el excandidato reapareció públicamente tras su exilio al asistir a una posada privada organizada por el ayuntamiento de Campeche. Frente a militantes planteó incluso la posibilidad de buscar una alianza con el PRI rumbo a los próximos comicios.

Desencuentros y descontento

Las afrentas al gobierno de Sansores comenzaron a multiplicarse desde distintos frentes: la oposición, los policías estatales e incluso legisladores de Morena que terminaron rebelándose dentro del Congreso local.

Las acusaciones de autoritarismo, censura y persecución política empezaron entonces a describir al gobierno estatal.

La confrontación con la prensa escaló en 2025.

Ese año, Layda Sansores presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra Organización Editorial del Sureste, editora del diario Tribuna, y contra el periodista Jorge González Valdez, veterano comunicador de 71 años, por presuntos delitos de calumnia, difamación, discurso de odio e incitación al odio.

González llevaba retirado desde 2017, luego de más de tres décadas como director del diario. Aunque la columna señalada no estaba firmada, el proceso legal iniciado por la gobernadora se enfocó en su contra.

A partir de ahí comenzó una batalla judicial.

En abril, el periodista fue detenido con violencia por presuntas faltas a la autoridad luego de intervenir en defensa de un motociclista arrestado por no portar documentación en regla. Permaneció 36 horas en los separos.

El 13 de junio, en un hecho sin precedentes recientes en el país, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista y le impuso como medida cautelar no ejercer el periodismo durante dos años. También ordenó el cierre del portal de Tribuna por el mismo periodo.

En un procedimiento paralelo, un juzgado civil impuso además una multa de dos millones de pesos al periodista, por una denuncia por daño moral en su contra, presentada por el director estatal de Comunicación Social del gobierno estatal, Whalter Patrón.

El diario permaneció cerrado varias semanas, poniendo en pausa medio siglo de presencia periodística en Campeche.

Fue hasta el 9 de julio cuando un Tribunal Colegiado concedió una suspensión provisional de las medidas cautelares al considerar que “no hay motivos razonables y proporcionales que determinen la necesidad de la medida, con esa extrema restricción”.

Eso permitió al medio retomar actividades.

Días después, sin embargo, la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May modificó las medidas cautelares y ordenó colocar un “censor” designado por el Tribunal Superior de Justicia para revisar contenidos relacionados con la gobernadora antes de su publicación.

A Jorge González también se le prohibió publicar cualquier información relacionada con Layda Sansores.

Organizaciones nacionales e internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa expresaron “profunda alarma” ante el resurgimiento de mecanismos de censura materializados en decisiones judiciales, reformas regresivas y presiones contra medios independientes.

Para Jorge Javier Romero, investigador de la UAM Xochimilco y articulista, el sexenio de Sansores terminará marcado por una política de censura hacia los medios locales.

“Campeche tiene una larga tradición de sumisión de los medios al poder estatal. Con el cambio político también cambiaron los alineamientos y el financiamiento”, explicó.

La persecución a González, a quien el Poder Judicial decretó un embargo precautorio de su casa, para garantizar el pago de dos millones de pesos, hizo que veteranos comunicadores del estado recordaran la vena autoritaria asociada al apellido Sansores.

Víctor Améndola, quien fue representante del PRD ante el Instituto Electoral local, recreó en el diario Tribuna un episodio similar, en el que Carlos Sansores, exgobernador, amagó a un columnista por publicar textos que Layda, su hija, consideró ofensivos y no paró hasta callar al periodista que incomodó a su familia.

“Barrera Ortegón escribía ‘Expediente’… se publicaba cada domingo, hasta que un día llegó Carlos Sansores Pérez, pistola en mano, y en la puerta de su casa lo amenazó de muerte. Días antes, la hoy gobernadora lo había abofeteado en un restaurante.

“Barrera dejó de escribir ‘Expediente’. En lugar de los comentarios en la plana entera, esta se publicó en blanco durante un tiempo con una sola leyenda, en la que el periodista solicitaba la aplicación de la justicia. Barrera falleció en 2001 sin que las autoridades asumieran sus tareas”.

La rebelión de policías

“Por los desterrados, por los vulnerables, por mis amigos policías”, prometió Layda Sansores el día que rindió protesta como gobernadora.

Cinco años después, integrantes de las corporaciones de seguridad también se involucraron en una disputa con la gobernadora.

La protesta de policías estatales estalló tras un motín en el penal de San Francisco Kobén, en marzo de 2024, donde 30 elementos resultaron lesionados.

Los uniformados acusaron que fueron enviados sin el equipo necesario para enfrentar la emergencia.

“Mejor que vaya la mamá de cualquiera de ellos, porque yo no voy a ir”, respondió Sansores ante las protestas.

Días después anunció la destitución de nueve elementos.

La protesta policial se extendió durante 104 días para exigir la renuncia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez.

Finalmente, en julio, los policías desistieron y solicitaron reincorporarse a sus labores bajo la condición de no sufrir represalias.

Fabricación de culpables

Sansores no se ha detenido cuando se trata de frenar a quien no está de acuerdo con ella. Es el caso de José Alberto Abud, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, con quien rompió porque el responsable de la casa de estudios se negó a incorporar a la nómina a recomendados de la exsenadora y exalcaldesa en Álvaro Obregón.

Posteriormente, em 2024, el rector se negó a prestar las instalaciones de la Universidad para que se llevaran a cargo mítines de Morena; esa gota colmó el vaso de la mandataria campechana, quien no se detuvo hasta que Abud fue detenido por presunta portación de drogas en un episodio lleno de irregularidades.

De acuerdo con el reporte oficial, un policía de tránsito lo detuvo y, al hacer una revisión, encontraron un sobre con cocaína.

El investigador fue destituido por el Consejo de la Universidad, que sesionó de madrugada para nombrar a la contadora y notaria pública Fanny Guillermo.

El proceso contra Abud se cayó porque la Fiscalía del estado no pudo demostrar que las supuestas drogas se encontraban en el vehículo ya que las cámaras corporales de los policías no servían.

“Es, sin duda, una de las peores herederas de la tradición autoritaria mexicana que hoy está reencarnando en Morena”, remató Jorge Javier Romero.

En febrero, cuando aún no se apagaba el escándalo por la persecución a Abud, la gobernadora abrió otro frente, ya que la Fiscalía detuvo a una persona durante el Carnaval porque portaba una máscara, además de una playera con el sobrenombre del sobrino de la mandataria, Gerardo Sánchez Sansores, a quien impulsa para que la suceda, apoyado por el Partido del Trabajo.

El joven que usaba la botarga fue acusado de “causar escándalo” y “faltas a la autoridad”. El acusado, quien padece una discapacidad, tuvo que pagar una multa de cuatro mil pesos a fin de evitar la cárcel.

El martes pasado, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora, se registró como aspirante a coordinador de defensa de la transformación, la figura que Morena y sus aliados crearon para que sus simpatizantes busquen la candidatura a los gobiernos estatales.

Si bien se inscribió como representante del PT, el sobrino y exasesor de la gobernadora, fue colaborador del gobierno y en una emisión del programa “Martes del jaguar”, Sansores dijo que lo quería mucho y lo consideraba su hijo.

La semana que terminó, en vísperas del arranque del registro, Sansores declaró que la decisión de su sobrino la había tomado por sorpresa porque él militaba en Morena y súbitamente abandonó el partido para pasarse al PT.

“Él estaba colaborando con nosotros, nunca firmó un documento pero él aportaba sus ideas”. Luego pidió a sus paisanos no confundirse porque no es su madrina política. No obstante, su familiar fue uno de los dos aspirantes que obtuvo registro. 

Tiempos oficiales para atacar

 Ante las críticas, Sansores creó su propia trinchera mediática e intentó replicar las conferencias mañaneras de Palacio Nacional mediante un programa semanal bautizado como “Martes del jaguar”.

Ahí suele exhibir conversaciones filtradas de adversarios políticos, acusar a periodistas y también arremete contra figuras de Morena.

Durante meses dedicó amplios segmentos a atacar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, difundiendo audios sobre presuntas operaciones financieras, campañas y negocios inmobiliarios.

Pero el jaguar también alcanzó a personajes del oficialismo.

Sansores exhibió supuestas conversaciones de WhatsApp del morenista Ricardo Monreal en las que lo acusaba de brindar apoyo político a Alejandro Moreno para evitar el congelamiento de bienes.

Monreal no quedó conforme y denunció a la gobernadora en tribunales, que le dieron la razón y obligaron a Sansores a retirar de sus redes sociales las acusaciones contra el hoy diputado.

La ley “Alito”

La confrontación entre Layda Sansores y Alejandro Moreno venía de años atrás, pero se intensificó tras la llegada de la morenista al gobierno estatal.

En marzo de 2022, durante una emisión del “Martes del Jaguar”, Sansores acusó al dirigente priista de construir una mansión en un exclusivo fraccionamiento de Lomas del Castillo mediante operaciones irregulares.

Según la gobernadora, algunos terrenos le fueron donados por el arquitecto Juan José Salazar y otros fueron adquiridos a precios de entre 9 y 29 centavos por metro cuadrado durante su gestión como gobernador en 2015. Posteriormente, afirmó, fueron revendidos a familiares en miles de pesos por metro cuadrado.

En septiembre de 2025, el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad impulsadas por Sansores.

La reforma permitió expropiar inmuebles bajo criterios de utilidad pública y otorgó al gobierno estatal amplias facultades sobre la posesión e indemnización de propiedades privadas.

Para la diputada priista Ariana Rejón, la reforma nació como un instrumento de intimidación política.

Las fracturas

El desgaste tras cinco años de confrontaciones ya no viene solamente desde la oposición.

La propia bancada de Morena en Campeche terminó fracturándose cuando un grupo de diputados se negó a aprobar un crédito por mil millones de pesos solicitado por la gobernadora en 2025.

El diputado morenista Antonio Jiménez defendió la decisión argumentando que el Congreso sólo respaldaría aquello que beneficiara al estado.

La respuesta del dirigente estatal de Morena, Eric Reyes, fue llamarlo “traidor”.

De los 16 diputados de la bancada, 10 retiraron su apoyo político a la mandataria y denunciando persecución.

Algunos, como José Flores, encontraron refugio político en Movimiento Ciudadano.

Ante versiones sobre un posible intento de arresto contra Antonio Jiménez, el Congreso local aprobó reinstalar el fuero constitucional para proteger a legisladores ante eventuales represalias.

Legisladores federales y locales consultados señalaron que las diferencias crecieron por imposiciones desde el Ejecutivo estatal en nombramientos, control presupuestal, operación política y candidaturas.

La Silla Rota buscó a los protagonistas del enfrentamiento, pero los morenistas optaron por la discreción. “La obediencia es la única ruta”, resumió una fuente del partido en Campeche.

Para Romero Vadillo, el episodio dejó a Morena ante uno de sus escenarios más delicados rumbo a la elección de 2027.

“Es una de las rupturas más serias del país. El Congreso se puso en contra de la gobernadora porque intentó coaccionarlos para aprobar endeudamiento”, señaló.

Campeche en declive

Federico Berrueto resume el sexenio de Sansores como “un mal gobierno en todos los sentidos”.

“Ausencia política, autoritarismo, corrupción, abandono”, enumera.

A esto, dice, se suman crisis económicas y de seguridad agravadas por la caída de los precios del petróleo.

Datos del INEGI muestran que la informalidad laboral en Campeche pasó de 60.9% a finales de 2021 a 61.1% en el último trimestre de 2024, con afectaciones más severas para las mujeres.

Berrueto considera que proyectos emblemáticos como el Tren Maya tuvieron efectos marginales en el estado.

“Y no solamente marginales: también perniciosos”, sostuvo.

En paralelo, Sansores impulsó un tren ligero para conectar el centro de Campeche con la estación del Tren Maya.

En 2024 también promovió reformas a la Ley de Obras Públicas que le permitían otorgar licencias para proyectos de “gran impacto” sin consultar a gobiernos municipales.

En enero de 2026, la Suprema Corte de Justicia invalidó diversos artículos de la reforma al considerar que vulneraban la autonomía municipal.

El gobierno estatal aseguró entonces que las obras en curso continuarían y que acataría la resolución judicial.

Mientras el sexenio entra en su tramo final, Layda Sansores enfrenta un escenario marcado por rupturas con la oposición, los medios, policías estatales y hasta con Morena.