El diputado Antonio González desestimó las protestas de los policías afectados por el fallido operativo en el Cereso de San Francisco Kobén, atribuyéndolas a motivos políticos y evitando abordar la gravedad del problema. Su actitud servil permitió que la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz, eludiera dar respuestas claras y se refugiara en justificaciones vagas y ambiguas.
Muñoz, en lugar de asumir responsabilidades, se limitó a rechazar las acusaciones de manipulación de información, afirmando que la intervención de la policía fue en respuesta a una solicitud para trasladar a 13 reos, y negando rotundamente la existencia de un motín, a pesar de las evidencias y testimonios que indican lo contrario. Su insistencia en que “nunca hubo un motín” y que las redes sociales “manejan mal la información” no hacen más que aumentar las sospechas de encubrimiento.
Marcela Muñoz argumentó que no hubo agresiones sexuales a las mujeres policías porque “no hay registro del IMSS” sobre estos hechos, minimizando así las denuncias y el sufrimiento de las víctimas. Lo más grave es que admitió que existen videos de las cámaras corporales (bodycams), pero que algunos videos del operativo “se perdieron” debido a que su duración es de solo 60 días. Esto refuerza la percepción de una estrategia deliberada para ocultar lo que realmente sucedió.
Argumenta que el Instituto de la Mujer que dirige su consuegra no le permitieron entrar a la secretaria de seguridad pública, pero que si atendió a 72 personas en la sede alterna, y que hasta su “masajito” les dieron.
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