Desalojados, aún sin justicia

A más de dos meses plantados en los pasillos de Palacio de Gobierno, los habitantes de San Eduardo siguen en su lucha por tener una casa, recuperar su patrimonio, y que les hagan justicia ante el violento desalojo ordenado por la gobernadora Layda Sansores San Román.
Entre lluvias, intenso calor, frío, miedo, temor y enfermedades, las más 80 familias se han mantenido en protesta y sobreviven gracias a la buena voluntad de personas que les donan alimentos y ropa.
En tanto, la gobernadora Layda Sansores no los ha recibido, se niega a reunirse con ellos. Ni siquiera el secretario de Gobierno, el chiapaneco Aníbal Ostoa Ortega, ha establecido mesa de diálogo para tratar de solucionar el conflicto.
Las familias tenían su patrimonio en el predio de 150 hectáreas denominado San Eduardo, colindante con la comunidad Nuevo San Antonio Ebulá, cerca de lo que será la estación del Tren Maya.
Los manifestantes recordaron que la gobernadora Layda Sansores les rogó el voto para llegar al poder, y prometió casas, pero una vez instalada en el Palacio de Gobierno se olvidó de los pobres.
La ambición de Sansores San Román no tiene límites, pues no demoró en lo que asumió al poder y dio instrucciones para que se elaborara un escritura a favor de Rafael Castilla, a fin de que apareciera como supuesto dueño del predio.
En esa operación tuvieron que estar implicados notarios, funcionarios y diversas instancias, porque hace más de siete años que se posesionaron del predio y no había aparecido dueño al ser nacional, incluso la Sedatu expidió cartas de posesión para regularizarlo, finalizaron.