CACHANDO LÍOS

Morena busca apoderarse del conflicto de los empleados de las diversas dependencias de los servicios públicos municipales que podrían perder su empleo, una vez que se concrete la privatización…

No se ha consumado el proceso de privatización de los servicios públicos aprobado por el Ayuntamiento de Campeche, y el presidente estatal de Morena, el chilango Erick Alejandro Reyes León, ya anda zopiloteando a los futuros despedidos, para “defenderlos”, “asesorarlos” y utilizarlos como carne de cañón para continuar con su obsesión de desestabilizar al Gobierno Municipal en manos de Movimiento Ciudadano.

No hay que reprocharle, sin embargo, a Reyes León, que desacate la “orden” de la senecta gobernadora cuando, en el conflicto de los policías contra la inepta y negligente Marcela Muñoz, pedía de manera reiterada que no se politice el problema, o vaya, que no se metan los partidos. 

Sabemos que en el fondo, está cumpliendo la instrucción de Layda Elena Sansores San Román, para desde ahora apoderarse del conflicto de los empleados de las diversas dependencias de los servicios públicos municipales, que podrían perder su empleo una vez que se concrete la privatización, lo que ocurrirá, de acuerdo con el proyecto, a partir del 1 de octubre.

Se trata, ciertamente, de una decisión inédita, y por tanto, las consecuencias que traerá ese proceso privatizador también lo son. Cuando el Gobierno Municipal panista consumó la privatización del servicio de recolección de basura no ocurrió un despido masivo, como se anticipaba. Muchos de los exempleados de Limpia fueron ‘acomodados’ en las otras dependencias de los servicios públicos, de manera que pudieron evitar los conflictos políticos.

Ahora las cosas serán diferentes, porque el Ayuntamiento mocista se despojará de su obligación constitucional de garantizar los servicios y cederá esas funciones a una o dos empresas que se disputarán un botín superior a los mil millones de pesos en estos tres años, en que se proyecta poner en marcha esa estrategia. 

Muy a pesar de que esos 200 o 300 empleados que laboran actualmente en Servicios Públicos, sean absorbidos o recontratados por la empresa que se hará cargo de ese rubro, habrá sin duda alguna, inconformes por la medida que no aceptarán su reubicación y exigirán por tanto, su liquidación conforme a derecho.

A esos, sean cinco, seis, 100 o 300, son los que está zopiloteando el dirigente morenista. Con ellos, como escudo de protección, tendrá razones para convocar a plantones y marchas de protesta contra la alcaldesa reelecta y contra el partido que la postuló. Y así estarán tres años, para convertirse en su sombra que, como el chechén, sólo buscará dañarla e impedir que crezca en su búsqueda de la gubernatura.