Expediente: 31 de diciembre de 2023

AÑO VIOLENTO Y AUTORIDADES INEPTAS

Termina hoy el año 2023 en medio de la más grave crisis de inseguridad que haya padecido el Estado en su historia, y con autoridades encargadas de la seguridad con los más altos niveles de ineptitud.  No han cumplido ni el fiscal chafa Renato Sales Heredia, ni la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez. 

Son ineficaces. Sus resultados son deplorables.

Mientras las ejecuciones se multiplican en toda la geografía estatal, y los criminales pasean su impunidad por las calles, al fiscal general Renato Sales Heredia sólo le interesa “ganar” la encuesta interna de su partido, Morena, para ser postulado candidato a la diputación federal por el Primer Distrito, que abarca los Municipios de Campeche, Hopelchén, Tenabo, Hecelchakán y Calkiní.

Renato sabe que no tiene posibilidades de ganar. Los votantes estarán en posibilidades de evaluar su desempeño público y castigar sus actos de prepotencia e ineptitud, reprobándolo en las urnas. Por eso es que se ha preocupado por eliminar a los adversarios que pudiesen representarle riesgos de derrota. 

Uno de ellos es el diputado  local por Movimiento Ciudadano, Paul Alfredo Arce Ontiveros, al que con denuedo busca encarcelar por presuntos desvíos millonarios, más con el afán de despojarlo de sus derechos políticos, para que no pueda participar en la contienda, que de interés y preocupación por combatir la corrupción. Golpes bajos que acostumbra Renato para salirse con la suya, sin valorar que se le puede aparecer el diablo. Ha lastimado a tantos.

Del otro lado, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, una vez más dio muestras de su frivolidad y narcisismo, al presumir en redes sociales el viaje de placer en un crucero de lujo que emprendió con sus dos hijas e hijo, yernos y nuera. Un derroche insultante para el 63 por ciento de los campechanos que viven en la más absoluta pobreza, y ostentación tan innecesaria como prepotente, que le ganó el repudio popular de nuevo.

Una persona medianamente inteligente, que sabe que ocupa un cargo público desde el cual no debe presumir lujos, derroches y excentricidades, no subiría a sus redes sociales las fotos donde muestra la gran vida que tiene desde que llegó a Campeche a importante Secretaría. Inteligente no es la guanajuatense. No olvidemos que ya nos había dado muestras de sus frivolidades con las cirugías estéticas de mentón y nariz, también costeadas con presupuesto público.

Lo que Marcela no ha mostrado hasta ahora es eficiencia en el trabajo. Con resultados que convenzan que no fue error imponerla en ese cargo, y que su nepotismo también sirve a Campeche. Pero no. Todo lo contrario.

Todas sus “estrategias” han fracasado. Canceló sin previo aviso su programa “pedalea con tu policía”, y el de “Mujer Valiente” sólo se nota con el color de algunas patrullas pintadas de negro y rosa, porque no mejoró la atención a víctimas de violencia, y ha violentado los derechos de las mujeres que prestan sus servicios en la Policía, a las que obliga a trabajar horas extras, envía a destacamentos foráneos sin viáticos ni armas para defenderse, y sanciona arbitrariamente cuando se atreven a exigir equidad y respeto.

Y así, con dos jefes en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia entretenidos en otros temas, Campeche pasó de ser el Estado más seguro del país, a uno donde repuntan ejecuciones, robos, extorsiones, secuestros y abigeatos, denunciaron hace unos días los dirigentes de las asociaciones ganaderas que en Palacio de Gobierno demandaron seguridad.

Se llevaron el chasco de que a la reunión no acudieron ni el fiscal Renato Sales, ni la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. Ambos andaban entretenidos en sus trivialidades.

Y mientras todo eso sucede, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública volvió a confirmar que en Campeche repunta la incidencia delictiva, y no somos el Estado más seguro del país, por el incremento de homicidios y robos a casa habitación y vehículos.

De enero a noviembre de este año —las cifras totales se darán a conocer en el corte del próximo 20 de enero— se registran 194 homicidios, de los que el 44.8 por ciento fueron dolosos, es decir 87. De ese total, 10 fueron cometidos en noviembre y nueve en octubre.

Contra las versiones de la gobernadora Layda Sansores y de su secretaria viajera, Marcela Muñoz, en el sentido de que la mayoría de los delitos los cometen los borrachos o se derivan de pleitos donde hay alto consumo de alcohol, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisó:

De los 88 homicidios dolosos, el 62.06 por ciento fueron cometidos con armas de fuego. Aún más, nuestros archivos periodísticos nos permiten confirmar que 60 personas han sido ejecutadas al estilo sicarial. Cifras que seguramente van a variar.

En robo a casa habitación, el SESNSP registró de enero a noviembre mil 049 casos, en un promedio de 95.3 por mes, alrededor de 3.17 al día. El robo de automotor pasó de 43 en octubre a 49 en noviembre, mientras que de enero a noviembre son mil 19 casos reportados a la autoridad ministerial en toda la geografía estatal.

Cifras muy altas, por cierto, que nos hacen suponer que hay una banda que se dedica al robo de autopartes en Campeche y que además cuenta con protección y complicidad policiaca, porque ninguno ha sido detenido.

El robo de motocicletas también repuntó. Pasó de 30 en octubre a 40 en noviembre, lo que representa incremento del 33.3 por ciento. De enero al mes pasado suman 362 hurtos, en promedio de 32 cada 30 días.

En robo a transeúnte, de octubre a noviembre pasó de 25 a 41, es decir aumentó un 61 por ciento. Hasta noviembre suman 398 casos, de los que 314 fueron con violencia, mientras que en el mes anterior fueron 32 violentos en comparación de los 20 en octubre. Los robos a negocios de enero a noviembre suman 922 casos, de los que 235, es decir el 25.4 por ciento, fueron con violencia.

Son cifras que nos hablan del fracaso de Marcela Muñoz. No hay patrullajes en zonas identificadas como “focos rojos”, ya que patrullas y motocicletas donde se hacen los rondines, son utilizadas para montar inútiles “retenes sorpresa”, infraccionar a los campechanos por el menor de los pretextos, asegurar unidades que les permitan recabar millonarias multas, o despojar a los ciudadanos de sus pertenencias, como ya ha habido varios casos. 

Así, la policía se ha convertido en factor más de inseguridad, como consecuencia de que observan que los altos mandos —la totalidad de ellos foráneos— se dan vida de lujo, con paseos por el mundo, ostentación de vehículos de colección y nuevas propiedades, rasgos innegables de la corrupción que impera en la corporación. ¿Y con quién se quejan los policías honestos si todos esos jefes son parte del Cártel de Marcela?

Ni modo de recurrir a la avejentada gobernadora Layda Sansores, que ha externado en su Jaguar que Marcela es su funcionaria consentida, la niña de sus ojos, de la que excusa que “la mujer que es cuestionada desde los medios de información sólo por ser bonita”. Y mientras la Bella y la Bestia hacen otro cuento, la ola delictiva crece…

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CONCLUYEN QUE NO HAY DAÑO MORAL

El periodista Carlos Martínez Caamal, conductor de la página digital La Barra Noticias, le demostró al director de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walther David Patrón Bacab, que no existió —ni existe— daño moral en las publicaciones de que se duele. 

La decisión devuelve cierta confianza al sector dedicado a la comunicación. ¿Por qué? Porque el juez tercero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Adalberto del Jesús Romero Mijangos, declaró improcedente la demanda por daño moral, pero en el apartado tercero de su resolutivo resbaló y afectó los intereses de Martínez Caamal.

Textualmente señala que “no se condena al pago de los gastos y las costas reclamados, ya que no existió temeridad ni mala fe en ninguno de los contendientes, siendo cada uno de ellos responsables de sufragar los gastos que le ocasionó el presente juicio de conformidad con los artículos 131, 132, 133 del Código Adjetivo Civil Vigente en el Estado”.

¿En qué se basó el juzgador para determinar que no hubo temeridad, cuando se demanda una reparación económica por el supuesto daño moral, cuando no existen los mínimos elementos para presumirlo? Patrón Bacab pretendió un lucro indebido, sabedor de que no le asistía, ni le asiste la razón.

Por inobservancia de sindéresis, Romero Mijangos dio entrada a la demanda, cuando debió desecharla por notoriamente improcedente. En ese proceso, como en otros emprendidos por el vocero del Gobierno del Estado y de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, lo que se busca es neutralizar al periodista. Amagarlo para que calle.

Indudablemente que la pretensión es coaccionar a los comunicadores  para que no difundan información sobre hechos presumiblemente ilícitos cometidos por Patrón Bacab, como prestanombre del sobrino incómodo de la gobernadora, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores.

En concreto, Patrón Bacab en las confesionales a las que ha sido sometido, reconoce que suscribió en nombre de la empresa propiedad de Sánchez Sansores, contratos de prestación de servicios, que la diputada Tania Nanette Larios Pérez y la alcaldesa de la Álvaro Obregón, Lía Limón García, denuncian que no prestó.

La demostración del tráfico de influencias reside en que la alcaldesa era quien hoy es gobernadora de Campeche, y la empresa, como ya se señaló, es propiedad de su sobrino Sánchez Sansores. Así, ¿es notorio o no que Patrón Bacab es prestanombre, y que esa circunstancia le ha permitido figurar hoy como director de la Unidad de Comunicación Social? Si no, ¿cuáles son sus méritos?

Eso no lo observó el juzgador. La gobernadora tampoco. Claro que es evidente la temeridad y mala fe de Patrón Bacab, por lo que debió ser sentenciado a cubrir costas, gastos, daños y perjuicios ocasionados al periodista, por quien como funcionario público amaga con el destino que correrían quienes informen sobre sus andanzas, malos manejos, abusos, corruptelas e irregularidades.

El juzgador debió sentar precedente, para impedir a futuro nuevos intentos de amago a otros comunicadores. Se trató inútilmente de socavar la credibilidad del periodista y coartar su derecho a las libertades de expresión y de prensa. Para defenderse tuvo la necesidad de contratar los servicios profesionales de un abogado.

¿Por qué el comunicador debe ver afectados su patrimonio, tiempo y esfuerzo por un juicio irrazonable, conducta vil y pretensión inaudita? Su demandante no tiene problema, porque maneja recursos públicos, de los que echó mano seguramente para emprender su fallido proceso. Recordemos quién le recomendó acudir a los tribunales.

Cierto, podrá argumentarse que el proceso no termina aquí. El periodista puede inconformarse y apelar el resolutivo e ir a la segunda instancia, que de sostener los magistrados la determinación del juez, podría llegar hasta la vía federal, mediante juicio de amparo.

¿A qué costo? Porque Patrón Bacab también podría optar por ir a la segunda instancia, a sabiendas de que carece de razón. Su asesora jurídica, por cierto, fue secretaria en el Juzgado Primero de lo Civil, y debió valorar la inexistencia del supuesto daño moral. Por encima de la justicia antepuso sus intereses económicos.

¿Cuánto le estará cobrando por honorarios, por tratarse de un funcionario público, a sabiendas del ridículo y la vergüenza en que caería? Esos y otros costos que le represente a Patrón Bacab la continuación del proceso, no le afectan en su peculio. La Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado dispondrá de casi 50 millones de pesos de presupuesto en 2024.

Y aún más, podría auxiliarlo en los pagos la televisora oficial, que contará con más de 70 millones de pesos para gastar en el año que en unas horas inicia.

Por eso la recriminación. ¿Hay o no temeridad y mala fe del vocerillo de marras? Se violentan garantías constitucionales, se afecta el derecho al trabajo, se desvía al comunicador de su función, se le pretende chantajear para que no investigue y haga público lo actos de corrupción de funcionarios cínicos,  deshonestos, prestanombres, incapaces, inmorales y venales, que mediante amenazas y actos indebidos pretenden silenciarlo. Qué lamentable decisión.

Le han demostrado a Patrón Bacab que las diversas publicaciones de que se queja tienen sustento, y que su indebida e ilegal conducta no es descubrimiento del periodista, sino versión de una legisladora y la alcaldesa de la Álvaro Obregón, que sucedió en el cargo a su corrupta patrona, Layda Elena Sansores San Román.

Puede rumiar, tiene derecho. A lo que no tiene derecho es a usar los tribunales para quejarse de que se informa sobre su persona “con la única intención de dañarlo, ofenderlo, humillarlo y menospreciarlo, al poner en duda su capacidad y honorabilidad profesional, al afirmar maliciosamente que es prestanombre y ha cometido ilícitos, aseveraciones que dañan severamente su reputación, honor y  dignidad”.

¿Tiene honorabilidad, reputación, honor y dignidad, cuando reconoce las operaciones fraudulentas en la Alcadía Álvaro Obregón, y que como premio a su servilismo con el sobrino incómodo, Sánchez Sansores, le mereció la titularidad de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado?

Lo que sí le es reconocible es su inaudita y cínica temeridad para demandar por daño moral y su capacidad para mentir y defraudar. Por eso permanece inmerecidamente en el puesto. Tiene las tres cualidades en sentido opuesto al principio cuatroteísta de no mentir, no robar y no traicionar. ¿Habrá aprendido la lección?

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PRESUPUESTO ESTATAL, OPACO Y SIN RUMBO

A pesar de las promesas del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, de que habría más inclusión, apertura, pluralidad y trabajo colegiado para sacar iniciativas y puntos de acuerdo, se mantuvo la misma actitud cerrada y soberbia. El grupo parlamentario morenista impuso sus puntos de vista en el presupuesto estatal 2024.

De nada sirvieron las reuniones con los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Campeche y Carmen; con la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, Lirio Suárez Améndola, y con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRI y MOCI. Hicieron como que los escucharon, pero finalmente les batearon sus propuestas.

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó más recursos para el desarrollo económico. Con base en sus análisis, demostraron que Campeche presenta una contracción de su economía y significa la falta de empleos, y que sean muy bajos los salarios, que gran parte del porcentaje de la población económicamente activa se encuentre en la informalidad y que no exista estrategia que apoye a los emprendedores y atraiga inversiones.

El Inegi presentó los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, en que se aprecia que Campeche fue el de mayor retroceso nacional, con -3.8%, el más alto del país. Pese a ello, el Gobierno del Estado no otorga prioridad al fortalecimiento del desarrollo económico, pues únicamente asigna el 2.6% del total del Presupuesto. 

En cuanto al Instituto Electoral del Estado de Campeche, solicitó 457 millones 354 mil 531 pesos, pero el Congreso le recortó sin mayores argumentos ni justificaciones 75 millones 946 mil 864 pesos, 17% del total, lo que pone en riesgo el proceso electoral que viene.

El Gobierno presume de dientes para afuera que hay austeridad, pero en los hechos no se nota. Por ejemplo, la Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora tuvo un incremento de más de 10 millones de pesos en su presupuesto respecto del año 2023, y ahora ejercerá 189 millones. ¿Más dinero para rifar motos por ser año electoral?

Lo mismo pasa con la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, cuyo presupuesto aumentó en 55 millones de pesos y ejercerá 424 millones en comparación con los 369 del 2023. Maneja más dinero que los Municipios de Palizada, Tenabo, Dzitbalché y Seybaplaya juntos.

Y si se tratara de opacidad, hay que recordar que para el rubro de “Subsidios, Transferencias, Donativos y otras Ayudas” se dispondrá en 2024 de 480 millones 187 mil 255 pesos, cuyo destino es poco claro. 

A la Secretaría de Bienestar le asignaron 107 millones 598 mil 838 pesos para actividades como “festivales recreativos, entrega de juguetes y otras acciones” que pueden desviarse con fines electorales.

La Coordinación General de la Oficina de la Gobernadora tiene asignado 10 millones 398 mil 583 pesos y a la Secretaría de Gobierno le correspondieron 61 millones 478 mil 708 pesos. Del saldo restante, que son más de 300 millones de pesos, nadie sabe cuál será su destino, pero es una muy buena “caja chica” para los candidatos morenistas y sus campañas.

Otro rubro poco transparente aprobado en el presupuesto estatal es el de los “compromisos (o negocios) plurianuales, en que se van a derrochar varias decenas de millones de pesos. Por ejemplo, dos millones 525 mil 645 pesos para arrendamiento de kioscos electrónicos multiservicios con innovación tecnológica para el cobro de contribuciones.

También siete millones 617 mil 971 pesos de un total de 22 millones 853 mil 912 pesos a 36 meses, para arrendamiento de equipo informático para la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, 24 millones de pesos, de un total de 36 millones 120 mil pesos a 36 meses por concepto de arrendamiento de equipo informático para diversas dependencias.

Igual se estableció el compromiso para 2024 por 30 millones de un total de 60 millones de pesos a 36 meses por concepto de arrendamiento de vehículos. El total para contratos multianuales por arrendamiento de diverso equipamiento es de 64 millones de pesos.

¿No es mejor comprar equipos o vehículos nuevos que arrendarlos? ¿O es que el negocio, precisamente es pagar renta? La ley obliga a justificar con precisión la ventaja de arrendar en lugar de comprar, pero eso les valió un cacahuate a los diputados morenistas y a los que elaboraron el presupuesto, ya que de lo que se trata es de hacer negocio a costa de lo que sea.

Del gasto para propaganda sólo hay que recordar que a Comunicación Social le aprobaron 49 millones 216 mil 924 pesos, cifra mayor al que ejercían los antecesores de Layda Sansores, mientras que a Televisión y Radio de Campeche, le otorgaron de 71 millones 160 mil 942 pesos, lo que significa que se irán al caño más de 120 millones de pesos, disponibles para el culto a la personalidad de la gobernadora.

¿Y las estrategias para el desarrollo económico, el combate a la pobreza,  generación de empleos, atracción de inversiones, promoción turística, apoyos a sectores productivos o creación de infraestructura? Nadie sabe. Nadie supo. Una prueba más de que tenemos un Gobierno que sólo tiene como meta saquear los recursos de Campeche.