Dos años de conflictos legales por Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Cada dos meses, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acude a la península de Yucatán a supervisar el Tren Maya, que quiere dejar finalizado en diciembre de 2023. En El Universal se ha seguido el megaproyecto desde que se celebró, el 15 de diciembre de 2019, la consulta que lo autorizó y se dio el pistoletazo de salida para construir mil 500 kilómetros de vías en cuatro años.

Mediante viajes de campo, trabajo de fuentes y peticiones de información usando la Ley de Transparencia, se han documentado y revelado diversos conflictos sociales, ocultamientos de información y problemas ambientales para cumplir el plazo marcado desde Palacio Nacional, que se han ido corroborando en la realidad.

Este megaproyecto busca crear un lazo en la península de Yucatán. En 726 kilómetros desmantela y reconstruye las vías existentes para el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y los restantes 800 serán nuevas vías.

Su promotor es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los dos tramos más complejos, seis y siete, sin vía edificada y que atraviesan las reservas de la Biosfera de Calakmul y la de Sian Ka’an, serán construidos por el Ejército, que además recibirá los beneficios económicos cuando comience a funcionar.

Cuando se solicitó presupuesto a la Secretaría de Hacienda con el Análisis Costo-Beneficio, se estimó que el costo total del proyecto estaría en 156 mil millones de pesos y que su valor presente neto, un método para calcular si una obra es rentable y que se basa en una estimación de la suma de los beneficios netos futuros, sería de 189 mil millones. Actualmente, el proyecto ya va por 200 mil millones y se estima que llegará a poco más de 230 mil millones debido a retrasos, encarecimiento de los materiales y los cambios en el trazado y la planeación.

El Tren Maya acumula diversas modificaciones en su ruta, con un trazo cambiante y no definido. El Tramo cuatro, que va de Izamal a Tulum, ha cambiado un par de veces. Tras ver que les esperaban posibles retrasos por protestas de vecinos, los promotores anunciaron en agosto de 2021 que el tren no entraría ni en la capital de Campeche ni en la de Mérida. En enero de 2022 se anunció que el Tramo cinco cambiaría su ruta en el área de Playa del Carmen, cuando habían retirado 20 mil árboles y comenzado las obras de un paso elevado.

Es en esta nueva ruta del Tramo cinco, que se interna en la selva, donde diversos colectivos ciudadanos de Quintana Roo están documentando tala para el paso del Tren Maya y asociaciones ecologistas y científicos han advertido que el trazo pasará por una zona selvática frágil con daños probables en cavernas, cenotes y acuíferos. Esta parte del tren está siendo construida por Grupo México, los responsables del derrame tóxico en el río Sonora, uno de los peores desastres ambientales en la historia de México.

En la propia Manifestación de Impacto Ambiental de los tramos uno, dos y tres, que van de Palenque a Izamal, se puede leer que si no se cumplen las leyes ambientales ni se mitigan los efectos, el Tren Maya podría “ser un factor anexo de fragmentación (que) conllevará a un ecocidio sin precedentes”.
La Auditoría Superior de la Federación aseguró que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no está inspeccionando las obras para ver si se cumplen las medidas de mitigación.