Dan más cargas a los Municipios

Además de los constantes recortes al presupuesto, ahora la gobernadora Layda Elena Sansores San Román pidió al Congreso del Estado modificar la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, para que los Municipios sean los responsables del tránsito municipal y su semaforización y señalización, y que cuando no puedan el Gobierno Estatal lo hará mediante convenio, que en caso de diferencias dirimirá el Congreso.

Ante el conflicto entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Campeche, porque la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre se han enfrascado en el tema de los semáforos, Sansores San Román envió una iniciativa para que sus diputados de Morena avalen los cambios a la legislación en materia de vialidad y tránsito y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado.

Entre los artículos a modificar se encuentra el 50, donde se propone que “los ayuntamientos tendrán a su cargo el ejercicio del servicio público de tránsito municipal y la vigilancia del mismo”, y se añade que “cuando algún Ayuntamiento esté imposibilitado para prestar el servicio público de tránsito y su vigilancia, por razones económicas o administrativas, podrá celebrar un convenio para que el Estado se haga cargo de la prestación temporal o de manera directa o a través del organismo correspondiente”.

En la iniciativa, el Gobierno del Estado busca quedarse con toda la recaudación por servicios de tránsito, cuando se encargue de esta cuestión, tal como lo plantea en la fracción  IV, que señala que “si el Estado es quien prestará en su totalidad el servicio público de tránsito, corresponderá al Estado el cien por ciento de la recaudación de los derechos de la prestación del servicio público de tránsito, así como de lo recaudado por las multas e infracciones…”

Se agrega un artículo 50ter para definir que en “caso de que no se encuentre suscrito el convenio, el Municipio deberá solicitar al Congreso del Estado su conformidad para que el Estado asuma la prestación del servicio público de tránsito, lo cual deberá ser aprobado, cuando menos, por las dos terceras partes de las y los integrantes de la Legislatura Local…”

También precisa que “cuando se presente algún conflicto entre los Municipios y el Estado por la falta de suscripción de los convenios mencionados, aquéllos podrán solicitar al Congreso del Estado que resuelva lo conducente, quien requerirá a ambas partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, dirimiendo el asunto que se plantee”.

En la misma sesión, el Congreso reformó el Código Penal del Estado de Campeche y de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, para establecer penas más severas en maltrato animal, con cárcel de hasta ocho años de prisión y multa de 500 UMAS a quien ocasione o permita que menores de edad asistan o presencien cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros.

Se estableció que cuando el maltrato animal sea cometido por un servidor público, será sancionado con inhabilitación o suspensión para ejercer un cargo o comisión por un tiempo igual a la pena de prisión, y se perseguirán de oficio las denuncias por maltrato animal; así como procurar, en coordinación con cada uno de los Municipios del Estado, la instalación de los centros de bienestar animal.

Los legisladores de manera unánime pidieron a la alcaldesa de Seybaplaya, Cinthya Velázquez Rivera, que cambie la nomenclatura de la calle 18 de esa cabecera por la de “Profr. Carlos Mario Almeyda Cobos”, un destacado seybano, docente y fundador de diversos centros escolares de ese Municipio.

Morena se otorga control total de las comisiones
de dictamen legislativo

Por mayoriteo, respaldado por algunos de los diputados aliados de Movimiento Ciudadano y del PAN, Morena modificó el Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche, para tener el control absoluto del trabajo al interior de las comisiones legislativas.

Pese a que hubo propuestas por separado de las bancadas de Morena y de MOCI sobre ese tema, en el seno de la Diputación Permanente Morena mayoriteó la aprobación del dictamen para contemplar sus propuestas y desechar los puntos que planteaba MOCI.

Paul Arce Ontiveros, coordinador de la bancada mocista, explicó que su propuesta era que las sesiones de las comisiones sean públicas, lo que se desechó cuando no se puede dejar fuera a los ciudadanos de un verdadero ejercicio democrático. También que las convocatorias a sesionar en comisiones sean con cuando menos 24 horas de anticipación, que realmente se estudien y analicen las iniciativas y dictámenes y tampoco fue considerado.

Morena quiere seguir pasando las iniciativas al vapor y a modo y  lejos de eliminar acciones discrecionales, las fomenta, porque resulta que algunas de las atribuciones que tienen los presidentes, las podrán ejercer si tres de los diputados que pertenecen a una comisión se ponen de acuerdo, ya que casualmente el 90 por ciento de las comisiones tienen tres diputados de Morena.

El diputado por Morena, Jorge Pérez Falconi, reprochó a Arce no asistir a los trabajos en comisiones, incluso la sesión de la Diputación Permanente en que se discutió este dictamen no se presentó. Subrayó que el coordinador de la bancada naranja es el diputado más faltista de la LXIV Legislatura.

Arce Ontiveros justificó que la sesión de la Permanente fue convocada a la 7:38 de la noche, ni siquiera 24 horas de anticipación, pues se reunieron a las 10 de la mañana, y por dificultades no podría asistir, pero lo que es una realidad es que los dictámenes lo envían con escasas horas de anticipación y no da tiempo de estudiarlos.

Al someterlo al pleno, 14 diputados de MOCI y el PRI votaron en contra, y los legisladores de Morena, los disidentes de la bancada naranja y el PAN, sumaron 21 votos, con los que se aprobó por mayoría las modificaciones del Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo de las Comisiones.

Se eliminó la facultad exclusiva del presidente para convocar a reuniones de trabajo, y confiere este derecho a los integrantes de las comisiones mediante la solicitud firmada por la mayoría de los miembros de estos órganos, y se incluye la posibilidad de sustituir al presidente de la comisión por sus faltas.De esta manera Morena prácticamente toma el control de las comisiones, ya que de las 32 ordinarias del Congreso, 90 por ciento es de mayoría morenista. Es decir, de sus cinco integrantes, tres pertenecen a la bancada guinda.