En concreto

Jorge Gustavo Sansores Jarero

DE CAZA EN CASA

He conocido a varios exgobernadores campechanos; a unos durante su gestión, a otros posteriormente. Con los que tuve oportunidad de platicar durante su mandato, siempre eran proclives a presumir sus gestiones ante la Federación, pero jamás presumieron ser amigos del Presidente en turno. Quienes ya habían dejado el cargo, aceptaron que les fue difícil entablar relaciones con el mandatario Federal, pero aseguraron que obtuvieron lo que solicitaron para la entidad.

Con un poco de curiosidad observé que muchas de las gestiones llegaban a Campeche, algunas con más atraso que otras, pero llegaban. Había presupuesto para carreteras, dinero para infraestructura hidráulica y pluvial, en una ocasión “cayó” en las arcas estatales parte del excedente petrolero, entre otros beneficios extraordinarios para educación, salud y seguridad, por mencionar algunos.

Pero ¿qué era lo que aportaba dinero extra a la entidad? En primera, que el Gobierno Federal tenía recursos en sus cuentas, y este no estaba destinado a dos o tres proyectos designados por el Presidente. Y si había algún capricho presidencial estilo Dos Bocas, Tren Maya o AIFA, las administraciones pasadas tenían capacidad para revisar las cuentas y, pese al tema de la austeridad, enviaban recursos a las entidades.

Además, los gobiernos pasados, esos que critican por ser neoliberales o conservadores, pero que le dieron forma a nuestra nación, permitían que la iniciativa privada invirtiera en grandes proyectos, lo que evitaba importantes cargas económicas a la nación, y permitía que hubiera avance tanto en el sector público como en el privado.

Entonces, cuando la Federación o directamente el jefe del Ejecutivo Federal eran renuentes a otorgar más dinero a un Gobierno Estatal, entre el gobernador y su gabinete, apoyados por los legisladores del partido en el poder y de oposición, viajaban a la Ciudad de México —entonces el Distrito Federal— y tocaban las puertas necesarias para regresar con buenas noticias.

No recuerdo que en época de “vacas flacas” algún gobernante campechano cazara a los ciudadanos, mucho menos en época de crisis, y vaya que hubo varias durante las administraciones pasadas. Mucho ayudó el diálogo y el oficio político, algo que no conocen en la actual administración.

Pero la crisis económica que vivimos hoy los mexicanos, y por ende los campechanos, es la más cruda desde hace más de 20 años, por lo que ahora lastima más la persecución hacia los ciudadanos, que la que pudiera haber en esa época, si es que la hubo. Generalmente los problemas eran políticos y hacia los políticos, no contra la ciudadanía.

Por eso es que no entiendo cómo es que una buena iniciativa para exentar del pago de peaje del puente La Unidad a los carmelitas, enviada hace seis años por el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas al Congreso, y aprobada por unanimidad —incluye a diputados de Morena—, hoy la mayoría morenista y sus aliados neomorenistas –dos del PAN y tres disidentes de MOCI- la hayan detenido abruptamente para su negar su continuidad, y enviado a la “congeladora legislativa” para su futura discusión.

No lo entiendo, porque en Carmen es donde más duro ha pegado el desempleo y por ende los problemas económicos, tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió enviar las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a ese Municipio, para crear los empleos perdidos durante la debacle petrolera mundial de hace ocho años, y hasta el momento la promesa de grandes contrataciones parece, si acaso la creación de una microempresa, pues sólo han instalado un pequeño edificio para albergar a unos cuantos empleados de la paraestatal.

Exentar del pago del peaje a los carmelitas era para apoyarlos. Lo que debería de hacer el Gobierno del Estado es exigir que el presidente López Obrador cumpla su promesa de llevar las oficinas de Pemex a ese Municipio, pues las carencias económicas ya son muchas como para darles una más. ¿O acaso se trata de impedir que nuestros hermanos de Carmen salgan de la Isla? ¿A quiénes le dieron su confianza a un exalcalde panista y ahora neomorenista?

También me resulta abstruso que haya tanta persecución por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) contra automovilistas y motociclistas en la entidad, con el pretexto de la revisión de documentos, pero que no haya agentes de vialidad multando a quienes se pasan letreros de alto, no respetan los semáforos, apartan lugares de estacionamiento, se estacionan en doble o triple fila o bien, utilizan el polarizado prohibido en sus vehículos, muchos de los cuales, por cierto, pertenecen al Gobierno del Estado.

Aún peor es que con la llegada de muchos nuevos funcionarios provenientes de otras entidades, que también trajeron sus vehículos y no respetan la Ley de Vialidad, a ninguno de ellos tan siquiera les llamen la atención los agentes viales. Hacen lo que quieren y se burlan de los campechanos. ¿Acaso sólo cazan a los oriundos de esta entidad? ¿Es idea de algún alto mando de la SPSC, o así lo pidió la gobernadora Layda Elena Sansores San Román?

Las quejas de la ciudadanía son constantes y con argumentos. No hay razón para la cacería, cuando la ciudadanía ha demostrado que quiere ponerse al día y ha hecho filas para pagar sus refrendos y sacar o actualizar sus licencias de conducir. Claro, eso cuando la economía lo permite y la atención en los centros de cobro es adecuada para atender la demanda de buenos campechanos que buscan, pretenden, quieren estar al día.

Pero los argumentos que tienen los campechanos y que se defienden como pueden, son los que les hacen falta a los agentes que realizan los retenes y detienen, esculcan, multan o levantan los vehículos de los campechanos. Pero no puedo culpar a los agentes, pues ellos mismos entre dientes, con voz baja o con señas señalan que es la orden que reciben, y que en caso de no cumplir les va muy mal.

La cacería de dinero debería ser en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde la gobernadora y su equipo de trabajo pueden gestionar recursos a través de los legisladores federales que representan a Campeche. Incluso, directamente con el presidente López Obrador, de quien presume la mandataria una gran amistad que, por cierto, no se ve.

Si la queja diaria de Sansores San Román es que los de antes se llevaron todo, ¿qué culpa tenemos los ciudadanos? ¿Se desquita con el pueblo por haber elegido a sus anteriores gobernantes? ¿No de eso se trata la democracia que precisamente la llevó a la silla del cuarto piso? ¿Dónde quedó su promesa de ayudar a los campechanos? Cazar en su casa no es la vía más adecuada para sacar adelante a la entidad, ni enfrascarse en pleitos personales y hacerlos públicos para crear animadversión, pues lo único que denota es su falta de criterio y capacidad política.

Aún seguimos a la espera de anuncios de interés general, de buenas noticias para los campechanos, lejos de chismes de lavadero y vendettas personales que no abonan a la tranquilidad de la ciudadanía. Nos queda a deber en los temas de seguridad, educación, salud, infraestructura, apoyo a la pesca -no con migajas- y al campo -no con promesas-, ni hablar de mejoras en la economía local.

Por el contrario, el ataque frontal en contra de algunos empresarios deja muy claro que prefiere que haya desempleo y menos recaudación de impuestos, lo que es un duro golpe para las arcas de cualquier Estado. Pero, sobre todo, una pésima señal para la ciudadanía, pues pareciera que, si no están con ella, están en contra o no pueden estar con nadie.