Violó Sales Heredia derechos humanos

Investigación del diario Unomásuno sostiene que el fiscal estatal se aprovechaba del cargo

Como comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia abusó de su cargo, violó derechos humanos de reos de diversos reclusorios del país, y al final de su encargo se quedó con un equipo de espionaje con valor superior a 800 millones de pesos, con el que ha espiado a sus adversarios políticos y personajes públicos, destaca una investigación del periódico capitalino Unomásuno.

En su trabajo titulado: “Altos jefes policiales federales, en problemas de narco, lavado, robo, secuestro, desapariciones”, el reportaje firmado por los periodistas Rafael Ortiz, Raúl Ruiz y Nicolás Cano,  señala que “en la implacable persecución de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, a su antecesor Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, surge el nombre de Renato Sales Heredia, fiscal general de Justicia de la entidad, quien es acusado por el líder nacional del PRI,  de haber robado, cuando fungía como comisionado nacional de Seguridad, equipo de cómputo con valor de más de 800 millones de pesos, con el que intercepta y graba conversaciones privadas de funcionarios.

Sales Heredia, al igual que Genaro García Luna y Tomás Zerón de Lucio, se suma a los “altísimos e influyentes jefes policiacos” que han sido denunciados por “excederse en sus funciones” como servidores públicos federales.

Tras los señalamientos de Alito Moreno Cárdenas respecto del presunto robo del software con el que el fiscal general de Justicia de Campeche grabó varias de sus conversaciones personales y entregó a la gobernadora Sansores San Román, se recordó que como comisionado nacional de Seguridad, el funcionario fue acusado en repetidas ocasiones de torturar a internos de penales federales y permitir que ”personas externas” ingresaran a los mismos para presionar y amenazar e incluso agredir a los reos, entre quienes se señaló a la presidenta de la organización civil “Alto al secuestro”, Isabel  Miranda de Wallace.

Luego de las difusión de las grabaciones del dirigente nacional del PRI, y que detrás de las mismas estaría relacionado Sales Heredia, no son pocos los exinternos de centros de readaptación social federal que recuerdan y califican al servidor público como quien, apoyado por custodios embozados, armas largas y perros, utilizó su alta investidura como comisionado para violentar los derechos humanos y legales de quienes se encontraban privados de su libertad para “arrancarles” confesiones o bien accedieran a otras irregularidades que bien podrían considerarse como delictivas, entre ellas hacer imputaciones dolosas contra otras personas.

Moreno Cárdenas, quien denunció los hechos ante la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República, expuso que el referido equipo fue fabricado en Israel y que Sales Heredia no entregó a  a la Policía Federal, sino que se quedó con el mismo para fines de espionaje a todo tipo de personas, en particular a políticos, empresarios, periodistas y otros personajes de primer nivel, por lo que no se descarta la posibilidad de que en un futuro no muy lejano salgan a relucir nuevas grabaciones, muchas de ellas editadas y alteradas por Sales Heredia para beneficiar a sus jefes directos, como es el caso de la gobernadora Layda Sansores San Román, quien tendrá que responder ante las autoridades competentes por los ilegales hechos.

“En realidad Sales utilizó su cargo de comisionado para beneficio personal y el de sus superiores e incluso particulares, ya que durante su gestión los resultados contra la delincuencia e ilegalidad fueron prácticamente nulos. Jamás tuvo control sobre la Policía Federal y ésta, como en los tiempos de García Luna, hacía lo que a los agentes le venía en gana, sabedores de que su jefe estaba ocupado en cuestiones meramente personales, acotaron exreos quienes en su momento, como ahora, exigen se investigue al flamante fiscal general de Justicia de Campeche.

De igual forma, se recordó que como comisionado nacional de Seguridad, Sales Heredia fue objeto de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre ellas la radicada con en número 4/2017, toda vez que personal bajo su mando, comisionado en el Estado de Guerrero, catearon sin orden, retuvieron y torturaron a varias personas, entre ellas dos menores y una mujer en el Municipio de Ajuxchitlán del Progreso, sin que se le aplicara una sanción. También existe una recomendación por hechos similares en el Estado de Morelos