En concreto

Jorge Gustavo Sansores Jarero

CORRUPCIÓN TAPADA

En los primeros minutos de la administración que encabeza Layda Elena Sansores San Román, desde hace poco más de ocho meses, la propia gobernadora encabezó una serie de acusaciones en contra de la edificación de la Ciudad Administrativa, obra anunciada e iniciada por el exmandatario priísta Alejandro Moreno Cárdenas, que tuvo continuidad con su sucesor Carlos Miguel Aysa González, quien dejó la estafeta al nuevo Gobierno morenista.

Tanto la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (Sedetuop), la expriísta Karla Gelisle Sánchez Sosa, como la mandataria Sansores San Román cuestionaron la obra, y arremetieron contra la administración pasada por los supuestos actos de corrupción y asignación directa de contratos en la edificación del complejo administrativo, incluso en transmisión —en vivo— a través de las redes sociales, encararon al extitular de Obras Públicas, Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, y parte de su equipo, a quienes posteriormente exhibieron como corruptos.

Sánchez Sosa evidenció que la obra benefició a dos familias, y que los constructores usaron los espacios aledaños para extraer material sin los debidos permisos. Layda Sansores expuso que en la entrega-recepción no encontraron los documentos de la donación del terreno, incluso arremetió en contra del Ayuntamiento de Campeche por no estar pendiente de los permisos de construcción.

Para ese momento, el fantasma de la corrupción en el Gobierno de Carlos Aysa González se aparecía en cada declaración de la mandataria. Aysa González era el enemigo público número uno del Palacio de Gobierno y de los campechanos, por supuestamente haber incurrido y solapado faltas administrativas durante el desarrollo de la obra mencionada, y otras más.

Que la Ciudad Administrativa quedó a medias y se perfilaba como “monumento a la corrupción”, vertió Layda Sansores al desenmascarar las supuestas anomalías que acompañaban a dicha obra, cuyo costo supera los 790 millones de pesos. Para la titular de la Sedetuop, el principal problema de la edificación era la falta de rampas de acceso, que bien podría adherirse a la obra pues aún estaba —y sigue— en construcción, pero su inexperiencia y enojo sólo le permitieron criticar la obra y atacar a sus antecesores.

Tanto la recién nombrada secretaria de Obras Públicas como la gobernadora, lanzaron una campaña mediática en contra de quienes participaron en la Ciudad Administrativa, incluso adelantaron que habría auditorías y denuncias penales en contra del exmandatario sustituto, que curiosamente ya no aplicaron cuando Aysa González fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Embajada de México en República Dominicana.

El miércoles pasado, las bancadas de Movimiento Ciudadano (MOCI) —o lo que queda de ella— y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso, pidieron que la mandataria estatal y los titulares de la Secretaría de la Contraloría (Secont), Fiscalía General (Fgecam), Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y Auditoría Superior (Asecam) agilicen la querella en contra de exservidores públicos, lo que causó gran enojo a la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Acción Nacional (PAN), así como a disidentes de MOCI.

Fueron 20 votos en contra y sólo 12 a favor de que la actual Administración sansorista inicie investigaciones por la Ciudad Administrativa, y otras obras y exfuncionarios de la administración de Aysa González. Y como el Congreso local sólo ha servido para detener lo que a este Gobierno no le conviene y darle paso a lo que sí, de inmediato los morenistas rechazaron la moción PRI-mocista.

¿Por qué no investigar los 91 contratos entregados para la ejecución de la obra en la pasada Administración, y que según Sánchez Sosa presentaban irregularidades? ¿Dónde están los documentos que la secretaria aseguró que “revisaban”, porque supuestamente eran contratos asignados directamente a constructoras “amigas” de la administración de Carlos Aysa? ¿Acaso es cierto que la asignación de la Embajada cambió la forma de pensar de Sansores San Román y de su partido hacia Aysa González? ¿O fue pura faramalla para tener de qué hablar en las primeras emisiones del show de los martes en el Facebook?

Si los diputados de Movimiento Ciudadano piden que el Gobierno del Estado investigue las supuestas irregularidades vertidas con antelación por Karla Gelisle Sánchez, y saben que de esas investigaciones podrían salir a relucir los supuestos errores cometidos por el exalcalde Eliseo Fernández Montúfar, a quien la gobernadora quiere ver tras las rejas a como de lugar, no entiendo por qué los morenistas detienen el exhorto de los mocistas, que al final son amigos de Eliseo.

Tal vez porque no hay mucho qué investigar, quizá porque el río no estaba tan revuelto como en su momento denunciaron públicamente, y es por tal razón que no hubo denuncias ante las autoridades encargadas de investigar, esclarecer y en dado caso llamar a rendir cuentas a los presuntos responsables de los problemas de la obra en cuestión.

La actual Administración tampoco ha sido clara en torno a los contratos y nuevos ejecutores de la obra. La información es escueta, y al portal de Transparencia de la Sedetuop le urge una refrescada. No hay nada que alumbre el tema de la Ciudad Administrativa o que anuncie su cambio por “monumento a la corrupción”, como anunció en octubre la gobernadora, cuando encaró y vapuleó públicamente al exsecretario Buenfil Montalvo.

Una vez más los diputados de Morena y sus aliados del PAN y exmocistas detienen una solicitud que vale la pena revisar. Antes lo hicieron cuando la bancada del PRI solicitó la comparecencia del fiscal Renato Sales Heredia, y de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez.

Sin duda, el Congreso que dirige el veracruzano Alejandro Gómez Cazarín no es un poder aparte, sino que conforma al Ejecutivo que ostenta Layda Elena Sansores San Román, y por tal razón actúa como escudo de la gobernadora. Y si no es así, ojalá que la mandataria lo aclare y demuestre que su Administración es abierta y no solapa a nadie, de lo contrario la duda de este proceder será una constante durante su mandato.