El diputado veracruzano plurinominal Alejandro Gómez Cazarín debe renunciar como presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, porque desde esa posición junto con su pareja Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz, secretaria de Bienestar (Sebien) Estatal, usan recursos públicos para financiar su campaña anticipada, denunció el secretario regional del CEN del PRI, Luis Alonso García Hernández.
La pareja de veracruzanos, Gómez Cazarín y Mejía Ortiz, emplean presupuestos, programas y acciones para intentar comprar la Presidencia Municipal de Carmen, afirmó. Así lo hicieron con los cargos que hoy ostentan, mediante un andamiaje de impunidad, ya que la Auditoría Superior del Estado (Asecam) sólo les sirve de tapadera, porque en este órgano fiscalizador del dinero de los campechanos fue impuesto otro veracruzano, Javier Hernández Hernández.
La mafia veracruzana opera en Campeche con los Cazarín-Mejía, que han tejido una red de corrupción y complicidades al amparo del poder, aseguró el líder priísta.
El Congreso dispone de 247 millones 532 mil 125 pesos para este 2022, que maneja a su antojo, conveniencia y discrecionalidad del legislador plurinominal veracruzano Gómez Cazarín, al ser presidente de la Junta de Gobierno y Administración, posición que prácticamente compró mediante la triangulación de dinero del Congreso de Veracruz, para financiar la campaña de Layda Sansores.
Y en la Sebien, Xochilt Mejía Ortiz, esposa de Cazarín, destinó más de 30 millones de pesos este año para paga a los Promotores de Bienestar, que son su brazo electorero Morena para posicionar sus imágenes.
Acusó a Gómez Cazarín, a quien apodan el diputado “Gastarín”, de derrochar más de 50 millones de pesos en Comunicación Social, aunado a que la mayor parte de los recursos de los programas para el desarrollo social se focalizan a Carmen, no como acto de justicia sino de rentabilidad electoral.
Nadie los fiscaliza ni los obliga a rendir cuentas de los recursos públicos de los campechanos, porque impusieron un auditor a modo con el veracruzano Javier Hernández, a quien le asignaron casi 50 millones de pesos para que sea tapadera de la corrupción e instrumento de venganzas políticas.
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