RECHAZAN DIPUTADOS DEL PRI SU REGRESO, PORQUE DAÑA LA ECONOMÍA
Al confirmar que en 2023 el Gobierno del Estado regresará el cobro de la Tenencia Vehicular, la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Adriana Ortiz Lanz, repuso que si bien así lo establece la ley, no son tiempos de asestarle otro duro golpe a la economía de las familias campechanas.
Anticipó que una vez recibido en el Congreso el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado para el próximo año, pedirá la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas (Safin), Jezrael Larracilla Pérez.
El cobro de la Tenencia Vehicular a los automovilistas ‹no es algo nuevo›, adujo, pero el grupo parlamentario del tricolor ha reflexionado al interior, y considera que la situación económica de Campeche y del país es complicada, por lo que ‹no son los momentos para darle a los campechanos otra atajada económica›.
Por ello, adelantó que analizarán y discutirán el presupuesto proyectado para 2023, y meterán presión en la comparecencia de Larracilla Pérez, pero también de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, en tribuna y por escrito, para pedirles directamente que aclaren todas las dudas expresadas por la ciudadanía.
El cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en el Estado de Campeche fue derogado por la LXII Legislatura del Congreso en diciembre de 2015, y se dejó de cobrar a partir de 2016.
Siete años después, la Administración de Morena encabezada por Layda Elena Sansores San Román pretende reactivarlo, en perjuicio de los propietarios de más de 231 mil unidades motrices, entre automóviles, camiones, autobuses y remolques.
La legisladora local priísta también señaló que es necesario que la SPSC explique cómo reglamentará el uso de las ‹BodyCam› de los elementos policíacos, luego de la controversia promovida desde el Estado de Veracruz ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues aseguró que técnicamente sólo se deben usar a la hora de una actuación policial, porque de lo contrario se estarían violentando protocolos nacionales e internacionales sobre el uso de esos equipos tecnológicos.
Su uso no debe coartar el derecho de cualquier ciudadano de grabar una actuación policial, pues han habido casos en que los policías han pedido a las y los ciudadanos que no graben, y afirmó estar de acuerdo con la utilización de este tipo de herramientas, siempre y cuando esté dentro de la ley y no violente la privacidad.
En el momento en que la actuación empieza, la ‹BodyCam› funciona, pero en el momento en que termina, se debe cortar la grabación, subrayó.
Más historias
GASTOS EXCESIVOS Y NEPOTISMO, LOS ARGUMENTOS DE SHEINBAUM PARA JUSTIFICAR DESAPARICIÓN DEL INAI
Muerde a los de casa
MASA POLAR CAUSARÁ DESCENSO DE TEMPERATURAS DE HASTA 10°C ESTE FIN DE SEMANA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN