En riesgo de desalojo taxistas del “Acuña”

Alrededor de 13 taxistas que prestan servicio en el Aeropuerto Internacional “Ing. Alberto Acuña Ongay” de Campeche pudieran ser desalojados, toda vez que el pasado 18 de diciembre se reunieron con la administración, y les expusieron que deben pagar adeudos por derecho de piso y módulo que van desde 40 mil a 95 mil pesos por unidad, aunque ellos aseguran que son deudas irreales.

Luis Felipe Calderón Chi, concesionario y representante de la cooperativa Nueva Generación, externó la situación por la que están pasando, originada por la crisis que generó la pandemia, el poco turismo, la inflación, y la nula ayuda por parte de las autoridades locales.

Y lamentó que estas ignoren el llamado persistente de ayuda que han realizado a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, quien ha declarado que ha entregado apoyos incluso de manera personal, lo que ha generado dudas y divisionismo entre los prestadores del servicio.

El dirigente reveló que, desafortunadamente, hay deudas como la de él, que asciende a 49 mil pesos, y otras de hasta 90 mil, que han sido notificadas por la administración del aeropuerto por la falta de pago de derecho de piso y los módulos que utilizan para ofrecer el servicio.

Ante el panorama negativo que enfrentan, comentó que como representante de la empresa en la que presta el servicio de taxi analizará el continuar o dejar la terminal aérea.

“Lo más seguro es que nos vayamos, porque nos están pidiendo incluso la reposición de unidades, nos piden vehículos de calidad, pero no tenemos para eso”.

E insistió en que si las autoridades tienen la disponibilidad para ayudarlos, “sin forzarnos a nada, bienvenido sea, adelante”.

Además, confirmó que han sido advertidos del desalojo, “nos han dicho que la ayuda no depende de ellos, y sí de lo que disponga la Notaría Pública número 50 de la Ciudad de México, que tomará la determinación de si nos vuelven a dar contrato para prestar el servicio”.

También aclaró que en el cambio de administración hubo extravío de documentos comprobatorios de pagos que han realizado, así que las cantidades señaladas de los años 2018 y 2019 que no pueden pagar, son irreales.