OTORGÓ CONTRATO POR 23 MDP A GUARD & CLEAN SIN CUMPLIR CON REQUISITOS
A más de un año de que la gobernadora Layda Elena Sansores San Román prometiera investigar la adjudicación irregular de un contrato por más de 23 millones de pesos que otorgó la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) a la empresa Guard & Clean, S.A. de C.V., vinculada a Ricardo Iván Castillo Domínguez, actual director de Pro Campeche, prevalece la corrupción y la impunidad.
De entrada, la empresa que representa Georgina Hernández Hernández pero donde también aparece el funcionario estatal Castillo Rodríguez como socio, fue creada en mayo del 2021, por lo que no cumple el requisito de cinco años de experiencia para adjudicarse el contrato que le otorgó la Apicam.
De acuerdo con información en la página de la Secretaría de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, la empresa representada por Georgina Hernández, también administradora de Grupo Livpro, propiedad del funcionario de la 4T, se registró en el padrón en agosto del 2021.
Livpro, de la cual era socio el actual presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido Movimiento Ciudadano (MOCI), Daniel Barreda Pavón, a su vez hijo del expriísta y exdirector del Seguro Popular, Daniel Barreda Puga, fue beneficiado en administraciones pasadas con contratos en hospitales al calor del exfuncionario y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
No obstante, a raíz de la ruptura de la sociedad entre Castillo Domínguez y Barreda Pavón, el primero asumió el control de la empresa que aparece con domicilio fiscal en Privada Dr. Manuel Gantús Castro o calle Perú, manzana A, lote 5, entre calles Jalisco y Coahuila, del barrio de Santa Ana, siendo la misma que aparece como referencia de Guard & Clean, S.A. de C.V., administrada por Hernández Hernández, socia del director de ProCampeche.
Además, el punto cuatro de las bases de la licitación emitida por la Apicam establece como requisitos indispensables el currículum original del licitante, donde exprese su experiencia en la prestación de los servicios de vigilancia y limpieza, señalando sus principales clientes con domicilio y teléfonos, así como puntualizar las contrataciones en que ha participado con anterioridad, debiendo presentar copias de al menos un contrato por año hasta acreditar ejercicio de cinco años.
Aunque Guard & Clean no cumple los cinco años de experiencia por ser de reciente creación, recibió contrato superior a los 23 millones de pesos para brindar servicios de vigilancia y limpieza a la Apicam, que encabeza Agapito Ceballos Fuentes.
Su falta de experiencia se reflejo en la primera quincena de marzo del año pasado, cuando decenas de trabajadores de las áreas de seguridad de esa empresa pararon labores, porque les adeudaban salarios.
Aunque la Apicam negó que hayan existido irregularidades en la adjudicación del contrato por la licitación Apicam-Vigilancia-Limpieza/016/2021, y aseguró no tener registro de que los accionistas de la empresa beneficiada sean funcionarios del Gobierno del Estado, la gobernadora Layda Sansores prometió que investigaría el caso y harían las adecuaciones necesarias. Pero nada ha pasado.
La Apicam excusó que “la empresa ganadora fue Guard & Clean, representada en la licitación por Georgina Hernández Hernández. API Campeche no tiene registro de que el representante legal de la empresa en cuestión, ni sus accionistas, sean funcionarios de este Gobierno”.
También justificó que “la experiencia de la empresa fue acreditada a través de contratos que su representante legal, como persona física, celebró en el periodo de tiempo solicitado. Las empresas son entes abstractos que no adquieren experiencia, solamente antigüedad. La experiencia la aportan los miembros de la empresa, por lo que el comité consideró que ese requisito estaba cubierto bajo este criterio”, aseveró.
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