Alianza perversa: Delincuencia electoral

Jesús Zambrano (*)

Son muchos los riesgos para la democracia mexicana. Destaco dos que son la principal amenaza para que haya comicios limpios: la delincuencia electoral “de cuello blanco” comandada desde Palacio Nacional por el Primer Mandatario de nuestro país, por un lado, y la intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales, por el otro. Aunque ambos tienen como hilo común la complicidad gubernamental.

Recordemos que, desde el inicio de la actual Administración, se echó a andar el “ejército electoral obradorista” con el falso nombre de “Servidores de la Nación”, con cargo al erario público, cuya encomienda ha sido la ilegal personalización presidencial en la entrega de programas sociales a los sectores más vulnerables, a cambio de lealtad y votos a favor de Morena. Con esta operación, se pretende asegurar de 15% de los sufragios en las próximas elecciones (las del 4 de junio del 2023 y las del 2024).

A pesar de que se han presentado muchas denuncias de la oposición ante el INE y Tribunal Electoral (que han logrado resoluciones condenatorias), el gobierno federal simplemente no las atiende.

En el mismo sentido, desde hace más de un año, se echó a andar ilegalmente desde la Presidencia, el juego de “las corcholatas” con el objetivo de establecer en el ánimo de la sociedad, la percepción de un “triunfo inevitable” de Morena en los próximos comicios. Resoluciones institucionales contra estos manejos van y vienen por decenas, pero simplemente no sólo no las acatan el Presidente y sus corcholatas, sino que hasta se burlan de ellas, del INE y del Tribunal.

En los últimos días el desenfreno oficialista es impúdico, desvergonzado, usando tiempos oficiales y recursos públicos para hacer ilegalmente, campañas adelantadas, subrayándose en las mañaneras que está asegurada la continuación del actual proyecto gobernante. Es decir, están poniendo en práctica todo lo que la Corte de la Nación anuló, al echar abajo el llamado “plan B” electoral. Además, después de que esto último sucediera, el Presidente se ha lanzado impunemente, y sin cuidar su investidura contra las y los ministros de la Corte, colocando al país al borde de una crisis institucional. ¿Hasta dónde va a llegar esta locura obradorista?, ¿acaso su reiterada y profundizada actuación como el jefe de la “delincuencia electoral gubernamental” lo va a llevar a no aceptar las derrotas electorales en EdoMex y Coahuila el 4 de junio, como tampoco las del 2024, argumentando que la oposición hizo fraude, y provocar una crisis política que pondría en riesgo la paz social, incluso, al grado de querer hacer uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la población?

El otro gran riesgo para nuestra convivencia democrática es el visible y comprobado papel de los grupos delictivos en amplias zonas del territorio nacional que ya controlan, para imponer candidatos, decidir quiénes ganan, amenazar a la población, secuestrar y asesinar candidatos que no se sometan a sus mandatos, y presionar a los electores para que voten a favor de los aspirantes de Morena. Esto se pudo documentar y probar en las elecciones de 2021 en Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí. En Michoacán el Tribunal Electoral anuló un alto porcentaje de casillas; pero dijo que “no habían sido determinantes para el resultado final”. El Gobierno Federal, aliado con estos grupos criminales para ganar elecciones, obviamente no los combate.

Si esto continúa, entonces está trazada la ruta para el establecimiento de un narco Estado; peor aún, de una narcodictadura si el obradorato llegara a ganar en el 2024.Por eso hay que seguir impidiendo el avance de este proyecto destructivo, defendiendo a la Suprema Corte frente a las hordas fascistas; denunciando las ilegalidades del oficialismo ante los órganos electorales, la Corte y las instancias internacionales y derrotándolos el próximo 4 de junio en Coahuila y EdoMex. No hay de otra.

(*) Presidente nacional del PRD