No, a la alianza con ADO: transportistas

“No seremos sus empleados”, advierten en carta a los diputados

El Movimiento Nacional Transportistas (MNT) y concesionarios del transporte urbano y de taxis, externaron su preocupación ante la próxima modificación a la Ley de Transporte, pues perciben “que la reforma parece obedecer más a intereses personales y de pago de favores”, y advirtieron que “no seremos empleados de Íñigo Yáñez Avilés y tampoco del Grupo Mobility ADO”.

En escrito dirigido al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, el veracruzano Alejandro Gómez Cazarín, y a todos los diputados locales, 26 empresas y sociedades de taxis exigen ser informados de la referida modificación y si el Gobierno del Estado está preparado para cumplir las exigencias de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Piden a los legisladores conocer el proyecto de modificación de la Ley de Transporte, lo que han solicitado infructuosamente desde hace un año. Preocupa, exponen, “porque se percibe que la modificación de la ley parece más obedecer a intereses personales y de pago de favores, que a su armonización a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial”

En días pasados —revelaron—, se reunieron con el secretario de Gobierno, Aníbal Ostoa, y en la mesa de diálogo estaban el director del IET, Raúl Cárdenas Barrón, e Íñigo Yáñez Avilés, quien fue presentado como coordinador general del Instituto del Transporte, “pero nunca mostraron su nombramiento”.

Destacan que ese cargo no existe en la estructura orgánica del IET, por lo tanto, tampoco sus facultades, y exponen que para aplicar la ley, “hay que darse cuenta que las obligaciones no son sólo para el transportista, pues si el Gobierno no garantiza las condiciones que la ley establece, es incongruente que quiera aplicarla sólo en perjuicio del transportista”.

“Si el Estado no provee la infraestructura vial que señala la ley —banquetas, espacios de circulación peatonal, carriles de circulación vehicular y estacionamiento, señalización, entre otras—, no va a poder cumplir con los requerimientos que señala”.

“Si no cumple con estas obligaciones, pero intenta hacerlas cumplir a los transportistas, ocasionará que acudan a quejarse ante el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, que las hará públicas a través de los medios de comunicación”, agrega el documento.

Ponen como ejemplo a la colonia 20 de Noviembre, donde a consecuencia de recientes enfrentamientos y asaltos fue suspendido el servicio de taxi, pues los concesionarios prefieren no arriesgarse, mientras la ciudadanía se queja de que la policía nunca llega a los reportes constantes al 911.

El IET —exponen—, exige dar de alta a unidades nuevas acorde a las exigencias de la nueva Ley de Movilidad, pero no implementa programas de financiamiento público, como establece el artículo 59 de esa normativa, es decir, deja toda la carga al transportista.

PETICIÓN

A Íñigo Yáñez Avilés le piden “comprender que ser funcionario no es igual a ser administrador del ADO. Los transportistas de Campeche somos prestadores de un servicio, no empleados de Yáñez, y tampoco lo seremos del Grupo Mobility ADO”.

La ley —recalcan—, establece que Grupo Mobility ADO no puede ser concesionario del transporte público por dos razones: porque Luis Antonio Zubieta Bojórquez es accionista y su hijo funcionario público, y porque Grupo Mobility ya tiene concesión para la prestación de servicio de pasajeros”.

El escrito está rubricado por Román Jesús Acuña Estrada, presidente del MNT Campeche; Enrique Uribe García, representante del Transporte Urbano; Isaías Dzul Xamán, en representación de los ayudantes, y representantes de cooperativas de transporte y de taxis de Sabancuy, Campeche y Calakmul.