Por Elisur Arteaga Nava
Poder formal y poder real son conceptos afines. El formal lo determinan las leyes; el real, los hechos. En el fondo, aunque diferentes, son complementarios. AMLO y su partido oficial aspiran a lograr el monopolio del poder real. Han encontrado resistencia a su acción. La fortaleza del sistema jurídico, el Poder Judicial de la Federación, algunas instituciones autónomas y una clase media informada lo han impedido. Las leyes han limitado su acción.
Tratándose del poder, ninguna cuota, por excesiva que sea, es capaz de satisfacer a quienes lo detentan. Por un atavismo irrefrenable, siempre procurarán incrementarla. Para el caso no importa que sea a través de medios lícitos o ilícitos; aceptables o reprobables.
Morena usufructúa gran parte del poder formal; de hecho, ejerce el poder real con pocos obstáculos. Aspira a tenerlo todo: que no haya, en lo interior, alguien con quien compartirlo o que pueda neutralizar su acción.
La concentración excesiva del poder y por mucho tiempo, deriva en otra posibilidad: que quienes detentan el poder real no estén conformes con la distribución de su titularidad, ejercicio o con el reparto de los bienes que se pueden adquirir por razón de pertenecer a la clase gobernante.
Esto pudiera llevar a su escisión y que una de las facciones en conflicto termine por prevalecer y, con parte del aparato gubernativo existente, inicie un nuevo ciclo. AMLO es un derivado de la cerrazón priista y producto de una escisión.
Esto mismo se observa por lo que se refiere a la duración de la titularidad del poder: real o formal. Siempre está latente la idea de perpetuidad. En teoría del poder, para quienes lo detentan, la no reelección es antinatural; lo es, aunque se tenga conciencia de que el tener que soportar una autoridad excesiva, sin límite de tiempo, finalmente, derivará en violencia.
Pocos dictadores o facciones gobernantes están dispuestos a renunciar a un ejercicio perpetuo de la autoridad. El dominio vitalicio va con la naturaleza humana. En todo Estado la concentración excesiva o prolongada del poder es la causa natural de la destrucción y desplazamiento del titular en turno.
La opción violenta es considerada como un acontecimiento teórico de realización incierta. Lo que está en duda es el momento en que explotará y se dará inicio a un nuevo ciclo de dispersión-concentración. Nadie, por sí, renuncia a la autoridad absoluta.
Los morenistas han sometido al Congreso de la Unión, alcanzado la mayoría de las gubernaturas; aspiran a ganar la más importante: la del Estado de México. Esta posición sería determinante para la elección presidencial de 2024 y para lograr su permanencia en el poder. No pueden perderla.
AMLO, con tal de alcanzar esta plaza, al parecer estaría dispuesto a sacrificar Coahuila. Su candidato tiene asegurada la senaduría y, a cambio de que reconozca su derrota, se le pudiera ofrecer la reelección. Éste, en política, no tiene nada propio. En lo personal tiene bienes, uno que otro animalito y una colección de sombreros.
AMLO se ha propuesto someter al Poder Judicial Federal. Parte del supuesto de que seguirá gobernando, vía interpósita persona, más allá de su sexenio. Todo dependerá de la composición del Congreso de la Unión que derive de la elección de 2024.
Es previsible que Morena, en un futuro inmediato, enderece su acción a restar votos al bloque de ministros. No sería algo remoto que lo logre. Estando de por medio el peso del Poder, es difícil que haya convicciones firmes. Es previsible que uno o una de la actual mayoría cambie de opinión.
Mientras AMLO sea presidente, es casi imposible que Morena pierda uno de los votos incondicionales con que cuenta. Con el nuevo Presidente de la República, las ministras pudieran estar más para recibir instrucciones que dar un grito de independencia y resolver los negocios con respeto de la Constitución.
A mediano plazo, se debe buscar un cambio en la aprobación de las sentencias de inconstitucionalidad: disponer que tengan efectos por simple mayoría, sin importar el número de votos con que sean aprobadas. Una minoría no debe tener poder para impedir que prevalezca el criterio de inconstitucionalidad por la que se incline una mayoría. Nadie debe tener la capacidad de impedir una declaración de inconstitucionalidad basado en el criterio de una mayoría especial y sujeto a la voluntad de ministro y ministras “agachón o agachonas”.
Insisto: tratándose de cuestiones de constitucionalidad, una minoría no debe estar en posibilidad de obstaculizar y, mucho menos, hacerlo de manera sistemática o por razones políticas.
Con relación a las acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos promovidos para cuestionar las reformas de fines de abril, habiéndose obtenido las suspensiones, lo que convendría sería diferir la resolución de las controversias, acciones y amparos hasta el año de 2024.
Que se resuelvan cuando ya haya sido definida la sucesión presidencial, salvo las de índole electoral. En éstas habrá que sujetarse a su contenido. AMLO y Morena, aunque lo han buscado, no han sido capaces de alterar la integración del Tribunal Electoral y de uno que otro ente autónomo. Los esfuerzos realizados a través de reformar leyes secundarias, dado el marco fundamental, son viciadas y seguramente serán declaradas contrarias a la Constitución.
Es de reciente data la concentración de poder político alcanzada por Morena. Eso incide en la actuación de sus miembros. En él hay dos clases de políticos: los de origen priista y aquellos que, por haber actuado al margen del aparato gubernativo, no estaban acostumbrados a obedecer. Los políticos formados en la disciplina priista no han tenido dificultad en adaptarse al nuevo amo; saben obedecer y disciplinarse. Los otros, con sus asegunes, aunque lamen el yugo, no se han acostumbrado a él. Son la excepción y pocos.
El poder y las canonjías que su ejercicio implica son la mejor escuela para aprender los rudimentos de la disciplina. Obedecer, y obedecer bien, deriva de la costumbre. Nadie nace dócil; no es natural obedecer. Son la educación, los castigos y los premios los que permiten el sometimiento.
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