Desaloja a pobres Gobierno laydista

Pese a que cuentan con documentos, deja sin hogar a 87 familias

Pese a que cuentan con sus cartas de asignación otorgadas por el Gobierno Federal, 87 familias del predio San Eduardo, ubicado a un costado de Nuevo San Antonio Ebulá, fueron desalojados ayer de sus viviendas por decenas de policías ministeriales y antimotines, que les destruyeron sus casas de madera, plástico y cartón y arrasaron con animales domésticos y de traspatio.

Con lágrimas de impotencia, la voz entrecortada y miradas de desesperanza e incertidumbre, mujeres, ancianos y niños trataron de impedir la evacuación policiaca. Pero no los escucharon. La orden de expulsarlos fue tajante.

Nosotros votamos por Morena. Creímos en las promesas de la hoy gobernadora Layda Sansores, y mira con qué nos paga. Vamos a ir a dormir a Palacio de Gobierno, a ver si nos detienen, o por lo menos nos dan un techo en la cárcel, expresaron los colonos afectados.
Los agentes antimotines fuertemente armados, reforzados por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), arribaron alrededor de las diez de la mañana al predio ubicado cerca de donde pasarán las vías del nuevo Tren Maya, y que presuntamente es propiedad de la familia Castilla Goyta, que al parecer tramitó la orden de desalojo.
A unos metros de este asentamiento irregular, la familia Castilla donó una superficie de 100 por 300 metros al Gobierno del Estado para que construyera el nuevo corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC). Ahí se construye una inmensa plataforma, en que son invertidos varios millones de pesos.
Los colonos narraron que en 2016 alrededor de 20 familias comenzaron a asentarse en esa área, encabezadas por Eduardo Canché Tec, quien en ese entonces cobró unos 20 mil pesos por lotes de media hectárea, al argumentar que eran terrenos nacionales, motivo por el cual hay un litigio en tribunales.
Ayer alrededor de las 10:30 horas, por el periférico Pablo García I. Montilla, área donde se construye la estación del Tren Maya, ingresaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), con decenas de antimotines, para sacar a las personas asentadas, y asegurar el terreno de unas 59 hectáreas, por el delito de despojo que promovió el supuesto dueño que identifican los afectados como la familia Castilla.
No es justo, votamos por Morena y ahora la gobernadora Layda nos deja sin un lugar donde vivir. Me deja en la calle con mis tres hijos, de cuatro, tres y un año de edad, con mi esposo y mi suegro enfermo, que necesita medicamentos, manifestó llorosa y profundamente entristecida Lourdes López Vázquez.
Según familiares de los desalojados, tienen entendido que a esas familias los dejan sin lugar donde vivir, luego que el terreno subió de valor por la construcción de la estación de trenes, por lo que no descartan vayan a construir fraccionamientos u otro tipo de obras.
Vamos a plantarnos en Palacio. Nosotros sabíamos que son terrenos nacionales, como nos lo dijo Eduardo Canché. Esas tierras nosotros las trabajamos. Ahí tenemos nuestras siembras de maíz, frijol y además animalitos de corral, manifestaron los adultos mayores y esposos Petrona Cruz de 70 años de edad y Manuel Silva de 90.