A 11 días de estar plantados frente al Palacio de Gobierno en protesta por el desalojo arbitrario y violento de sus casas, ordenado por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, el Gobierno del Estado se mantiene cerrado al diálogo con los habitantes de la comunidad de San Eduardo, quienes advirtieron que no claudicarán en su lucha.
Los habitantes de San Eduardo, niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, no desisten en su demanda para que les permitan regresar a sus casas. Desde el lunes 3 de julio se plantaron en el Palacio de Gobierno.
En casas de familiares realizan su aseo personal, y hay personas altruistas que les donan alimentos y ropa para poder cambiarse, pues todas sus pertenencias se quedaron en sus humildes viviendas.
Sansores San Román llega cada martes al Palacio de Gobierno para protagonizar su talk show. Hace como que no los ve. Por ella votaron para que llegara al poder, y les paga de la peor manera: dejándolos sin hogar y sin patrimonio.
Todos los días esperan que la mandataria se digne a escucharlos. La única vez que un funcionario de la Secretaría de Gobierno se acercó a ellos, les informó que esa propiedad es de Rafael Castilla Azar, quien presuntamente ya se lo donó al Gobierno Estatal, y que su lucha es un caso perdido.
El pasado martes intentaron abordar a la gobernadora cuando llegó para su programa, pero de plano no les dieron esperanza.
“Supuestamente el terreno es propiedad privada, pero nosotros seguimos los protocolos de ley, se solicitó a México cómo estaba, se averiguó que eran tierras nacionales, y por eso se le pidió permiso a la Nación, se le pagó; durante 90 días se publicó en el Periódico Oficial de la Federación y no apareció ningún dueño, pero ahora que ya está listo, sale un presunto propietario”, dijo Agapito Dzib Peraza.
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