Expediente: 16 de julio de 2023

INFORME DE AMLO AQUÍ, ATOLE CON EL DEDO

Ciertamente que no existe antecedente en la época moderna, de que un Presidente de la República haya decidido enviar su mensaje político con motivo de su Informe de Gobierno fuera de la capital del país, por lo que el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado lunes, alborotó el gallinero de los aplaudidores de oficio de la Administración Estatal en turno.

CONFIRMA LAYDA SANSORES SU FRACASO

Fuera de los cotidianos elogios con que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, pretende granjearse el afecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llamado poderosamente la atención el violento viraje que le dio a su discurso, y el inminente reconocimiento a su propio fracaso. Lo ha de percibir o lo siente. Esa sería la razón.

“Campeche llegó a aportar más del 25 por ciento del PIB, y sin embargo, cuando se habla de qué lugar está en crecimiento económico de los 32 Estados, Campeche está en el número 33, porque estamos bajo cinco”.
“Y esto, ¿por qué? Porque no tenemos infraestructura, sin gas, sin electricidad, sin caminos, dos vuelos; pero, bueno, después de estar en una trampa maldita, hoy llega el tren y creemos que de aquí en adelante no dependeremos más sólo del petróleo y del Gobierno”.
A la gobernadora de Campeche le faltó decir varias cosas, e iniciar su discurso reconociendo que hasta el momento su Administración no ha hecho absolutamente nada por revertir esa situación.
Miente Layda Elena al decir que con la llegada del Tren Maya se van a revertir las tendencias negativas en la economía campechana, o que será la salida a la “trampa maldita”, porque eso no va suceder. No hay soluciones milagrosas para el rezago ancestral que padece Campeche desde hace décadas, y el nuevo ferrocarril tampoco lo será. Es una inversión cuyo mantenimiento y costo de operación tendrán que ser subsidiados por la Federación.
Lo propio de Layda Elena es canjear elogios por resultados. Mientras que otros gobernadores que acuden a la mañanera a acompañar al Presidente han presumido sus logros en materia de atracción de inversiones, de generación de empleos, de solución a sus rezagos, la de Campeche sólo va a besarle los pies y llenar de lisonjas al tabasqueño, para que no la regañe ni le llame la atención, porque va avanzando a pasos agigantados a convertirse en la peor gobernadora de todo el país.
Para muestra de sus mentiras disfrazadas de elogios, disfrutemos de este párrafo: “Hoy tú y tu equipo nos están dando la mano, siempre sensibles, para alentar la dinámica de futuros proyectos de infraestructuras urgentes, imperativas, para hacer menos profundo el abismo que hay entre la opulencia y la miseria que se vive en mi Estado”.
¿De qué futuros proyectos habla Sansores? ¿Del Tren Maya y del Tren Ligero que no serán rentables? ¿De qué infraestructura? ¿Se refiere a la opulencia de su familia y la miseria de su pueblo? No se sabe de acciones que vayan a dinamizar la economía —paralizada desde que llegó— y minimizar ese abismo.
Por el contrario, se avecina fuerte crisis de empleo en la capital y en Ciudad del Carmen, como consecuencia de la privatización del transporte urbano, en donde más de 15 mil familias del sector social que actualmente prestan ese servicio, serán desplazadas y enviadas al desempleo por instrucciones precisas de la gobernadora.
El Producto Interno Bruto de Campeche tendrá un desplome por la caída en la producción de miel y cera, gracias a que el Gobierno de Layda Elena protege a los agroindustriales que abusan de insecticidas y pesticidas que mataron a millones de esos insectos. Habrá menor producción de maíz porque no distribuyó el fertilizante y las semillas a tiempo. Habrá menos comercialización ganadera, porque no hubo apoyos para solventar la sequía. Habrá menos captura de pulpo, porque se protege a los depredadores.
Es decir, el Gobierno de Sansores San Román se ha convertido en parte de la “trampa maldita” que no se va resolver ni superar con citas de Pablo Neruda, José Saramago o Sor Juana Inés de la Cruz. La mandataria debería hacer a un lado sus penosos discursos lisonjeros a la figura presidencial, para ponerse a trabajar en la solución de esos rezagos que tanto nos aquejan.

A RECOMPONER DAÑOS AL IEEC

Doloroso y costoso revés le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y al presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, el diputado plurinominal veracruzano Alejandro Gómez Cazarín.

El golpe fue seco y duro. Indudablemente. Les ordenó reponer los recursos ilegalmente recortados al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) del ejercicio fiscal 2023.
Mientras que en su sesión ordinaria de mediados del 30 de septiembre de 2022, el Consejo General del IEEC aprobó un Presupuesto de Egresos por alrededor de 267 millones de pesos, la servil Legislatura, por órdenes de Sansores sólo le autorizó alrededor de 182 millones de pesos, es decir, el recorte fue de más de 85 millones de pesos.
Es esa misma suma la que deberán reponer, a menos que, como acostumbra, la gobernadora incurra en desacato, o siga derrochando el dinero público en costosos juicios e ilegales campañas.
Los magistrados coincidieron en que la gobernadora violó la autonomía del organismo, por lo que ordenó al Congreso analizar otorgarle recursos adicionales al órgano electoral.
De acuerdo con el expediente, el pleno de la SCJN, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por diversos diputados locales y el PAN, invalidó el artículo 2, concerniente a la Ley de Presupuesto de Egresos local para el ejercicio fiscal 2023 publicado el 19 de diciembre de 2022.
El Poder Ejecutivo del Estado, señala el resolutivo, modificó el proyecto de Presupuesto de Egresos del IEEC sin contar con facultades para ello, lo que ocasionó que el Congreso omitiera el examen y la discusión del proyecto de presupuesto que el organismo electoral está facultado para elaborar, con todo lo cual se desconoció la autonomía del organismo.
La SCJN emplazó al Congreso para que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación, analice el proyecto de Presupuesto de Egresos presentado por el IEEC y determine si es factible autorizar o modificar el monto de los recursos.
Si autoriza recursos adicionales, deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia, pero si decide no atender la propuesta del órgano electoral, deberá motivar de manera reforzada esa determinación, en apego al principio de legalidad.
Es tema de dinero, y eso movió a los partidos a impugnarla, pues entre la propuesta del IEEC y el dictamen aprobado en el Congreso, hay una diferencia superior a los 47 millones de pesos que dejarían de recibir los representantes partidistas.
En el documento oficial, el Congreso avaló que se entregue este año 58 millones 671 mil 804 pesos a los partidos, 44.34 por ciento inferior al proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo General del IEEC, que proponía dar 105 millones 414 mil 685 pesos a los partidos políticos.
Para el PAN se proyectaron seis millones 137 mil 70 pesos, para el PRI 13 millones 289 mil 164 pesos, a Movimiento Ciudadano 12 millones 385 mil 618 pesos, a Morena 16 millones 486 mil 777, mientras que al PRD, PT y PVEM dos millones 176 mil 124 pesos a cada uno, además de tres millones 843 mil tres pesos para asociaciones civiles que pretendan constituirse como partidos políticos locales.
El resolutivo de la Corte podría devolverle a los partidos opositores el dinero que necesitan para intensificar sus actividades políticas en todo el Estado, y contrarrestar el dinero público que la gobernadora le da a su partido Morena, para seguir comprando lealtades, liderazgos y autoridades electas.

¿A DÓNDE DEBEN IR PRIVATIZADORES?

Quien recuerda tiene los elementos para contradecir, corregir, enmendar o ratificar lo sostenido en el presente, al compararlo con las exposiciones del pasado. Es una condición necesarísima en el ámbito político, para advertir los vaivenes ideológicos, fraseológicos, dialécticos y convenencieros.

Atrapados en la falsedad, los populistas de cualquier signo callan. La historia así lo demuestra.
La tecnología nos permite hoy evidenciar, sobre todo, al político mentiroso o malandrín, y recordar sus palabras de bondad o patanería, grandeza o miseria. Y el episodio protagonizado por los transportistas a las puertas del Congreso del Estado el antepasado fin de semana da la pauta para sentir hasta donde pueden llegar tales especímenes.
Al reiterar los concesionarios del transporte que la propuesta de Ley de Movilidad de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, enviada a la consideración de sus obedientes legisladores locales, está diseñada para beneficiar al monopolio ADO, sacaron a colación un episodio de hace algunos años protagonizado por una senadora morenista.
No necesitaron mencionar su nombre. La mayoría de los campechanos aún recuerda a Layda Elena Sansores San Román en la tribuna del Senado de la República increpando a sus homólogos —entre ellos su actual secretario de Educación, Raúl Aarón Pozos Lanz— por prestarse al juego del Gobierno Federal de aprobar la reforma que permitiría la privatización de importantes áreas del sector energético.
Aún retumba el verbo de Sansores… La tecnología nos devuelve al tiempo vivido. “…Y por eso me recuerda a Saramago, y no más les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió, y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya, esta patria no les pertenece, porque no se la merecen y no me vengan aquí a persignarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! Insultos, patadas, puñaladas lo que le están dando a México. No tienen vergüenza”.
Esa es la versión estenográfica de las expresiones de Sansores, que hoy se le revierten con su pretensión de sepultar las aspiraciones de mejoría y seguridad de los transportistas, que la acusan de intentar ceder el transporte urbano al Grupo ADO, como pago de una cuota política por su compromiso contraído indudablemente durante su campaña en busca de la gubernatura.
La escaramuza en el Senado de la República brinda sentido al calificativo de inmoral, a esa pretensión de entregar a un grupo monopólico del transporte ese sector que han trabajado durante muchos años, sin recibir el reconocimiento debido. Hoy es peor porque resienten el embate de despojarlos de lo que con ahínco y disposición han trabajado.
Con la nueva ley se lesionará a decenas de choferes campechanos y sus familias, nos advierten. Pero no hay consideraciones. Durante la campaña se apalabró con directivos del ADO, que de triunfar, así sea con trampas, recibirían la bendición con las concesiones del transporte urbano. Y la promesa está cerca de cumplirse, por la traición de los legisladores morenistas.
Lo que padecen los transportistas es el mejor ejemplo de que los políticos, sobre todos los populistas de izquierda, están dispuestos a sacrificar a quien o quienes les obstaculicen el camino. Para ello, Sansores utiliza todos los medios a su disposición para despojarlos de las concesiones.
Y no ocurrirá si están unidos y dispuestos a defender lo que es suyo. La voluntad firme es obstáculo rocoso a la soberbia del político mentiroso y ramplón. Hasta ahora los transportistas han dado muestras de no estar dispuestos a permitir el despojo. De ellos dependerá lo que ocurra.
Es interesante el recordatorio de los transportistas a las expresiones de Layda Elena Sansores San Román vertidas hace meses en el Senado de la República.
¿Cómo atajará la versión? ¿Guardará silencio, o acudirá a quejarse ante algún Instituto Electoral por violencia de género, y pedirá que sus dichos sean bajados de las redes como medida cautelar para llevarlas al olvido e impedir que las reproduzcan? ¿Optará además por presentar demandas por daño moral solicitando medidas cautelares para que no la critiquen?
Esas son las vías que ha seguido, hasta ahora, aunque están también en operación sus sabuesos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana dando seguimiento a los pasos de sus detractores, críticos o periodistas, a los que intimida y atosiga a través de retenciones, multas y observaciones hasta por alguna confusión de tránsito.
De ese tamaño es la coerción de la Administración de Layda Elena Sansores San Román para contrarrestar a sus críticos. Golpes, amenazas, intrigas, intimidaciones, insultos, ofensas y demandas, en vez de razones.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico:
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